El 9 de octubre de 2025, pasada la medianoche, Dina Boluarte fue vacada de la presidencia de Perú. Así terminó el ciclo de la primera mujer que llegó a Palacio de Gobierno no por las urnas, sino como resultado de una maniobra política tejida tras bastidores: un pacto de conveniencia entre el bloque de derecha y extrema derecha y la entonces vicepresidenta.
Su ascenso al poder se gestó desde el día en que Pedro Castillo fue electo. Mientras un sector político y mediático se negaba a reconocer los resultados electorales, preparaba su estrategia para forzar su salida. Y en esa estrategia, Boluarte fue pieza clave: su presencia en la fórmula presidencial otorgaba el barniz de “legalidad” al golpe parlamentario que finalmente concretaron tras el fallido intento de Castillo de cerrar el Congreso en diciembre de 2022.
Dina, que soñaba con detentar un poder que la ciudadanía nunca le otorgó en las urnas, y la coalición conservadora que deseaba derrocar al presidente electo, unieron intereses. La traición y la deslealtad fueron el cemento de ese pacto tácito: el Congreso dominaba la agenda política y legislativa; ella conservaba la presidencia.
Durante más de dos años, ese pacto sobrevivió a las protestas, a las masacres en regiones, a las denuncias de corrupción, y a siete intentos de vacancia. Pero en política, la conveniencia no es eterna. La presión ciudadana y el hartazgo generalizado ante el descontrol institucional hicieron que sus antiguos aliados la sacrificaran. Ya no les servía.
Una madrugada decisiva
La sesión parlamentaria del 8 de octubre se prolongó hasta pasada la medianoche. Entre discursos encendidos y cálculos fríos, la mayoría congresal que la había protegido tantas veces le dio la espalda. El tablero electrónico habló: vacancia aprobada por incapacidad moral.
En Palacio de Gobierno, Boluarte preparó un mensaje al país. Intentó mostrarse firme, habló de “persecución política” y pidió respeto por la institucionalidad. Pero nadie la escuchó: las transmisiones fueron cortadas para dar paso al juramento del nuevo presidente del Perú, José Jerí, entonces titular del Congreso.
Así se despidió Dina Boluarte, con once investigaciones fiscales abiertas por presuntos delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Se fue con menos legitimidad y más rechazo que el propio Castillo.
Un país herido
Su gobierno deja como saldo una economía debilitada, una ciudadanía fragmentada, instituciones sometidas y un país cansado. Su caída no trajo alivio inmediato, pero sí un cierre simbólico de uno de los periodos más oscuros de la historia democrática reciente.
El dilema ahora es otro: Jerí llega al poder condicionado por el mismo bloque que la encumbró y luego la desechó. ¿Tendrá la fuerza para gobernar sin ser un rehén más de la coalición congresal? ¿O repetirá el mismo guion de sumisión y blindaje mutuo?
Si la ciudadanía —en especial la generación Z y los sectores movilizados— no ejerce presión y vigilancia, el bloque parlamentario que hoy controla el Congreso podría consolidar su poder absoluto. Y con ello, perpetuar su presencia en el Estado por las buenas o por las malas.
Epílogo: de la arrogancia a la soledad
Boluarte se creyó intocable. Despreció a quienes la cuestionaban, calificándolos de minoría ruidosa. Nunca entendió que la legitimidad no se impone desde arriba: se construye desde el pueblo. Y cuando este se hartó, ni siquiera le concedió el derecho a despedirse.
