La minería ilegal es uno de los problemas más graves que enfrenta el Perú. Solo en 2025 movilizó más de 11,500 millones de dólares, según el Instituto Peruano de Economía (IPE). Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) la identifica como una de las principales fuentes de lavado de activos.
A ello se suma su impacto ambiental, social y en la seguridad ciudadana. En ese contexto, y a una semana de las elecciones 2026, el tratamiento de la minería ilegal en el debate político cobra especial relevancia.
Es una actividad altamente atractiva para la política y para quienes buscan ostentar el poder”, advirtió César Ipenza, abogado del Observatorio de Minería Ilegal.
El último informe del Observatorio de Minería Ilegal (OMI) revela un panorama preocupante: solo una minoría de partidos (33%) presenta propuestas concretas para enfrentar este problema, mientras que otros se limitan a menciones generales o no lo abordan. Para Ipenza, esta situación evidencia una falta de comprensión del problema, donde muchos partidos políticos no entienden lo que representa la minería ilegal, que es hoy una de las principales economías ilícitas del país.
Además, advirtió que detrás de esta omisión también puede haber intereses políticos: “Buscan congraciarse con sectores vinculados a la minería ilegal, lo que resulta aún más grave”, resaltó.
El análisis titulado “La minería ilegal e informal en los planes de gobierno 2026-2031″, muestra que algunos partidos no incluyen propuestas relacionadas con la formalización minera ni con el REINFO. Entre ellos figuran Cooperación Popular, liderado por Yonhy Lescano; Obras, de Ricardo Belmont; y País para Todos, de Carlos Álvarez, cuyos planes no plantean medidas en esta materia.
En otros casos, las propuestas son limitadas o generales. Por ejemplo, Perú Libre presenta menciones genéricas sobre minería ilegal, mientras que Renovación Popular solo incluye una referencia en su plan resumido, donde plantea la compra de oro a mineros formalizados, sin desarrollar medidas en su plan de gobierno completo.
Para Manuel Zapata, subdirector de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS Perú), la falta de propuestas refleja una ausencia de responsabilidad frente a una problemática crítica.
“Hay un círculo criminal que se alimenta producto de los réditos de la minería ilegal. Existe una afectación a la salud pública, a los ecosistemas, a los ríos y a la economía, tanto a nivel local como nacional. A nivel local se generan microeconomías basadas en la ilegalidad, y a nivel macro se crean flujos ilícitos que se recirculan y terminan financiando el narcotráfico, las armas y grupos armados”.
Asimismo, Zapata advirtió que la minería ilegal no es solo un problema de seguridad ciudadana urbana, sino también impacta a la soberanía territorial, y señaló que en Iquitos se han encontrado banderas de otros países.
En esa línea, los efectos en la salud de la población ya comienzan a evidenciarse en las zonas más impactadas por esta actividad. De acuerdo con el estudio “Exposición al mercurio en comunidades indígenas de la cuenca del Nanay (Loreto, Perú)”, elaborado por el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), en colaboración con la Sociedad Zoológica de Frankfurt Perú (FZS Perú), se evaluó la exposición a mercurio en 284 peces (análisis de músculo) y 273 personas (análisis de cabello) en seis comunidades ribereñas: Mishana y Anguilla (bajo Nanay); Santa María de Nanay y Diamante Azul (alto Nanay); y San Juan de Raya y San Antonio, en el río Pintuyacu.
Los resultados evidencian una exposición generalizada en la población. Como señala el informe: “En todos los grupos etarios evaluados, las concentraciones de mercurio en cabello fueron superiores al umbral de referencia de la OMS de 2.2 mg/kg en la mayoría de los individuos, evidenciando una situación de exposición generalizada en la población. Esta situación es particularmente preocupante en los grupos más vulnerables, donde 45% de los niños y 37% de mujeres en edad reproductiva presentaron concentraciones asociadas a un riesgo alto para la salud”.
En ese sentido, el especialista advierte que, aunque las incidencias se sienten con mayor intensidad en zonas amazónicas, sus consecuencias alcanzan a todo el país y requieren mayor conciencia desde la clase política: “Esto es un problema que termina afectando a todo el Perú. En Lima no sentiremos directamente los efectos del mercurio producto de la minería ilegal, pero sí los de la inseguridad generada por los grupos criminales que se financian con estos recursos”.
El informe propone, entre otros puntos, diferenciar claramente a la pequeña minería y minería artesanal de las operaciones de mayor escala, fortalecer la rectoría del Ministerio de Energía y Minas en los procesos de formalización, impulsar el uso de tecnologías limpias para reducir el uso de mercurio y establecer sistemas de control más estrictos sobre la producción y comercialización de oro.
En esa línea, César Ipenza señala que el próximo gobierno debe priorizar un control efectivo de las plantas de beneficio, donde se procesa el oro de origen ilegal, así como implementar un sistema de interoperabilidad real entre las instituciones del Estado que permita articular la información y mejorar la fiscalización. Asimismo, advierte que el control del flujo de insumos —como explosivos, mercurio, cianuro y combustibles— será clave para frenar el avance de la minería ilegal, ya que sin estos no es posible sostener esta actividad.
A pocos días de que los ciudadanos emitan su voto, el avance de la minería ilegal y la falta de propuestas concretas en los planes de gobierno evidencian que este será uno de los principales retos del próximo gobierno. No solo por su impacto ambiental, sino también por sus implicancias económicas, sociales y en la seguridad del país. Por ello, el voto informado será clave para enfrentar este desafío.
