Caso los árbitros de Odebrecht: los detalles sobre la nueva acusación contra Humberto Abanto y otros más

Una nueva acusación llega desde la Fiscalía. Se trata de una acción fiscal en el marco del caso «Los árbitros de Odebrecht». Los reflectores recaen sobre el abogado Humberto Abanto, conocido por su relación cercana con el fujimorismo, el aprismo y Patricia Benavides. Los acusados estarían involucrados en una red delictiva dedicada a cometer significativos actos de corrupción en procesos de arbitraje de proyectos públicos entre 2011 y 2015, a favor de la empresa brasileña.

Según la tesis del Minsiterio Público, presentada por la fiscal Diana Canchihuaman del Equipo Especial Lava Jato, está forma de operar fraudulenta habría sido replicada en 17 ocasiones. De esta manera, Abanto, junto a otros 28 ciudadanos —entre abogados y funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones—, son señalados por actos de corrupción ligados a estas cinco obras públicas: Interoceánica Sur (IIRSA Sur) tramos 2 y 3, Interoceánica Norte (IIRSA Norte), carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, y carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis.

Tal como la mayoría, el actual abogado de Patricia Benavides enfrenta cargos por formar parte de una organización criminal y aceptar sobornos. Al igual que él, la acusación por dichos delitos se extiende a Randol Edgard Campos Flores, Luis Felipe Pardo Narváez, Richard James Martín Tirado, Weyden García Rojas, Luis Fernando Pebe Romero, Emilio Cassina Rivas, Ramiro Rivera Reyes, Daniel Martín Linares Prado, Jorge Arturo Mendoza Torres y Roger Arévalo Ramírez, señalados por participar activamente en la red delictiva.

Otros imputados, además de atribuírseles los delitos mencionados, son señalados también por presuntamente haber cometido el delito de colusión agravada, el cual implica un acuerdo ilícito entre un funcionario público y un particular para defraudar al Estado. Tal es el caso de Franz Nunzio Fernando Kundmüller Caminiti, Fernando Cantuarias Salaverry y otros. Estos acusados enfrentan ahora el pedido fiscal de pena privativa de la libertad. Estos pedidos de cárcel varían entre los 9 y los 25 años, dependiendo de las acusaciones impuestas.

Los elementos que recaen sobre Humberto Abanto

A lo largo del documento que formaliza la investigación fiscal, se presentan 55 pruebas contra el abogado Humberto Abanto. Algunas de las evidencias recopiladas hablan de montos cuantiosos de dinero que habrían sido entregados como soborno a favor del penalista.

Una de estas pruebas es la Carta CINSA-V N.° 5724, del 30 de septiembre de 2022. El documento al que accedió La República detalla, según la Fiscalía, que Abanto recibió la suma neta de $78.500, pagada por la empresa Odebrecht. Desde la Fiscalía, se señala que el laudo arbitral por el que se generaron estos pagos se dio tras un proceso corrupto, de ahí su origen ilícito. Además, una carta emitida por el Banco de Crédito del Perú, enviada el 21 de marzo de 2023, indica que una serie de depósitos fueron realizados en la cuenta del abogado durante mayo y septiembre de 2013. La suma ingresada a las cuentas de Abanto en ese lapso asciende a 159.500 dólares.

Por otro lado, un aspirante a colaborador eficáz detalló como abogados involucrados en la trama de Odebrecht presuntamente mencionaban a Abanto para describir la entrega de sobornos: “(Sergio) Calderón (Rossi) le manifiesta a (Alejandro) Álvarez Pedroza su incomodidad por la presión de Odebrecht y que tenía que lidiar con los otros árbitros sobre el reparto del dinero pactado. (Además), también se sentía presionado por sus coárbitros, diciéndole (a Sergio Calderón): ‘Cómo jode (Humberto) Abanto por la plata’. Enfatizando que Abanto también presionaba por su lado para que le pagaran su parte del soborno que le correspondía del 2% pactado”, se lee en la declaración de dicho colaborador.

¿Libres de polvo y paja? Los sobreseimientos dictados por la Fiscalía

Así como se han dictado acusaciones, también se han dictado sobreseimientos. El sobreseimiento es la acción por la cual se decide cerrar un caso penal porque no hay pruebas suficientes para continuar con el proceso, porque el delito no existió, porque la persona no es culpable o porque se resolvió el problema de otra manera. Es como decir que la investigación o el juicio se detiene y la persona acusada queda libre de esos cargos. En este caso, se han dictado siete sobreseimientos, entre totales y parciales. Todos han sido por el mismo delito: lavado de activos.

Justamente, Abanto ha sido liberado de la acusación que lo señalaba por este delito. A él se suman otros imputados, como Emilio Cassina Rivas, Mario Castillo Freyre y Daniel Linares Prado. Por otro lado, se dictó el sobreseimiento parcial para Weyden García Rojas, Ramiro Rivera Reyes y Marcos Ricardo Espinoza Rimachi.

Ya hay una sentencia condenatoria dentro del caso

Otro detalle no menor es que ya hay un imputado condenado dentro del marco de este caso. Se trata de Carlos Carrasco Paredes, acusado por la Fiscalía de haber cometido el delito de Lavado de Activos en su modalidad de ocultamiento y tenencia. Es decir, Carrasco Paredes es guardar o poseer bienes de origen ilegal y, además, esconder o disfrazar su verdadera procedencia. Esta condena se logró a través de una sentencia de terminación anticipada, situación donde el juez y el acusado -usualmente- se ponen de acuerdo para poner fin al proceso penal correspondiente. Como resultado, Carrasco ha sido condenado a cuatro años de prisión, una multa de sesenta días y una reparación civil que asciende a los 50.000 dólares.

Según la acusación fiscal a la que pudo acceder La República, Carrasco Paredes, actuando como testaferro de Celso Gamarra Roig -otro de los acusados en el caso-, ocultó y mantuvo entre 2013 y 2017 unos US$ 200.000 provenientes de una coima que Odebrecht pagó a Gamarra. Para encubrir el dinero, Carrasco prestó su nombre como representante y beneficiario final de la empresa offshore panameña Voltron Business Corp/Inc, y como titular de una cuenta en la Banca Privada de Andorra, donde se depositó y conservó el soborno vinculado a pagos acelerados en el proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú–Brasil Tramos 3: Inambari – Iñapari.