Por Manuel Cotillo Medrano
Las recientes declaraciones de los alcaldes de Puno y Juliaca, quienes reclamaron una mayor descentralización del presupuesto nacional y más recursos para las regiones, vuelven a poner sobre la mesa un debate que el país viene postergando desde hace más de dos décadas.
La pregunta ya no es cuánto dinero reciben los gobiernos regionales y municipales. La verdadera pregunta es mucho más incómoda:
¿Quién está administrando ese dinero y con qué nivel de capacidad técnica?
Durante más de veinte años de descentralización, el Estado peruano ha transferido cientos de miles de millones de soles a los gobiernos regionales y municipales. Nunca antes las regiones habían dispuesto de semejante volumen de recursos.
Sin embargo, basta recorrer el país para encontrar la misma realidad de siempre: hospitales inconclusos, colegios en condiciones precarias, carreteras deterioradas, sistemas de agua potable deficientes, proyectos de irrigación paralizados, puentes que nunca se terminan y miles de obras abandonadas.
Entonces, la pregunta es inevitable.
¿Dónde está el desarrollo?
Una descentralización capturada por la política
La descentralización nació con un propósito noble: acercar el Estado a la ciudadanía y permitir que las decisiones se tomaran desde las propias regiones.
La intención era correcta.
Pero la ejecución terminó desvirtuando ese objetivo.
En la práctica, buena parte de los gobiernos regionales y municipales se convirtió en espacios donde predominan los cargos de confianza por encima del mérito profesional.
Cada elección implica el reemplazo masivo de funcionarios. Gerentes, asesores, jefes de oficina, especialistas y directores son sustituidos no por criterios técnicos, sino por afinidades políticas, compromisos de campaña o relaciones personales.
La experiencia acumulada desaparece cada cuatro años.
La improvisación vuelve a comenzar desde cero.
Con esas reglas resulta extremadamente difícil administrar presupuestos que, en algunos casos, superan los miles de millones de soles.
El costo de la improvisación
La ejecución de una obra pública no consiste únicamente en colocar cemento y ladrillos.
Detrás de cada proyecto existe una compleja cadena de planificación, estudios técnicos, análisis económicos, impacto ambiental, procesos de contratación, supervisión especializada, control de calidad, manejo financiero y evaluación de resultados.
Cuando esas responsabilidades recaen en equipos sin la preparación suficiente, el resultado suele repetirse una y otra vez.
Obras paralizadas.
Expedientes mal elaborados.
Adicionales de obra.
Arbitrajes millonarios.
Sobrecostos.
Corrupción.
Y, finalmente, ciudadanos que continúan esperando servicios básicos que nunca llegan.
La política no puede seguir administrando la ingeniería
Quizá ha llegado el momento de reconocer una realidad incómoda.
Los gobernadores regionales y alcaldes son elegidos para conducir políticamente sus territorios, interpretar las necesidades de la población y representar la voluntad democrática.
Pero eso no significa que deban convertirse también en gerentes de megaproyectos de infraestructura.
Un excelente líder político no necesariamente es un buen administrador de inversiones públicas.
Y no tendría por qué serlo.
Así como un ministro de Salud no realiza personalmente una cirugía, tampoco una autoridad política debería dirigir la ejecución técnica de proyectos multimillonarios.
Cada función exige conocimientos especializados.
Una reforma que el Perú necesita
Ha llegado el momento de discutir una reforma profunda del modelo de inversión pública.
Proponemos la creación de una Autoridad Nacional para el Desarrollo Territorial, un organismo técnico, autónomo, altamente especializado y completamente independiente de los cambios políticos.
Su misión sería asumir, durante un período inicial de cuatro años, la ejecución de las inversiones públicas de los gobiernos regionales y municipales.
No se trata de recentralizar el país.
Se trata de profesionalizar la inversión pública.
Esta autoridad estaría integrada por una verdadera élite de profesionales: ingenieros, arquitectos, economistas, planificadores, abogados especializados en contratación pública, especialistas en gestión ambiental, supervisores de obras, auditores y expertos en control gubernamental, todos seleccionados mediante concursos públicos y evaluaciones permanentes.
Su trabajo abarcaría la planificación de proyectos, la elaboración de expedientes técnicos, las licitaciones, la supervisión de obras, el control de calidad y el seguimiento financiero hasta la entrega definitiva de cada infraestructura.
¿Qué papel tendrían los alcaldes y gobernadores?
Lejos de perder protagonismo, las autoridades elegidas por voto popular recuperarían el rol que realmente les corresponde.
Serían quienes identifiquen las necesidades de su población, prioricen las inversiones, coordinen con las organizaciones sociales, fiscalicen la ejecución de las obras y exijan resultados.
En otras palabras:
La política definiría las prioridades.
Los técnicos ejecutarían las inversiones.
Ese equilibrio permitiría reducir la influencia de intereses particulares sobre el manejo del presupuesto público y fortalecería la transparencia.
El verdadero ahorro
Hoy una parte importante de los presupuestos regionales y municipales se consume en gastos corrientes: exceso de personal de confianza, consultorías innecesarias, viáticos, publicidad institucional, ceremonias, alquileres, viajes y estructuras administrativas que muchas veces aportan poco al desarrollo.
Cada sol que se desperdicia en burocracia es un sol que deja de invertirse en una escuela, un centro de salud, una carretera o un sistema de agua potable.
Una administración técnica permitiría reducir significativamente esos gastos, estandarizar procesos, evitar duplicidades y concentrar los recursos en inversiones de alto impacto social.
No solo habría menos corrupción.
También habría más obras y mejores obras.
La evaluación será la mejor respuesta
Esta reforma no debe ser permanente desde el primer día.
Debe implementarse inicialmente como una política de Estado con una duración de cuatro años.
Al término de ese período, una comisión independiente evaluaría sus resultados.
Si disminuyeron las obras paralizadas.
Si se redujo la corrupción.
Si aumentó la calidad de la infraestructura.
Si se ejecutó mejor el presupuesto.
Si los ciudadanos recibieron mejores servicios.
Y, sobre todo, si el Perú avanzó más de lo que avanzó durante las últimas dos décadas.
Si los resultados son positivos, el país habrá encontrado un nuevo camino para construir desarrollo.
Una decisión impostergable
Seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes es condenar al Perú al estancamiento.
No podemos continuar entregando enormes presupuestos a estructuras administrativas que, en demasiados casos, han demostrado ser incapaces de transformar esos recursos en bienestar para la población.
La descentralización no debe medirse por la cantidad de dinero que reciben las regiones, sino por la capacidad de convertir ese dinero en progreso.
Hoy el Perú necesita menos improvisación y más profesionalismo.
Menos reparto de cargos y más concursos públicos.
Menos operadores políticos y más especialistas.
Menos burocracia y más desarrollo.
Porque el problema nunca ha sido la falta de recursos.
El verdadero problema ha sido la falta de capacidad para administrarlos con eficiencia, transparencia y visión de futuro.
Ha llegado la hora de construir un Estado donde la política siga representando la voluntad popular, pero donde la ejecución del desarrollo esté en manos de quienes realmente saben cómo hacerlo.
Ese es el gran debate que el Perú ya no puede seguir postergando.
