Mientras el alcalde Rafael López Aliaga recorre medios con discursos grandilocuentes sobre moralidad y lucha contra la corrupción, la Municipalidad de Lima enfrenta uno de los mayores pasivos económicos de su historia: más de 200 millones de dólares que tendrá que pagar la ciudad por haber perdido dos laudos arbitrales en el caso de la concesión de Rutas de Lima.
El problema no es solo el monto —que comprometerá recursos públicos por años— sino la mala asesoría legal, las decisiones impulsivas y la contratación millonaria de estudios de abogados cuyos resultados son, hasta ahora, una cadena de derrotas en cortes nacionales e internacionales.
Una jueza de EE.UU. advierte: «actúen con cuidado»
Durante una audiencia en el distrito de Columbia (EE.UU.), la jueza Ana C. Reyes lanzó una advertencia directa a los abogados del estudio Boies Schiller Flexner, contratados por el municipio limeño: si no prueban de manera sólida el supuesto conflicto de interés que alegan, podrían ser sancionados.
Esto no es un simple jalón de orejas. Es una señal de que el municipio está caminando por la cuerda floja y que cada paso en falso podría costar aún más dinero a los limeños.
El gato del despensero: contratos millonarios con amigos del alcalde
Según el SEACE, la Municipalidad ha firmado nueve contratos por S/ 97,5 millones con Boies Schiller Flexner, estudio en el que trabaja Martín de Luca, amigo personal de López Aliaga. El conflicto de interés que el municipio denuncia en otros, parece no incomodar cuando ocurre en casa.
El alcalde ha optado por una estrategia de confrontación, no de negociación, jugando con el dinero de la ciudad como si fuera propio. Esa actitud autoritaria, sin sustento técnico ni político, ha puesto a Lima en una posición extremadamente vulnerable.
El precio de la improvisación
El municipio sostiene que la concesión de Rutas de Lima nació de un acto de corrupción —los sobornos que habría pagado Odebrecht a la exalcaldesa Susana Villarán— pero la jueza Reyes fue tajante: no existe sentencia firme en ese caso y, aun si existiera, la justicia estadounidense no la admitiría como prueba para revertir los laudos.
Esto significa que la estrategia legal de Lima está construida sobre arena: se intenta probar algo que no es jurídicamente válido en esa jurisdicción, gastando millones de soles en abogados que podrían terminar sancionados.
Una ciudad que pagará por décadas
Los más de 200 millones de dólares que Lima deberá desembolsar no salen del bolsillo del alcalde ni de sus asesores, salen del presupuesto público: menos obras, menos servicios, menos inversión para los barrios más pobres.
Lo que hoy vive Lima es el resultado de no tener una defensa técnica sólida, de actuar por impulsos políticos y de contratar estudios de abogados por afinidad personal y no por resultados comprobados.
Conclusión: responsabilidad política
Rafael López Aliaga no puede culpar al pasado para siempre. Gobernar Lima implica resolver problemas, no agravarlos. Si el municipio sigue acumulando derrotas legales y comprometiendo el futuro financiero de la ciudad, el costo lo pagaremos todos los limeños.
El caso Rutas de Lima es un recordatorio de que la política espectáculo y el grito fácil no reemplazan la gestión profesional. Lima necesita un alcalde que deje de improvisar y empiece a gobernar con responsabilidad.
