Lima, violencia y la vergonzosa admisión de un alcalde
Como ciudadanos, no podemos dejar pasar por alto una declaración que, lejos de generar confianza, expone la crudeza de nuestra realidad y la fragilidad de nuestras autoridades. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha reconocido públicamente que no ha podido hacer nada sustancial en materia de seguridad porque —según él— no recibió apoyo del Gobierno central.
La pregunta es inevitable: ¿cómo puede una autoridad de la importancia de la capital, con competencias, recursos y un equipo técnico, admitir sin rubor que ha fracasado en uno de los problemas más graves que enfrenta la ciudad? La respuesta es tan preocupante como la declaración misma: esa confesión no es solo un acto de sinceridad política, sino una autoinculpación de incapacidad que la ciudadanía debería sancionar.
En la víspera, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparó la violencia en Washington D.C. con la de ciudades como Lima, Bogotá, Ciudad de México o Bagdad. Trump, con su estilo habitual, no se guardó calificativos y mostró cifras que colocan a la capital peruana en una posición alarmante. Lejos de refutar o matizar la comparación, el alcalde limeño coincidió en que “está diciendo la verdad”, pero optó por trasladar toda la responsabilidad al Ejecutivo.
Es cierto que el Gobierno central tiene un rol clave en materia de seguridad, pero culpar exclusivamente a terceros no es liderazgo, es excusa. López Aliaga mencionó que la Municipalidad ha tenido que comprar motos, cámaras y financiar unidades de inteligencia con recursos propios, pero olvidó decir que la planificación, la articulación interinstitucional y la presión política efectiva para obtener recursos también forman parte de su trabajo.
La violencia en Lima no es un fenómeno que surgió en estos dos o tres años. Es un problema estructural que requiere no solo equipamiento, sino estrategia, coordinación y, sobre todo, voluntad política para construir un frente común. Lo que escuchamos del alcalde es el reconocimiento de que la ciudad está más violenta que nunca y que su gestión no ha logrado revertir esa tendencia.
Más grave aún es que, en lugar de asumir su cuota de responsabilidad y ofrecer un plan concreto de acción, utilice su espacio mediático para lanzar acusaciones políticas y personales contra el Gobierno y la Fiscalía, distrayendo la atención del problema real: la inseguridad que vivimos día a día.
Un alcalde que admite su impotencia frente al crimen y que justifica su inacción con la falta de apoyo, está enviando un mensaje peligroso: que Lima está sola y a la deriva. Esa es una realidad que los limeños no podemos aceptar ni normalizar. Y si la autoridad no es capaz de encarar el desafío con resultados concretos, es la ciudadanía quien debe recordarle que el cargo no es un asiento para lamentarse, sino una responsabilidad para actuar.
