La excarcelación de la ex primera ministra Betssy Chávez, dispuesta por el Tribunal Constitucional y ejecutada por el INPE, no es solo un trámite judicial: es la evidencia palpable de cómo la política sigue utilizando a la justicia como campo de batalla.
Chávez pasó meses en prisión preventiva en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, acusada por su participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo anunció el cierre del Congreso. Sin embargo, el argumento que la mantuvo tras las rejas no resistió el examen constitucional: la Fiscalía presentó su pedido de ampliación de prisión preventiva fuera de plazo, lo que convirtió su detención en un abuso legal.
El costo del manoseo político
El propio caso de Chávez es emblemático: no debió estar en prisión, pero estuvo. El Poder Judicial, débil ante las presiones políticas y mediáticas, optó por el camino más fácil: encarcelar primero y justificar después. Solo la huelga de hambre que emprendió desde su celda, sumada a la visibilización de su caso en la opinión pública, obligaron a las instituciones a revisar su situación con mayor rigor.
Como ella misma lo dejó claro:
“Cuando la política manosea a la justicia, se producen excesos y abusos”.
Su frase no es una consigna, es la radiografía de lo que ocurre cuando el sistema de justicia actúa más como reflejo del poder mediático y parlamentario que como un poder autónomo.
Justicia sometida a la correlación de fuerzas
La prisión preventiva en el Perú se ha convertido en un arma política. No importa tanto la solidez de las pruebas como la correlación de fuerzas en el Congreso, en los medios o en las cúpulas fiscales. Hoy un personaje incómodo puede ser enviado a prisión preventiva; mañana, si cambia la coyuntura, puede ser liberado con igual facilidad.
El caso de Betssy Chávez revela con crudeza esa fragilidad: no hubo coraje en el Poder Judicial para actuar con independencia, sino obediencia a la narrativa dominante que la señalaba como una de las responsables directas del fracaso del intento de golpe de Castillo.
Una democracia condicionada
El problema va más allá de Chávez o de Vizcarra. Lo que está en juego es el principio mismo de justicia imparcial. En el Perú, la línea que separa los procesos judiciales de los cálculos políticos se desdibuja cada día más.
El resultado: una democracia condicionada, donde la libertad o la prisión de las figuras públicas no depende solo de las pruebas o del debido proceso, sino de quién domina la coyuntura política y mediática.
Hoy, Betssy Chávez queda en libertad para afrontar sus investigaciones. Pero el mensaje de fondo es desolador: en el Perú, no basta con respetar la Constitución para estar a salvo; hace falta que el poder político de turno no te necesite como chivo expiatorio.
