Han pasado meses desde que Kristil Krug, una mujer casada y madre de tres hijos residente en el estado estadounidense de Colorado, comenzó a recibir mensajes, y el acoso surgió de forma repentina en otoño de 2023, cuando un hombre que se hacía pasar por su exnovio comenzó a enviarle mensajes de texto y correos electrónicos cada vez más amenazantes. Ante esta situación, la mujer acudió a la policía en busca de ayuda, y el detective asignado al caso envió órdenes judiciales a empresas como Google y operadores de telefonía para conocer la identidad del agresor, pero pasaron semanas sin recibir respuestas ni obtener indicios sobre quién estaba detrás de los mensajes, por lo que Krug vivió sumida en el miedo y en constante estado de alerta. Finalmente, en diciembre de ese año, al regresar a su casa y estacionar en el garaje, fue atacada por la espalda por su agresor, quien la golpeó mortalmente en la cabeza y la apuñaló en el corazón; el hecho se conoció cuando su marido la llamó para comprobar que todo estuviera bien y encontró su cadáver, y posteriormente Daniel Krug, esposo de la víctima, fue condenado a cadena perpetua en abril tras ser declarado culpable de acoso, asesinato y suplantación de identidad
Su familia asistió consternada al juicio, ya que se dio cuenta de que las empresas tecnológicas podrían haber revelado la identidad del acosador mucho antes, hecho que habría permitido a Kristil preparar un plan de seguridad y evitar su muerte, razón por la cual sus seres queridos, encabezados por su prima Rebecca Ivanoff, exfiscal especializada en violencia doméstica, comenzaron a trabajar para cambiar la ley y crear protocolos que obligaran a estas compañías a responder con mayor rapidez ante las solicitudes de las autoridades en casos de acoso y violencia doméstica, propuesta que fue considerada obvia y necesaria por todos a quienes se presentaron, incluidas autoridades policiales y legisladores. Así, el 1 de mayo, el estado de Oregón se convirtió en el primero en aprobar la Ley Kristil, una norma que establece que las empresas de redes sociales deben responder en un plazo de 72 horas y las de telecomunicaciones en cinco días ante las órdenes judiciales, medida que antes no existía y que no contaba con plazos ni consecuencias por incumplimiento. Aunque la familia de la víctima celebra la aprobación de esta ley, espera que se extienda pronto a otros estados, al ámbito federal e incluso a nivel internacional, ya que los problemas que aborda esta normativa tienen una gran importancia a escala mundial, tal como lo señalan expertos que destacan que estas medidas son fundamentales para proteger a las personas y evitar que más familias sufran tragedias similares.
