Tecnología

Corea del Sur no quiere que la IA de sus ciudadanos dependa de OpenAI o Google. Su solución: IA nacional y gratis para todos

Corea del Sur se ha encontrado ante una paradoja reveladora: sus ciudadanos han adoptado la inteligencia artificial con enorme entusiasmo, pero la inmensa mayoría de las herramientas que utilizan a diario pertenecen a empresas extranjeras. Los datos de uso son contundentes: en abril de 2026, ChatGPT contaba ya con 23,45 millones de usuarios activos en el país, Gemini con 8,45 millones y Claude con 2,41 millones. Ante esta realidad, el Gobierno surcoreano ha empezado a ver con creciente preocupación cómo algo que se está convirtiendo en un pilar esencial para el trabajo, el estudio y la vida cotidiana depende casi por completo de decisiones que se toman en Silicon Valley y en otras regiones lejanas. Su respuesta a este reto es la ambiciosa iniciativa conocida como “IA para todos”, diseñada para ofrecer a toda la población una inteligencia artificial de carácter nacional, de acceso gratuito y sin límites de uso.

 

Para las autoridades de Corea del Sur, la inteligencia artificial ha dejado de ser una novedad tecnológica para convertirse en una capacidad fundamental, al punto que el Ministerio de Ciencia y TIC la compara explícitamente con conocimientos básicos como el uso del alfabeto coreano o las operaciones aritméticas. Su visión es construir lo que llaman una “Sociedad de IA Universal”, en la que el nivel de ingresos, la edad o los conocimientos digitales de cada persona no determinen hasta dónde puede llegar aprovechando estas herramientas. La meta es que cualquiera pueda recurrir a la IA con la misma naturalidad con la que hoy se utiliza una calculadora: un recurso accesible, familiar y al alcance de todos sin barreras.

 

Cuando hablan de acceso gratuito, lo hacen en un sentido estricto: no se trata de versiones gratuitas con límites diarios o funciones restringidas, sino de ofrecer un chatbot de propósito general sin coste y sin límites de uso para la población. El proyecto se puso en marcha en julio y ya se han seleccionado los actores principales: tres consorcios liderados por SK Telecom, Kakao y KT, que trabajarán en una fase de prueba y deberán tener sus servicios disponibles para el público general antes de que finalice el año 2026. A partir de 2027, el Estado comenzará a asumir los costes operativos del sistema para garantizar que este acceso gratuito se mantenga en el tiempo.

 

Pero el proyecto va mucho más allá de simplemente poner una herramienta al alcance de la gente: su objetivo estratégico es también recuperar y mantener el control sobre una tecnología que consideran vital. Por eso establece requisitos muy claros sobre dónde funcionará realmente esa inteligencia artificial: al menos el cincuenta por ciento del servicio debe ejecutarse sobre modelos fundacionales soberanos desarrollados en Corea del Sur que cumplan los estándares nacionales. Además, otro treinta por ciento como mínimo debe provenir de modelos coreanos creados por empresas distintas a las que prestan el servicio final. Los modelos extranjeros podrán utilizarse solo cuando sea estrictamente necesario, y en esos casos el Gobierno no aportará ninguna subvención. Se trata, en definitiva, de democratizar el acceso a la tecnología creando al mismo tiempo una alternativa propia que evite quedar a merced de cambios en las políticas, precios o disponibilidad de empresas extranjeras como OpenAI, Google o Anthropic, un objetivo que reconocen que no será nada fácil de lograr.

 

La razón de este enfoque responde a un temor muy concreto y compartido por gobiernos de todo el mundo: la dependencia estratégica de una infraestructura que cada vez resulta más indispensable. Las autoridades surcoreanas señalan como ejemplo las versiones gratuitas actuales de herramientas internacionales, que pueden cambiar sus límites de uso, aumentar el precio de las suscripciones o incluso dejar de estar disponibles sin previo aviso. Si dentro de unos años disponer de inteligencia artificial será tan necesario para trabajar y estudiar como hoy lo es tener conexión a internet, dejar ese acceso esencial en manos de un reducido grupo de empresas ajenas introduce riesgos no solo económicos, sino también tecnológicos y de soberanía.

