La periodista Claudia Cisneros rechazó públicamente la denuncia de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público presentada en su contra y afirmó que no permitirá que se criminalice su actividad periodística, política o ciudadana. A través de un comunicado difundido en redes sociales, aseguró que siempre ha actuado dentro del marco legal y en ejercicio de derechos amparados por la Constitución.

La comunicadora forma parte del grupo de ciudadanos denunciados por la Procuraduría debido a sus pronunciamientos relacionados con las movilizaciones convocadas tras la segunda vuelta electoral. Entre los señalados también figuran dirigentes políticos, activistas y otras personalidades que expresaron su respaldo a las protestas impulsadas por sectores vinculados a Juntos por el Perú.

En su pronunciamiento, Cisneros sostuvo que expresar opiniones políticas, cuestionar a las autoridades, advertir sobre riesgos para la democracia o respaldar manifestaciones pacíficas no constituye un delito. Por el contrario, remarcó que se trata de derechos fundamentales reconocidos por la legislación peruana y los estándares internacionales de derechos humanos.

La periodista también manifestó su preocupación por el hecho de que una institución del Estado impulse acciones penales contra ciudadanos por sus opiniones.

Claudia Cisneros acusa intento de intimidar a voces críticas

En el comunicado, Cisneros afirmó que la denuncia representa un intento de intimidación contra quienes mantienen posiciones críticas frente al poder. A su juicio, investigar a ciudadanos por expresar opiniones o respaldar acciones democráticas y pacíficas no responde a la defensa del orden público, sino a una práctica que busca restringir el disenso.

Asimismo, rechazó la interpretación realizada sobre sus declaraciones públicas. Explicó que sus comentarios formaron parte de análisis políticos sobre posibles escenarios frente a la crisis de confianza que atraviesa el país y que utilizó recursos retóricos para describir eventuales reacciones ciudadanas.

«Presentar ese tipo de opiniones o análisis como si constituyeran instrucciones, incitaciones o llamados a la violencia supone una interpretación forzada», señaló en el documento. También sostuvo que esa lectura desconoce el contexto de sus palabras y las garantías constitucionales que protegen la libertad de expresión.

Fuente: La República