Las recientes declaraciones de los alcaldes de Puno y Juliaca, quienes reclamaron una mejor distribución del presupuesto nacional y mayor capacidad de decisión para los gobiernos subnacionales, vuelven a poner sobre la mesa un viejo debate: ¿el problema del Perú es la falta de recursos o la forma en que estos se administran?
Durante más de dos décadas de descentralización, el Estado peruano ha transferido miles de millones de soles a gobiernos regionales y municipalidades. Sin embargo, basta recorrer el país para comprobar que las enormes brechas en salud, educación, agua potable, saneamiento, infraestructura vial, irrigación y desarrollo productivo siguen prácticamente intactas.
La pregunta es inevitable: ¿dónde está el desarrollo que justificó semejante inversión pública?
El verdadero problema no es el dinero
La explicación suele buscarse en el centralismo limeño, pero esa respuesta resulta insuficiente.
El problema de fondo radica en que la inmensa mayoría de gobiernos regionales y municipales carecen de equipos técnicos permanentes y altamente calificados. Cada cuatro años, con cada cambio de autoridad, también cambian gerentes, funcionarios, asesores y directores.
No se privilegia la experiencia ni el mérito.
Se premia la lealtad política.
Las campañas electorales terminan convirtiéndose en bolsas de trabajo para amigos, familiares, financistas y operadores políticos.
Con esas reglas de juego resulta imposible construir una administración pública moderna.
¿Cómo puede ejecutarse un presupuesto de cientos o miles de millones de soles cuando quienes toman las decisiones muchas veces no cuentan con la experiencia necesaria para planificar, formular proyectos, licitar obras, supervisar contratos o controlar adecuadamente el gasto público?
Los nuevos ricos de la política
Durante estos años hemos visto aparecer una nueva clase económica.
No son empresarios innovadores ni científicos. Tampoco productores que hayan generado riqueza.
Son los nuevos ricos de la política.
Familias completas que encuentran en una alcaldía o en un gobierno regional la oportunidad de enriquecerse gracias al manejo del presupuesto público.
Cada elección representa para muchos la posibilidad de acceder a un inmenso poder económico.
Las investigaciones fiscales, las obras inconclusas, los arbitrajes millonarios, las licitaciones direccionadas y los innumerables casos de corrupción demuestran que el problema no es aislado.
Es un problema estructural.
Mientras tanto, los ciudadanos continúan esperando hospitales, carreteras, colegios, sistemas de agua potable y proyectos productivos que nunca llegan.
Una propuesta distinta
Quizá ha llegado el momento de tomar una decisión valiente.
Durante un período excepcional de cuatro años, la ejecución de las inversiones públicas de gobiernos regionales y municipalidades podría ser asumida por una entidad nacional altamente especializada, integrada por los mejores profesionales del país, seleccionados mediante concurso público y completamente independientes del poder político.
Ingenieros, economistas, arquitectos, abogados, planificadores, especialistas en contrataciones públicas, supervisión y control trabajarían exclusivamente para ejecutar proyectos de desarrollo con criterios técnicos y no políticos.
Sería una verdadera Gerencia Nacional de Desarrollo e Infraestructura.
Su misión sería planificar, formular expedientes técnicos, obtener la viabilidad de los proyectos, licitar transparentemente, supervisar la ejecución de las obras y garantizar que cada sol invertido genere valor para la población.
¿Y qué harían los alcaldes y gobernadores?
No perderían protagonismo.
Por el contrario.
Seguirían siendo las autoridades elegidas democráticamente por el pueblo.
Serían quienes identifiquen las necesidades de sus comunidades, prioricen las obras, coordinen con la población, fiscalicen la ejecución y rindan cuentas a los ciudadanos.
Pero dejarían de administrar directamente los grandes presupuestos de inversión, precisamente donde históricamente se concentran la corrupción y el despilfarro.
La política definiría qué hacer.
Los técnicos definirían cómo hacerlo.
Menos gasto corriente, más desarrollo
Hoy, en muchas entidades públicas, una parte muy importante del presupuesto termina absorbida por gastos corrientes: asesores, consultorías repetidas, personal de confianza, viáticos, viajes, alquileres, ceremonias, publicidad y una burocracia que crece sin producir desarrollo.
El resultado es evidente.
Menos recursos para obras.
Más recursos para mantener estructuras políticas.
Una entidad técnica permitiría reducir considerablemente esos gastos, eliminar miles de cargos de confianza innecesarios, disminuir la discrecionalidad en las contrataciones y concentrar los recursos en inversiones que realmente transformen la calidad de vida de la población.
Cada punto porcentual ahorrado significaría más escuelas, más hospitales, más carreteras, más sistemas de riego y más agua potable para millones de peruanos.
La descentralización no puede seguir confundiendo autonomía con improvisación
Descentralizar no significa repartir dinero sin garantizar capacidad para administrarlo.
La verdadera descentralización exige instituciones fuertes, profesionales competentes y mecanismos de control eficaces.
El Perú necesita gobiernos locales fuertes, pero también técnicamente preparados.
No basta con transferir presupuesto.
Hay que garantizar que ese presupuesto se convierta en desarrollo.
Quizá ha llegado el momento de dejar de discutir únicamente cuánto dinero reciben las regiones y comenzar a debatir quiénes están realmente preparados para administrarlo.
Porque si después de más de veinte años y de miles de millones de soles invertidos seguimos encontrando las mismas carencias, la conclusión es inevitable: el modelo necesita una profunda reforma.
No para quitar poder a las regiones, sino para devolverle al pueblo la confianza de que cada sol de sus impuestos será invertido con eficiencia, transparencia y verdadero sentido de desarrollo nacional.
