Cuando las instituciones electorales se atreven a poner límites a los intereses de los grupos de poder, aparecen las amenazas, las denuncias y los discursos de confrontación. La Constitución no puede interpretarse al gusto de quienes tienen poder político.
La decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de no entregar credenciales de alcalde a quienes, habiendo ejercido ese cargo, postularon como primeros regidores en las recientes Elecciones Regionales y Municipales 2026, constituye una determinación institucional que merece ser examinada y, sobre todo, respetada mientras se mantenga vigente.
El pronunciamiento ha provocado la airada reacción de Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, quien anunció que denunciará penalmente al presidente del JNE, Roberto Burneo, por una supuesta omisión dolosa de funciones. Incluso lo calificó de integrante de un presunto grupo criminal y anunció que recurrirá a acciones penales, civiles y constitucionales, además de convocar a movilizaciones.
Pero aquí hay una cuestión de fondo que no podemos perder de vista: ¿desde cuándo una decisión de un organismo constitucional autónomo debe someterse a la voluntad de un dirigente político?
La democracia no consiste en que las autoridades electorales resuelvan aquello que conviene a los partidos políticos. Tampoco significa que quienes tienen representación parlamentaria, influencia política o capacidad de movilización puedan imponer su particular interpretación de la Constitución.
El principio fundamental de un Estado de derecho es sencillo: la ley es para todos, sin excepciones ni privilegios.
La criollada política no puede convertirse en norma
Durante demasiado tiempo, la política peruana ha convivido con prácticas que buscan aprovechar los vacíos, las interpretaciones acomodadas y las debilidades institucionales para preservar cuotas de poder.
La reciente controversia sobre alcaldes que postularon como primeros regidores merece una reflexión. No se trata simplemente de una discusión administrativa sobre la entrega de credenciales. Estamos ante un problema de institucionalidad democrática y de respeto a las reglas electorales.
Resulta cuestionable que autoridades que han ejercido el poder municipal pretendan encontrar mecanismos para mantenerse en la conducción de sus respectivas municipalidades, utilizando su posición política, su organización partidaria y las ventajas que proporciona el ejercicio del cargo.
La ciudadanía elige autoridades para que gobiernen dentro de las reglas constitucionales y legales, no para que estas se conviertan en instrumentos de continuidad política.
Si las normas de sucesión y las disposiciones electorales establecen determinados límites, estos deben cumplirse. Y si existe una controversia jurídica sobre su interpretación, corresponde que sea resuelta por las instancias competentes, no mediante presiones políticas ni amenazas públicas.
Una decisión valiente frente a los intereses del poder
Saludamos la determinación de la mayoría del pleno del Jurado Nacional de Elecciones de establecer un criterio institucional frente a esta problemática.
En un país donde tantas veces las instituciones retroceden ante las presiones de los grupos políticos, resulta importante que un organismo constitucional autónomo ejerza sus atribuciones y establezca reglas que deben aplicarse de manera general.
No estamos diciendo que el JNE sea infalible. Ninguna institución está por encima del escrutinio ciudadano y todas sus resoluciones deben tener sustento constitucional y legal. Pero una cosa es cuestionar jurídicamente una decisión y otra muy distinta es pretender intimidar a quienes tienen la responsabilidad de adoptarla.
La autonomía de los organismos electorales es una garantía democrática. No puede depender del humor, los intereses o las amenazas de los dirigentes políticos.
El peligro de convertir las instituciones en adversarios políticos
La reacción de López Aliaga merece una preocupación adicional. Anunciar denuncias penales es un derecho que cualquier ciudadano puede ejercer cuando considera que se ha cometido un delito. Pero calificar públicamente a una autoridad de formar parte de un grupo criminal, sin que exista una sentencia que lo establezca, constituye una acusación de extrema gravedad que debe sustentarse ante las instancias correspondientes.
Más preocupante todavía es la utilización de las movilizaciones callejeras como mecanismo de presión sobre una institución electoral.
Las calles son espacios legítimos de expresión democrática. Nadie discute ese derecho. Sin embargo, las movilizaciones no pueden convertirse en una herramienta para torcer decisiones institucionales ni para colocar a las autoridades bajo intimidación.
El Perú necesita fortalecer sus instituciones, no debilitarlas cada vez que sus decisiones afectan intereses partidarios.
La Constitución no tiene dueño
Hay algo que los dirigentes políticos deben comprender: la Constitución no pertenece a los partidos, tampoco a quienes gobiernan ni a quienes aspiran a seguir gobernando. Pertenece a todos los peruanos y constituye el marco fundamental de nuestra convivencia democrática.
Por eso, cuando el JNE adopta una decisión que establece límites al ejercicio del poder municipal, lo que corresponde es examinar sus fundamentos jurídicos y respetar los procedimientos establecidos para cuestionarla.
La política no puede seguir siendo el territorio de los privilegios, las interpretaciones convenientes y las maniobras para perpetuarse en el poder.
En Mudo Social sostenemos que la institucionalidad democrática se defiende precisamente cuando las reglas se aplican también a quienes tienen poder, influencia y capacidad de presión.
La ley debe ser igual para todos. Y si la Constitución establece límites, nadie tiene derecho a colocarse por encima de ella. Ni siquiera quienes se consideran dueños de la voluntad popular.
