Las recientes declaraciones de Aníbal Quiroga sobre la inviabilidad de realizar elecciones complementarias en Lima sin afectar la segunda vuelta ponen en evidencia un problema que va mucho más allá de lo logístico: la profunda crisis de confianza en el sistema electoral.
Es cierto que las fallas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales han sido graves. Retrasos, desorden y cuestionamientos en la gestión del proceso han debilitado la percepción de transparencia. Sin embargo, reducir toda la crisis a errores operativos sería una simplificación peligrosa.
El verdadero problema parece estar en una ingeniería política construida durante años.
Diversos actores políticos, especialmente desde el Congreso, han venido modificando las reglas del juego electoral según sus propios intereses. La eliminación o debilitamiento de mecanismos como las elecciones primarias, así como el desconocimiento de reformas impulsadas por consulta popular —como la bicameralidad—, no fueron decisiones aisladas. Formaron parte de una estrategia que terminó configurando un escenario altamente fragmentado y funcional para ciertos grupos.
En ese contexto, no resulta casual que candidatos con porcentajes reducidos —10% o 15%— logren pasar a una segunda vuelta. La dispersión no es un accidente: es el resultado de reglas diseñadas para favorecer ese desenlace.
Hoy, cuando algunos sectores presionan al Jurado Nacional de Elecciones para deslegitimar el proceso o impulsar medidas excepcionales, lo hacen también impulsados por el temor a que se repitan escenarios políticos anteriores, como el que llevó al poder a Pedro Castillo. Ese miedo se ha convertido en un factor de presión que distorsiona aún más el debate público.
En este escenario, hablar de “fraude” únicamente por errores logísticos resulta insuficiente. Si existe una distorsión del proceso electoral, esta no se encuentra únicamente en las fallas visibles del día de la votación, sino en la construcción previa de un sistema que favorece ciertos resultados.
Las deficiencias de la ONPE pueden ser la “cereza del pastel”, pero el problema de fondo está en cómo se ha diseñado ese pastel.
La renuncia de Piero Corvetto, lejos de cerrar la crisis, confirma el nivel de deterioro institucional. Que la salida de una autoridad sea vista como una solución evidencia que el problema ya no es solo técnico, sino estructural.
El país enfrenta así un momento delicado: un proceso electoral cuestionado en su ejecución, pero también en su origen. Pretender resolverlo únicamente con medidas de último minuto —como elecciones complementarias inviables— no hará más que profundizar la incertidumbre.
La verdadera discusión pendiente es otra: cómo reconstruir reglas de juego legítimas, estables y respetadas por todos. Sin ello, cualquier elección, por más ordenada que parezca, seguirá cargando dudas sobre su legitimidad.
