Con la asunción del actual fiscal supremo a la Fiscalía de la Nación, Tomás Gálvez el proceso de copamiento del Ministerio Público se ha acelerado de manera evidente. Ya no hay disimulo ni pausas. Hay prisa. Y la prisa tiene una razón clara: el cambio de gobierno se acerca y no necesariamente será del agrado de la coalición que hoy controla el poder real.
Por eso deben cerrar el cerco ahora.
Por eso avanzan sin miramientos.
La destitución de Delia Espinoza, precedida por la no ratificación de Pablo Sánchez, y antes por la desactivación de las fiscalías especiales anticorrupción lideradas por José Domingo Pérez y Rafael Vela, no son hechos aislados. Son piezas de una misma estrategia.
Una estrategia de limpieza institucional al revés:
salen los independientes, se quedan los funcionales.
La radiografía es clara
Mientras fiscales incómodos son destituidos, sancionados o no ratificados, otros magistrados abiertamente cuestionados, con conductas vinculadas a la corrupción ampliamente documentadas, permanecen intocados. Algunos incluso ocupan cargos clave, sentados con soberbia, como si fueran referentes morales del sistema de justicia.
La señal es brutalmente clara:
la autonomía se castiga,
la obediencia se premia.
El Ministerio Público está siendo rediseñado para servir no a la legalidad, sino a una coalición política que gobierna sin haber sido elegida y que busca perpetuarse, sea por las buenas o por las malas.
La JNJ como brazo ejecutor
La Junta Nacional de Justicia ha sido el instrumento central de esta operación. Ya no actúa como órgano autónomo, sino como ejecutor disciplinario.
El caso de Delia Espinoza es particularmente grave: la presidenta de la JNJ instruyó el proceso, impulsó la acusación y participó activamente en el juicio disciplinario. Juez y parte. Un atropello al debido proceso que, en otro contexto, habría generado una crisis institucional inmediata.
Pero hoy no pasa nada.
Porque el objetivo es otro.
El silencio político y la ciudadanía paralizada
Frente a este desmantelamiento, los partidos políticos callan.
Los candidatos guardan silencio.
No fijan posición.
No dicen qué harán si llegan al gobierno.
La política, que debería ser la voz de la ciudadanía, ha renunciado a su responsabilidad histórica.
Y la sociedad, golpeada por años de criminalización de la protesta, persecución de dirigentes sociales —especialmente jóvenes— y represión normalizada durante el gobierno anterior, ya no reacciona. La indignación ha sido sustituida por una quietud peligrosa: la resignación silenciosa.
¿Qué nos pasó como país?
La pregunta es inevitable:
¿qué pasó con la capacidad de indignación de los peruanos?
¿por qué toleramos tanto?
¿por qué permitimos que se burlen así de la institucionalidad?
Han perdido el decoro.
Han perdido el respeto por la opinión pública.
Están haciendo lo que quieren con las instituciones del Estado.
Y ese camino no conduce a una democracia debilitada, sino a un régimen autoritario de largo aliento, blindado por fiscales obedientes y jueces alineados.
Advertencia final
Todavía hay algunas islas de resistencia institucional.
Pero cada día son menos.
Si no reaccionamos ahora,
si aceptamos la normalización del abuso,
si seguimos mirando hacia otro lado,
mañana será demasiado tarde.
Reaccionemos, peruanos.
La historia no absuelve a los que callan.
