La Fiscalía es hoy uno de los pocos poderes públicos que no ha sido copado por la coalición Congreso–Ejecutivo. Esa independencia, cada vez más rara en el Perú, la ha convertido en objetivo de ataques abiertos y soterrados.
El nuevo recorte de S/145 millones en su presupuesto para el 2026 no es una decisión técnica: es una jugada política. Reducir sus recursos significa limitar peritajes, frenar operativos contra el crimen organizado y debilitar investigaciones de corrupción que tocan a figuras del poder. Es decir, dejar a la Fiscalía maniatada mientras la impunidad se abre paso.
El Ejecutivo justifica el ajuste acusando a la institución de ineficiencia, pero las cifras lo desmienten: en 2024 ejecutó el 97,5% de su presupuesto y en 2025 ya va por encima del 60%. No se trata de mala gestión, sino de un castigo disfrazado de austeridad.
La paradoja es evidente: mientras se promete “mano dura” contra la delincuencia, se quitan las herramientas a quienes deben enfrentarla. Y peor aún, se debilita la única institución que aún podía investigar a los políticos que hoy legislan y gobiernan.
Cada sol recortado es un operativo menos, un caso de corrupción que se archiva y un ciudadano más expuesto al crimen. La justicia no es un gasto: es la línea delgada que separa democracia de impunidad.
