Blindaje y mano dura. El Congreso impulsa normas que protegen a policías y militares mientras prepara un escenario de mayor represión ante un eventual gobierno naranja
Este 12 de junio, el Congreso aprobó una nueva ley procrimen —y prorepresión—. Con votos del fujimorismo y sus satélites, el Parlamento dio el primer ‘check’ para aprobar una norma que establece que, si un efectivo policial o militar enfrenta un proceso en el fuero militar-policial, ningún fiscal ni juez ordinario podrá abrirle otro proceso paralelo por los mismos hechos.
Pese a que esta sesión debía ser la última de este Parlamento, los congresistas decidieron ampliar el periodo legislativo hasta el 24 de junio. A todas luces, esto tiene como objetivo aprobar en segunda votación esta ley
La realidad muestra un escenario claro: esta norma forma parte de una tendencia legislativa impulsada por sectores del Congreso que buscan ampliar las protecciones legales para policías y militares frente a investigaciones derivadas del uso de la fuerza. El accionar es sistemático: esta iniciativa no es la única que sigue esta línea.
Ante el eventual nuevo gobierno de Keiko Fujimori, la situación escalaría hacia manifestaciones en su contra. Fuerza Popular llega al poder sin superar el 50% de los votos a nivel nacional. De acuerdo con una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Fujimori cuenta con un rechazo del 37%. Esto, sumado a un escenario de alta polarización, podría convertirse en un caldo de cultivo para que las protestas ciudadanas formen parte de los primeros años de un nuevo gobierno fujimorista. Con las leyes de por medio, la reacción podría agudizar la situación política y social del país.
Un antecedente más de por medio
Antes de que se aprobara en primera votación el proyecto que plantea que los policías sean juzgados fuera de los juzgados comunes, la Ley 32181 ya era una realidad.
Aprobada a finales de 2024 bajo el argumento de que “refuerza la presunción de inocencia”, la ley establece que los policías que, durante una intervención realizada en cumplimiento de sus funciones, utilicen sus armas o medios de defensa de manera considerada reglamentaria y causen lesiones o la muerte de una persona no podrán ser sometidos a detención preliminar ni a prisión preventiva mientras son investigados.
En otras palabras, si un efectivo policial es denunciado por hechos ocurridos durante una operación o intervención, fiscales y jueces ya no podrán ordenar estas medidas de privación de libertad antes de que exista una sentencia.
Lo que todavía queda en el tintero
Pero incluso frente a los delitos cometidos y la represión ejercida, el fujimorismo ha mostrado acciones orientadas a proteger a los hombres de armas. En la Comisión de Justicia y Derechos Humanos permanece el Proyecto de Ley 13084, con firmas de Rosangella Barbarán, Martha Moyano, Alejandro Aguinaga y Fernando Rospigliosi, entre otros miembros de la bancada naranja. La iniciativa busca eximir de responsabilidades penales a los miembros de las FF. AA. o de la PNP que hayan causado lesiones o muertes de ciudadanos, siempre que se pruebe que actuaban en funciones.
