La inseguridad ciudadana ha dejado de ser un problema exclusivamente policial para convertirse en la principal amenaza contra la estabilidad económica, social e institucional de América Latina. Países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, México y varias naciones de Centroamérica enfrentan hoy un fenómeno que hace apenas una década parecía controlable: el crecimiento acelerado del crimen organizado, el sicariato, la extorsión y el control territorial de bandas criminales.
Cada país tiene sus particularidades, pero todos comparten un mismo denominador común: la sensación de impunidad.
Cuando el delincuente percibe que las probabilidades de ser capturado son bajas, que los procesos judiciales son lentos, que las condenas no siempre se cumplen o que incluso existen redes de corrupción dentro de las instituciones encargadas de combatir el delito, el crimen deja de ser una actividad de alto riesgo y se convierte en un negocio rentable.
El Perú vive hoy esa peligrosa realidad.
Las declaraciones del dirigente de los transportistas de Lima Sur, Julio Bretoneche, reflejan el drama cotidiano de miles de empresarios y trabajadores. Según sus propias palabras, prácticamente todas las empresas de transporte continúan pagando extorsiones; muchas no pagan a una sola organización criminal, sino a tres, cuatro o incluso más bandas simultáneamente. Es decir, el Estado ha dejado de ser, en algunos espacios, el principal garante de la seguridad, mientras que las organizaciones criminales han impuesto un sistema paralelo de «tributación» basado en el miedo.
Las cifras son estremecedoras. Más de doscientos atentados contra el transporte público en menos de dos años, más de ciento cincuenta personas asesinadas y cientos de heridos revelan que la violencia ha alcanzado niveles incompatibles con una sociedad que aspira al desarrollo.
Pero sería un error pensar que esta crisis comenzó ayer.
La expansión de la criminalidad es el resultado de varios años de inestabilidad política, de la ausencia de una política de Estado sostenida y de la permanente rotación de autoridades responsables de la seguridad. Desde el año 2021, el Ministerio del Interior ha tenido un número inusualmente alto de ministros. Cada cambio significó nuevos planes, nuevas prioridades y, en muchos casos, la interrupción de estrategias que ni siquiera habían tenido tiempo para consolidarse.
Sin embargo, sería simplista atribuir toda la responsabilidad únicamente a la inestabilidad política.
También debemos preguntarnos hasta qué punto las organizaciones criminales han logrado infiltrarse en algunas instituciones del Estado. La experiencia latinoamericana demuestra que el crimen organizado busca permanentemente corromper policías, fiscales, funcionarios penitenciarios, autoridades municipales e incluso operadores del sistema financiero para garantizar su supervivencia.
Negar esa posibilidad sería cerrar los ojos ante una realidad que otros países ya han sufrido con consecuencias devastadoras.
El nuevo gobierno tiene ahora una enorme responsabilidad.
La ciudadanía no espera discursos grandilocuentes ni declaraciones de guerra contra la delincuencia. Lo que espera son resultados.
Y esos resultados deben comenzar por recuperar la autoridad del Estado.
Es indispensable fortalecer la inteligencia policial, profesionalizar la investigación criminal, depurar cualquier elemento comprometido con organizaciones ilícitas dentro de la Policía Nacional y del sistema penitenciario, proteger eficazmente a fiscales y jueces que enfrentan a estas mafias y modernizar la capacidad tecnológica para seguir el dinero que alimenta las redes de extorsión y sicariato.
Pero ninguna estrategia será suficiente si el llamado «síndrome de la impunidad» continúa vigente.
La delincuencia debe comprender que el delito tiene consecuencias rápidas y efectivas. La captura debe conducir a investigaciones sólidas; las investigaciones, a procesos judiciales céleres; y estos, cuando corresponda, a condenas firmes dentro del marco del Estado de derecho.
No se trata de sacrificar los derechos humanos ni de debilitar las garantías constitucionales. Al contrario, una democracia fuerte demuestra su fortaleza cuando combate el crimen respetando la ley, pero con eficacia. La firmeza y el respeto al debido proceso no son conceptos opuestos; deben caminar juntos.
Los peruanos, por nuestra propia idiosincrasia, solemos responder positivamente cuando el Estado transmite orden, autoridad y resultados concretos. Cuando la ciudadanía observa que la ley se cumple para todos, recupera la confianza en sus instituciones y vuelve a colaborar con ellas. Esa confianza es uno de los activos más importantes en la lucha contra el crimen.
La experiencia internacional demuestra que derrotar al crimen organizado requiere continuidad. Colombia, Ecuador, Chile y otros países de la región han aprendido, con distintos resultados, que no existen soluciones mágicas ni victorias inmediatas. Solo las políticas sostenidas durante varios años producen cambios estructurales.
El Perú todavía está a tiempo de evitar que la extorsión y el sicariato se conviertan en fenómenos completamente normalizados. Pero el tiempo se agota.
El verdadero desafío para el próximo gobierno será demostrar, desde sus primeros meses de gestión, que el Estado puede recuperar las calles, proteger a los ciudadanos y devolver la tranquilidad a quienes hoy trabajan bajo la amenaza permanente de las organizaciones criminales.
La seguridad no puede seguir siendo una promesa de campaña. Debe convertirse en la primera política de Estado. Porque sin seguridad no hay inversión; sin inversión no hay empleo; y sin empleo no hay desarrollo. Recuperar la paz ciudadana no es solo una obligación del gobierno: es la condición indispensable para que el Perú pueda construir un futuro con esperanza y confianza.
