El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo determinó que el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, vulneró el principio de neutralidad electoral al participar en un acto proselitista en favor de candidatos de su partido, Alianza para el Progreso (APP), el pasado 20 de septiembre en la plaza Huamanmarca.
Durante el evento, Acuña pronunció un discurso respaldando a postulantes de APP, mientras se proyectaba su imagen junto al símbolo de la agrupación política. La resolución del JEE concluyó que estos hechos constituyen propaganda electoral indebida realizada por una autoridad en funciones.
El organismo electoral ordenó a Acuña abstenerse de reincidir en este tipo de actos, bajo apercibimiento de una amonestación pública y la imposición de multas a la agrupación política en caso de repetirse la conducta. Además, dispuso remitir el caso a la Contraloría General y al Gobierno Regional de La Libertad para que se adopten medidas correspondientes.
Reincidencia y antecedentes
No es la primera vez que Acuña es cuestionado por vulnerar el principio de neutralidad. El 21 de septiembre, el JEE de Chiclayo ya había resuelto que el gobernador regional incurrió en una infracción al participar en actividades proselitistas en Piura, en julio de este año. Esa resolución, consentida el 17 de septiembre, ordenó la remisión del caso al Ministerio Público, la Contraloría y el Consejo Regional de La Libertad.
El reglamento sobre neutralidad electoral es claro: las autoridades públicas no pueden hacer propaganda a favor o en contra de candidatos ni de organizaciones políticas mientras ejercen funciones, precisamente para evitar el uso indebido de los recursos y el poder del cargo.
Un fenómeno que debe parar
El caso de Acuña refleja un problema estructural de la política peruana: autoridades de origen electo que, en lugar de dedicarse plenamente a la gestión pública, utilizan su posición para hacer proselitismo, defender intereses particulares o manipular la voluntad ciudadana.
Con la plata de los peruanos no se debe financiar campañas políticas, ni comprar voluntades, ni distorsionar la libertad de los ciudadanos para decidir en las urnas. Este fenómeno, lamentablemente repetido en distintos niveles de gobierno, erosiona la confianza en las instituciones y degrada la democracia.
El reto está en que los organismos de control y fiscalización actúen con firmeza y que las sanciones no se queden en advertencias, sino que sienten precedentes claros para que ninguna autoridad vuelva a confundir su rol de gestor público con el de operador político.
