Ecuador y el peligro de convertir el odio político en una política de Estado
Hay algo mucho más grave que la caída de un político, la derrota de un partido o incluso el encarcelamiento de un antiguo hombre de poder.
Lo verdaderamente peligroso para una democracia ocurre cuando la revancha política comienza a confundirse con justicia, cuando el adversario deja de ser un ciudadano con derechos y pasa a ser considerado un enemigo que debe ser destruido.
Ecuador ofrece hoy una de las expresiones más preocupantes de ese fenómeno.
La historia reciente del país parece haberse convertido en una sucesión interminable de venganzas políticas. Rafael Correa llegó al poder, construyó una década de enorme influencia política y dejó tras de sí admiradores y detractores. Después vino Lenín Moreno, quien llegó a la Presidencia bajo el paraguas político del correísmo y terminó enfrentándose frontalmente con quien había sido su principal impulsor.
Y desde entonces, la política ecuatoriana parece haber quedado atrapada en una guerra de unos contra otros.
La reciente detención de José Serrano, antiguo ministro del Interior de Correa y posteriormente uno de los dirigentes que se distanció del expresidente, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿dónde termina la justicia y dónde comienza la utilización política de las instituciones?
Serrano enfrenta acusaciones gravísimas por el asesinato de Fernando Villavicencio. La Fiscalía ecuatoriana lo señala, junto con otras personas, como presunto autor intelectual del crimen. Eso debe investigarse y, si existen pruebas suficientes, corresponde que responda ante la justicia.
Pero una democracia no puede permitir que la gravedad de una acusación sea utilizada para eliminar una pregunta todavía más importante:
¿Las instituciones están actuando con independencia o están siendo arrastradas por la confrontación política?
La pregunta no implica declarar inocente a Serrano. Tampoco significa convertir a Correa en víctima automática ni desconocer las acusaciones existentes contra antiguos funcionarios de su gobierno.
Significa algo mucho más elemental:
la justicia debe demostrar su independencia precisamente cuando juzga a quienes son políticamente impopulares.
Porque cuando la justicia funciona bien, protege incluso a quien la mayoría detesta.
Cuando funciona mal, solamente protege a quienes tienen poder.
DEL ADVERSARIO POLÍTICO AL ENEMIGO
El problema de Ecuador no comenzó con José Serrano.
Viene de mucho antes.
Durante años se ha construido una cultura política basada en la demonización del adversario. El correísmo convirtió a buena parte de sus opositores en enemigos de la revolución. Sus adversarios, a su vez, terminaron convirtiendo al correísmo en la explicación de casi todos los males del Ecuador.
El resultado es devastador.
Ya no se discuten solamente políticas públicas, modelos económicos o proyectos de país.
Se discute quién debe desaparecer de la vida política.
Y cuando una sociedad llega a ese punto, la política deja de ser un mecanismo para resolver diferencias y comienza a convertirse en una maquinaria de destrucción del contrario.
La consecuencia es inevitable: cada cambio de gobierno puede convertirse en el comienzo de una nueva persecución.
Hoy persigues al que gobernó ayer.
Mañana el que gobierne después podrá perseguirte a ti.
Y así comienza un círculo vicioso en el que nadie confía en las instituciones porque todos saben que, tarde o temprano, podrían ser utilizadas contra ellos.
LA TRAICIÓN COMO SÍMBOLO DE LA POLÍTICA ECUATORIANA
Hay una dimensión particularmente dramática en la historia ecuatoriana.
Lenín Moreno llegó a la Presidencia en 2017 como candidato de Alianza País, el movimiento político creado alrededor de Rafael Correa. Después rompió con su antecesor y comenzó un proceso de desmontaje político del correísmo.
José Serrano también terminó alejándose de Correa y apoyando a Moreno.
El propio Correa llegó a calificar a Serrano como uno de los grandes «traidores» de la Revolución Ciudadana.
Pero hoy ocurre algo paradójico.
El mismo Correa que políticamente rompió con Serrano cuestiona su procesamiento y califica lo ocurrido como una «canallada».
La paradoja revela algo fundamental:
en una democracia seria, los derechos no pueden depender de que uno considere amigo o enemigo al acusado.
Si una persona es culpable, debe ser condenada por las pruebas.
Si es inocente, debe ser absuelta.
Lo contrario significa que la justicia deja de tener como centro la verdad y comienza a tener como centro la conveniencia política.
EL ODIO TAMBIÉN PUEDE CONSTRUIR UNA FALSA INSTITUCIONALIDAD
Aquí aparece el problema más profundo.
Una democracia no se destruye únicamente mediante un golpe de Estado.
También puede deteriorarse lentamente mientras mantiene todas sus apariencias externas.
Puede haber elecciones.
Puede existir Congreso.
Puede funcionar una Fiscalía.
Puede haber jueces.
Puede existir una Constitución.
Puede haber discursos sobre institucionalidad.
Y, sin embargo, la democracia puede estar vaciándose por dentro.
Porque las instituciones no son democráticas solamente porque existan.
Son democráticas cuando son independientes.
Cuando aplican las mismas reglas al amigo y al enemigo.
Cuando un gobierno no puede ordenar indirectamente qué debe investigar un fiscal.
Cuando un juez no tiene que mirar primero quién es el acusado antes de decidir.
Cuando los medios de comunicación no convierten una acusación en una condena anticipada.
Y cuando la ciudadanía puede criticar al poder sin convertirse automáticamente en sospechosa.
