El expresidente Martín Vizcarra dejó el penal Barbadillo tras 22 días de encierro, luego de que la Tercera Sala Penal Nacional ordenara su inmediata excarcelación. Vizcarra, quien ingresó con una orden de prisión preventiva de cinco meses por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua, salió afirmando que lo hace “fortalecido”, pese a las duras condiciones que asegura haber sufrido: exposición a situaciones de inseguridad, convivencia forzada con delincuentes comunes y enfermos, y un ambiente carcelario hostil que, según su entorno, buscaba quebrarlo en lo personal y en lo político.
La prisión preventiva de Vizcarra, dictada sin que existan aún pruebas concluyentes sobre los cargos en su contra, vuelve a poner sobre la mesa un tema recurrente en la historia reciente del Perú: la judicialización de la política.
Un pasado que no le perdonan
Vizcarra arrastra un enfrentamiento abierto con sectores políticos desde el 2019, cuando decidió cerrar el Congreso bajo el amparo constitucional, decisión que transformó la escena política y dejó a varios grupos fuera de juego. Aquellos sectores no le han perdonado el cierre del congreso y desde entonces han buscado su salida definitiva de la política.
La vacancia presidencial que sufrió en noviembre de 2020, promovida por un Congreso de cuestionada legitimidad, fue el primer paso de esa vendetta. El segundo ha sido la acumulación de denuncias penales por supuestos actos de corrupción cuando fue gobernador de Moquegua, hace más de una década.
En este terreno, la figura de la colaboración eficaz ha jugado un rol decisivo: delincuentes confesos que, a cambio de beneficios legales, ofrecen declaraciones que alimentan las denuncias contra Vizcarra. Un mecanismo que en teoría busca combatir la corrupción, pero que en la práctica puede convertirse en un arma política cuando es manipulado.
El mensaje tras las rejas
El expresidente insiste en que su encarcelamiento fue arbitrario y motivado por intereses políticos. Su discurso resuena con fuerza en una ciudadanía que, a pesar de los años transcurridos desde su gestión, todavía le mantiene un nivel de respaldo “muy interesante”, como reconocen sus adversarios.
En un país donde el descrédito de las instituciones es profundo, Vizcarra ha sabido proyectarse como una figura que encarna tanto las esperanzas como las frustraciones de amplios sectores. Su excarcelación, por lo tanto, no es solo un hecho judicial: es también un reacomodo en el tablero político.
Fiscalía y Congreso contra Vizcarra
El Ministerio Público, liderado por fiscales como Rafael Vela y José Domingo Pérez, ha expresado su preocupación por la liberación de Vizcarra, recordando casos como los de Nadine Heredia o Jorge Cuba, que lograron fugarse o asilarse en el extranjero. Sin embargo, Vizcarra aseguró a su salida de Barbadillo que permanecerá en el país:
“No me voy a asilar, no me voy a fugar porque tengo respeto a los que confían en mí y al sistema judicial peruano. Voy a estar aquí, es mi palabra de honor”.
El trasfondo, sin embargo, va más allá de su permanencia en territorio nacional. Con un Congreso que ha modificado las normas para limitar medidas restrictivas intermedias, la Fiscalía se queja de estar “atada de manos” en su lucha contra el crimen organizado. Pero también es cierto que el mismo Congreso que cambió esas normas está poblado por quienes nunca perdonaron a Vizcarra por su cierre en 2019.
Un espejo de la democracia peruana
El caso Vizcarra refleja con nitidez la tensión entre justicia y política en el Perú. Un expresidente que aún conserva respaldo ciudadano, enfrentado a un Congreso y a operadores que lo quieren fuera de carrera; un Ministerio Público que denuncia limitaciones legales, pero que recurre a testigos interesados; y un Poder Judicial que oscila entre presiones y garantías, dependiendo del caso.
La judicialización de la política no es nueva, pero el caso de Martín Vizcarra la hace evidente en toda su crudeza. Queda por verse si su liberación marca el inicio de un retorno político, o si, por el contrario, es apenas una tregua en un camino de hostigamiento que busca liquidarlo como actor político.
Lo que está claro es que, al salir de prisión y proclamarse “fortalecido”, Vizcarra vuelve a colocarse en el centro del debate nacional. Y ese es un terreno que sus adversarios creían ya controlado.
