La persecución política desde el Congreso no es una anomalía reciente, pero el caso de Mirtha Vásquez revela con nitidez hasta qué punto una mayoría parlamentaria puede desnaturalizar los mecanismos constitucionales para despejar el camino electoral y neutralizar a figuras incómodas.
La expresidenta del Congreso enfrenta hoy un proceso acelerado de denuncia constitucional que busca inhabilitarla por diez años de la función pública, justo cuando ha sido presentada como candidata al Senado por el partido Ahora Nación, organización política vinculada al exrector de la UNI, Alfonso López Chau. La coincidencia temporal no es menor ni inocente.
La Comisión Permanente del Congreso, convocada por el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, debatirá el informe final de la denuncia constitucional 114, que acusa a Vásquez de presunta infracción constitucional y del delito de negociación incompatible por decisiones administrativas adoptadas en 2021, cuando ejercía la presidencia interina del Congreso.
Más allá del contenido específico del informe —que deberá ser evaluado con rigor jurídico— lo preocupante es el festín de celeridad con el que se reactiva un caso dormido durante años, justo cuando la investigada ingresa al escenario electoral. No se trata de una lucha genuina contra la corrupción, sino de una estrategia de eliminación política.
Esta mayoría congresal no persigue principios ni transparencia. Su objetivo es claro: limpiar el tablero electoral, eliminar cualquier atisbo de competencia real y neutralizar a quienes puedan convertirse en estorbo para sus intereses. El respeto al debido proceso, a la proporcionalidad de las sanciones o a la voluntad del electorado les importa poco o nada.
El patrón se repite: denuncias constitucionales utilizadas como garrote político, vacancias exprés, inhabilitaciones desproporcionadas y procedimientos que vulneran principios elementales de convivencia democrática. Todo ello se inserta en una lógica más amplia de degradación institucional, donde el Congreso actúa como poder destituyente y proscribente, no como órgano de control equilibrado.
La figura de la inhabilitación por diez años, aplicada sin sentencia judicial firme y en medio de un proceso acelerado, no busca sancionar una falta grave, sino sacar del juego político a una candidata incómoda. Se trata de una forma moderna de proscripción, legal en apariencia, pero profundamente ilegítima en su motivación.
Si este objetivo prospera, no será una victoria del derecho ni de la ética pública. Será la confirmación de que en el Perú la política ya no se decide en las urnas, sino en negociaciones parlamentarias al margen del espíritu constitucional y del respeto al electorado.
El caso de Mirtha Vásquez no es solo sobre una persona. Es una advertencia: hoy es ella, mañana cualquiera que desafíe al poder congresal. Cuando el Congreso abandona su rol de control y se convierte en tribunal político de conveniencia, la democracia deja de ser un sistema de reglas y pasa a ser un botín.