EL PAPEL DE LOS MEDIOS
Los medios de comunicación también tienen una enorme responsabilidad.
Una sociedad sometida durante años a campañas de odio termina perdiendo la capacidad de distinguir entre información, propaganda y condena política.
Si todos los días se presenta a un sector político como criminal, corrupto, antipatriota o enemigo de la nación, llega un momento en que cualquier abuso cometido contra ese sector comienza a parecer aceptable.
Ese es el verdadero peligro.
El odio político prepara a la sociedad para aceptar aquello que, en circunstancias normales, jamás aceptaría.
La cárcel deja de ser el resultado de una sentencia y comienza a ser presentada como una victoria.
El adversario detenido se convierte en espectáculo.
La investigación judicial se transforma en arma política.
Y el debido proceso comienza a parecer una molestia cuando se aplica a alguien que la sociedad previamente ha condenado.
Eso no es justicia.
Es la transformación del castigo en espectáculo político.
CUANDO TODO VALE
El problema más peligroso de una democracia enferma es precisamente ese:
llega un momento en que todo parece válido contra el enemigo.
Si hay que modificar reglas, se modifican.
Si hay que cambiar autoridades, se cambian.
Si hay que abrir investigaciones, se abren.
Si hay que utilizar el aparato comunicacional del Estado, se utiliza.
Si hay que desacreditar al adversario, se desacredita.
Y si finalmente el adversario termina preso, una parte de la sociedad lo celebra sin preguntarse si el procedimiento fue justo.
Pero existe una pregunta que debería hacerse cualquier ciudadano, incluso aquel que odia profundamente a Correa, a Moreno, a Serrano o a cualquier otro político:
¿Aceptaría exactamente el mismo procedimiento si mañana el acusado fuera su líder político?
Esa es la verdadera prueba democrática.
LA DEMOCRACIA NO PUEDE FUNCIONAR COMO UNA VENGANZA POR TURNOS
Ecuador corre el riesgo de quedar atrapado en una lógica terrible:
un gobierno llega al poder y utiliza las instituciones para desmontar al gobierno anterior;
el siguiente llega y hace lo mismo;
los partidos buscan controlar organismos;
los organismos pierden autonomía;
los medios se dividen en trincheras;
la justicia se convierte en escenario de la lucha política;
y la ciudadanía termina eligiendo no al mejor proyecto de país, sino al que pueda derrotar al enemigo.
Eso no construye una democracia.
Construye una democracia de vencedores y vencidos.
Y una democracia de vencedores y vencidos termina convirtiendo cada elección en una guerra.
EL CASO ECUATORIANO DEBERÍA PREOCUPAR A TODA AMÉRICA LATINA
Lo ocurrido en Ecuador no debería ser observado solamente como una pelea entre correístas y anticorreístas.
Ese sería un error.
Es un problema mucho más grande.
Porque América Latina tiene una historia demasiado larga de gobiernos que llegan prometiendo acabar con el enemigo, instituciones capturadas por grupos de poder, medios utilizados como instrumentos de confrontación y sistemas judiciales que terminan siendo arrastrados por las luchas políticas.
La lección debería ser exactamente la contraria.
El Estado no puede pertenecer al gobierno de turno.
La Fiscalía no puede pertenecer al presidente.
Los jueces no pueden pertenecer a una facción.
El Congreso no puede convertirse en una fábrica de persecuciones.
Los medios no pueden sustituir a los tribunales.
Y la cárcel no puede convertirse en el símbolo de la victoria de un grupo político sobre otro.
POR ENCIMA DE CORREA, MORENO, SERRANO O NOBOA
La discusión democrática no debería terminar preguntando si Correa es bueno o malo.
Ni si Moreno traicionó o no.
Ni si Serrano es culpable o inocente.
Ni si Noboa representa el cambio que Ecuador necesita.
Esas discusiones corresponden a la política y a la justicia, cada una dentro de sus límites.
La pregunta verdaderamente importante es otra:
¿Qué clase de Estado quieren construir los ecuatorianos?
Uno donde cada gobierno pueda utilizar el poder para vengarse de sus adversarios.
O uno donde incluso el peor enemigo político tenga derecho a un juicio imparcial.
Porque la democracia no se mide por la manera en que trata a sus amigos.
Se mide por la manera en que trata a sus enemigos.
Y cuando una sociedad comienza a aceptar que al adversario se le puede quitar todo —prestigio, derechos, libertad y hasta dignidad— solamente porque es odiado, la democracia puede seguir funcionando en los papeles mientras desaparece en la realidad.
Ecuador debería detenerse a pensar.
Porque una democracia basada en el odio termina inevitablemente produciendo nuevas víctimas.
Y casi siempre ocurre algo todavía peor:
los que hoy celebran la revancha descubren mañana que la misma máquina puede volver sus mecanismos contra ellos.
La historia latinoamericana está llena de esa ironía.
El poder que se construye para destruir al enemigo rara vez termina obedeciendo únicamente a quien lo creó.
Por eso la defensa de la democracia no consiste en defender a Correa, a Moreno, a Serrano o a Noboa.
Consiste en defender las reglas que mañana tendrán que protegernos cuando el poder cambie nuevamente de manos.
Porque los gobiernos pasan.
Los presidentes pasan.
Los partidos pasan.
Las venganzas también deberían pasar.
Pero si la institucionalidad queda destruida en el camino, lo que termina perdiendo no es un político: pierde la sociedad entera.
