Se acabó la tranquilidad para miles de usuarios que disfrutaban de fútbol, estrenos y contenido audiovisual por precios muy bajos: la red ilegal Cinemagoal ha sido desmantelada por las autoridades italianas, y lo que antes parecía una ventaja —acceder a todo por apenas 40 euros anuales sin que nadie los rastreara— ahora se ha convertido en un riesgo grave. Gracias a la operación llamada Tutto Chiaro, la Guardia di Finanza ha eliminado toda la infraestructura tecnológica del servicio, realizando más de un centenar de registros en el país e incautando servidores clave que estaban ubicados en Francia y Alemania. Lo más sorprendente y preocupante es que la persecución no se ha quedado solo en los responsables: las autoridades están identificando a todos los suscriptores, quienes ya están recibiendo multas que van desde los 154 hasta los 5.000 euros.
Italia se ha convertido en uno de los países más estrictos en contra de la distribución de contenido sin licencia, y su estrategia va más allá de cerrar las plataformas: apunta directamente a quienes usan estos servicios, algo que incluso ha llevado a plantear condenas de prisión en años anteriores. En España, aunque no se han llegado a medidas tan drásticas, LaLiga ha seguido este mismo camino con el bloqueo masivo de direcciones IP, una acción que en ocasiones ha afectado también a empresas y servicios legítimos que no tienen ninguna relación con la distribución ilegal.
El funcionamiento de Cinemagoal era muy sofisticado y difícil de detectar. A diferencia de otros sistemas que usaban la tecnología IPTV, esta red se basaba en máquinas virtuales que funcionaban las 24 horas del día: mantenían abiertas sesiones en plataformas legales como Netflix, DAZN, Sky, Disney+ o Spotify, pero usando suscripciones registradas con identidades falsas. Cada tres minutos, estas máquinas extraían las claves o permisos de autorización de los servicios oficiales y las enviaban en tiempo real a la aplicación que tenían instalada los usuarios. De esta forma, el vídeo se descargaba directamente de los servidores legítimos, lo que hacía que herramientas como la plataforma italiana contra la piratería, Piracy Shield, no pudieran detectar ni rastrear a quienes usaban el servicio. El precio anual oscilaba entre los 40 y los 130 euros, y se distribuía por más de 70 revendedores en el país, que cobraban preferiblemente en criptomonedas o mediante cuentas en el extranjero para evitar cualquier tipo de control.
