Hoy se ventila un caso que no debería existir si el sistema funcionara con un mínimo de rigor: la permanencia de Gino Ríos, presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a pesar de que sobre él pesan sentencias por violencia familiar. El solo hecho de haber aceptado el cargo, ocultando o minimizando un impedimento evidente, ya revela qué tipo de funcionario es: alguien que cree estar por encima de la ley.
En el corto tiempo que lleva al frente de la JNJ, Ríos ha demostrado que su manejo no responde a la majestuosidad de la institución que debe nombrar, sancionar y destituir jueces y fiscales, sino a cálculos políticos y maniobras internas. Pretendió mover las piezas como si la JNJ fuera un tablero partidario, y no la institución encargada de garantizar la independencia judicial.
El pedido de vacancia contra él no es un asunto privado, como recordó la congresista Flor Pablo: está en juego la credibilidad del sistema de justicia. Sin embargo, la JNJ ha optado por blindarse tras formalismos, declarando improcedente la incorporación de pruebas enviadas por la Corte Suprema. ¿El fondo? Evitar un pronunciamiento claro y transparente.
El testimonio de su exesposa, que lo acusa de maltrato físico y psicológico reiterado, debería bastar para entender la magnitud del problema. ¿Cómo puede alguien con ese historial presidir el organismo que nombra jueces de familia? ¿Qué mensaje recibe el país cuando un agresor llega a la cima de la justicia?
Hoy la JNJ tiene la oportunidad —y la obligación— de actuar conforme a la ley. Cualquier decisión distinta sería un golpe mortal a la legitimidad de la institución y un recordatorio de que, en el Perú, los poderosos siguen creyendo que la ley no les alcanza.
