El fiscal José Domingo Pérez ha sido sancionado por un funcionario prácticamente desconocido para la mayoría de la ciudadanía, un funcionario cuestionado, pero convenientemente respaldado por quienes tienen un interés directo en que la corrupción no sea tocada, ni investigada, ni sancionada.
Durante años, estos sectores tuvieron cuidado de no tocarlo. Temían la reacción ciudadana, el rechazo abierto, las movilizaciones, el costo político. Hoy ese temor ha desaparecido.
¿Por qué?
Porque han comprobado que ya no hay respuesta social, que no existe una reacción masiva, organizada y sostenida que los frene.
Y entonces, el contraataque ha comenzado.
No es solo una sanción administrativa. Es parte de una ofensiva más amplia: copar instituciones, ajustar cuentas, reescribir la historia y ejecutar una revancha largamente esperada. Una revancha contra quienes se atrevieron a incomodar al poder real.
Una sanción con nombre propio y contexto político
La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público ordenó la suspensión de José Domingo Pérez por seis meses como fiscal provincial titular, alegando presuntas infracciones administrativas.
La resolución fue firmada por la fiscal adjunta superior Rosario Velasco Sánchez, responsable de la Unidad de Procedimiento Disciplinario de Lima Centro. Formalmente, se trata de una medida cautelar para “garantizar el normal desarrollo de la investigación”.
Políticamente, es otra cosa.
La investigación se origina tras la anulación del juicio oral del caso Cócteles, proceso que involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Se cuestiona al fiscal por una supuesta deficiente fundamentación de su acusación. El momento no es casual. El mensaje tampoco.
La suspensión se produce, además, luego de que el Fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, dispusiera la desactivación del Equipo Especial Lava Jato, del cual Pérez formaba parte.
Todo encaja. Todo coincide. Nada es inocente.
Un fiscal incómodo en una institución infestada
José Domingo Pérez cumplió una función histórica en favor del país. Fue —y es— un lunar incómodo dentro de una institución largamente infestada de corrupción, vínculos políticos, favores cruzados, servicios prestados y devoluciones pendientes. A veces por conveniencia, otras por coincidencia ideológica, muchas por simple supervivencia burocrática.
Incomodó.
Molestó.
Persistió.
Por eso hoy enfrenta la hoguera de quienes fueron perseguidos por él: la corrupción organizada y los sectores vinculados a redes mafiosas que, lamentablemente, manejan hilos clave del poder en el Perú.
El silencio social como habilitación
Antes, sancionar a un fiscal como Pérez habría sido impensable sin pagar costos. Hoy se hace sin miedo, porque el desgaste social es evidente. La ciudadanía está cansada, fragmentada, desmovilizada. Y ese cansancio ha sido leído como permiso.
Permiso para avanzar.
Permiso para ajustar cuentas.
Permiso para cerrar el círculo de la impunidad.
El reconocimiento llegará, aunque tarde
Hoy José Domingo Pérez paga el precio de haber hecho su trabajo. Mañana, cuando —si es que ocurre— la política peruana se limpie y se adecente al menos un poco, figuras como la suya recuperarán el lugar que merecen en la historia republicana.
El Perú entero le debe más de lo que hoy está dispuesto a reconocer.
Y aunque ahora lo silencien, lo sancionen y lo aparten, el tiempo suele ser implacable con los cómplices y generoso con quienes resistieron.
La verdadera pregunta no es qué pasará con Pérez.
La pregunta es qué clase de país estamos dispuestos a aceptar mientras guardamos silencio.