 

Para que todo esto sea posible no basta con crear modelos: hay que mantenerlos funcionando cuando decenas de millones de personas los utilicen. Y ese es un reto inmenso, porque atender todas esas consultas exige una enorme capacidad de procesamiento y unos costes operativos muy elevados. Por eso el Estado surcoreano interviene también aquí: ha entregado a los tres consorcios seleccionados un total de 512 tarjetas gráficas NVIDIA B200 para ayudarles a poner en marcha su infraestructura. A partir de 2027, los presupuestos públicos cubrirán también parte de los gastos continuos necesarios para prestar el servicio a toda la población. Con esto el Gobierno deja claro que su compromiso no se limita a fomentar que se creen modelos propios, sino que asume también el coste de mantenerlos funcionando para que el acceso sea real y gratuito.

 

Las propuestas que están desarrollando van mucho más allá de crear simplemente “una versión coreana de ChatGPT”. SK Telecom, por ejemplo, trabaja en un sistema de agentes inteligentes capaces no solo de responder preguntas sino de planificar y llevar a cabo tareas por indicación de los usuarios, diseñado para poder utilizarse no solo desde aplicaciones y sitios web, sino también por teléfono y mediante mensajes de texto. Esta variedad de canales responde a uno de los objetivos más importantes del proyecto: llegar también a las personas mayores y a quienes tienen menos conocimientos tecnológicos, grupos que suelen quedar rezagados cuando aparecen nuevas herramientas digitales. Por su parte, Kakao integrará sus servicios de inteligencia artificial dentro de su popular plataforma de mensajería, y KT los incorporará al buscador Daum, a su servicio de televisión por internet y a otras plataformas ya conocidas y utilizadas por la población.

 

Otra de las grandes metas es simplificar la relación entre los ciudadanos y la administración pública. La idea es que estos sistemas de inteligencia artificial puedan identificar automáticamente qué ayudas, prestaciones o servicios puede solicitar cada persona, informarle de ello y incluso tramitar las solicitudes en su nombre. Las aplicaciones previstas abarcan desde reservas y pagos hasta gestiones relacionadas con la educación, la vivienda, la salud, las finanzas o los impuestos, una línea de trabajo que también han comenzado a explorar otros países como España. La visión a medio plazo es aún más ambiciosa: a partir de 2027 pretenden evolucionar estos servicios hasta crear lo que llaman “un agente de inteligencia artificial para cada ciudadano”, una herramienta personalizada que no solo responda dudas sino que pueda actuar en representación de cada persona. Como ha explicado el ministro Bae Kyung-hoon, se busca también con todo esto consolidar un mercado propio para las empresas tecnológicas nacionales y lograr que estos servicios se integren de forma natural en la vida cotidiana.

 

A pesar de todo el interés y la solidez de los planteamientos, el proyecto enfrenta obstáculos enormes. Para empezar, aunque las 512 tarjetas gráficas entregadas son un buen punto de partida, parecen insuficientes para dar servicio a los cerca de 52 millones de habitantes del país, por lo que se requerirá una ampliación importante de la infraestructura. Esto a su vez plantea retos adicionales relacionados con el consumo de energía y agua que necesitan los grandes centros de datos. Y por encima de todo está el desafío tecnológico más difícil: conseguir desarrollar modelos nacionales que estén realmente a la altura de las mejores alternativas internacionales, algo que requiere tiempo, inversión masiva y avances científicos que no están garantizados. Crear inteligencia artificial capaz de competir con lo que hacen las empresas líderes mundiales sigue siendo uno de los retos más difíciles de la tecnología actual, y construir y mantener una infraestructura pública de este tipo para todos los ciudadanos resulta extraordinariamente costoso. Como reconocen incluso quienes ven el proyecto con buenos ojos, es una iniciativa magnífica en su planteamiento, pero que tendrá que superar pruebas muy duras para pasar de ser una idea brillante a una realidad que funcione cada día para millones de personas.

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