El reciente pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas respecto al expresidente Pedro Castillo ha reabierto uno de los debates más sensibles de la política peruana. Mientras unos celebran el informe como la confirmación de una persecución política, otros lo rechazan por considerar que desconoce la gravedad de los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022.
Sin embargo, quizás el verdadero valor de este informe no radique en determinar quién tiene la razón política, sino en ofrecer al Perú la posibilidad de reflexionar sobre la calidad de su sistema de justicia y sobre la urgente necesidad de reconciliarse consigo mismo.
El Grupo de Trabajo de la ONU concluye que la privación de libertad de Pedro Castillo presenta elementos de arbitrariedad y recomienda al Estado peruano revisar su situación, garantizar el respeto del debido proceso y adoptar las medidas que correspondan conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Este pronunciamiento no constituye una sentencia obligatoria ni ordena automáticamente la liberación del expresidente. Tampoco reemplaza las decisiones del Poder Judicial peruano. Pero sí representa una llamada de atención que un Estado democrático no debería ignorar.
La fortaleza de una democracia no se mide únicamente por su capacidad para sancionar a quienes infringen la ley, sino también por su disposición a respetar escrupulosamente los derechos de las personas sometidas a investigación, incluso cuando se trata de quienes generan mayor rechazo político. Precisamente en esos casos es cuando el Estado de derecho demuestra su verdadera fortaleza.
Lamentablemente, el Perú ha desarrollado una preocupante costumbre: interpretar la justicia según las conveniencias ideológicas del momento. Cuando un organismo internacional cuestiona una decisión que afecta a un dirigente de izquierda, sectores de la derecha desacreditan inmediatamente al organismo. Pero cuando esos mismos organismos cuestionan a gobiernos o líderes conservadores, ocurre exactamente lo contrario: quienes antes defendían esos pronunciamientos ahora los desconocen.
La izquierda tampoco ha estado libre de esa contradicción. En numerosas ocasiones ha defendido con firmeza los informes internacionales cuando beneficiaban a sus líderes o respaldaban sus denuncias, pero ha relativizado su importancia cuando cuestionaban a gobiernos o dirigentes de su propio espacio político.
Esta doble moral ha debilitado gravemente la confianza ciudadana en la justicia. El problema no es si el beneficiado es Pedro Castillo, Keiko Fujimori, Alberto Fujimori, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra o cualquier otro actor político. El verdadero problema aparece cuando los principios dejan de ser universales y pasan a depender de quién ocupa el banquillo de los acusados.
La justicia no puede tener color político. No puede ser de izquierda cuando favorece a unos y de derecha cuando favorece a otros. Si el debido proceso constituye un derecho fundamental, debe proteger por igual a todos los ciudadanos. Del mismo modo, si existen responsabilidades penales, estas deben establecerse mediante procesos imparciales, con pruebas suficientes y con absoluto respeto de las garantías constitucionales.
El Perú necesita abandonar la lógica de vencedores y vencidos que ha marcado la vida política durante las últimas décadas. Ningún país puede construir estabilidad cuando cada elección divide nuevamente a la sociedad entre enemigos irreconciliables. La democracia exige competencia política, pero también exige instituciones confiables que inspiren respeto tanto a quienes ganan como a quienes pierden.
El informe de las Naciones Unidas puede convertirse en una oportunidad para fortalecer nuestras instituciones. El Estado peruano debe analizar técnicamente las recomendaciones, responder con argumentos jurídicos y garantizar que cualquier decisión sea adoptada por jueces independientes, libres de presiones políticas y mediáticas. Esa es la respuesta que corresponde a una democracia madura.
La reconciliación nacional no significa impunidad. Tampoco significa renunciar a investigar los hechos ocurridos durante el gobierno de Pedro Castillo. Significa algo mucho más profundo: reconocer que el respeto a los derechos fundamentales no depende de las simpatías políticas de cada ciudadano.
Solo cuando el Perú sea capaz de aplicar la misma vara para todos, sin excepciones ni privilegios, podrá comenzar a cerrar las heridas que hoy dividen a la sociedad. La justicia debe dejar de ser un campo de batalla ideológico para convertirse nuevamente en el pilar sobre el cual descansa la democracia.
Quizá esa sea la enseñanza más importante del informe de la ONU. Más allá de Pedro Castillo, el verdadero juicio que enfrenta el Perú es el de su propia capacidad para construir un Estado donde la ley sea igual para todos y donde la reconciliación nazca del respeto irrestricto a la justicia.
