Muchos sostienen que el Perú está condenado a vivir los mismos niveles de violencia que padecen otros países de la región. No comparto esa visión pesimista.
Nuestro país enfrenta hoy una grave crisis de seguridad ciudadana. La extorsión, el sicariato y el crimen organizado se han expandido de manera alarmante. Sin embargo, también es cierto que el Perú no tuvo históricamente estos niveles de violencia.
Hace apenas dos décadas el sicariato era un delito excepcional. La mayoría de los peruanos conocía esa palabra por las noticias que llegaban desde Colombia, donde el narcotráfico convirtió los asesinatos por encargo en una práctica habitual. En el Perú esa realidad parecía lejana. Hoy, lamentablemente, forma parte de nuestra vida cotidiana.
¿Qué ocurrió? Durante años el Estado permitió que crecieran las organizaciones criminales. La falta de inteligencia policial, la corrupción, la debilidad del sistema de justicia y la sensación de impunidad crearon el escenario ideal para que el crimen organizado se fortaleciera. A ello se sumó la presencia de organizaciones criminales transnacionales que introdujeron formas de violencia mucho más agresivas y sofisticadas.
Pero sería un error pensar que el problema es irreversible.
A diferencia de otros países donde la violencia criminal lleva varias décadas profundamente arraigada, el Perú todavía está a tiempo de impedir que ese fenómeno se consolide definitivamente. Para lograrlo no hacen falta promesas demagógicas de acabar con la delincuencia en seis meses, sino una política de Estado sostenida.
La prioridad debe ser recuperar el principio de autoridad. Más inteligencia policial, investigación criminal, control migratorio, lucha frontal contra las organizaciones criminales nacionales y extranjeras, fortalecimiento de las unidades de investigación y un sistema judicial que sancione con rapidez y eficacia.
La experiencia demuestra que el delincuente actúa cuando percibe que las posibilidades de ser detenido son mínimas. Cuando sabe que existe vigilancia, seguimiento e investigación permanente, su margen de acción disminuye considerablemente.
No se trata únicamente de aumentar las penas, sino de garantizar que quien delinque sea identificado, capturado y condenado. La verdadera disuasión nace de la certeza del castigo, no de la severidad escrita en un código penal.
El Perú aún puede evitar que la violencia alcance los niveles observados en otras naciones latinoamericanas. Pero el tiempo juega en contra. Cada año de inacción fortalece a las organizaciones criminales y hace más difícil recuperar el control.
La delincuencia no desaparecerá por completo, porque ningún país del mundo lo ha conseguido. Sin embargo, sí puede reducirse de manera significativa si el Estado actúa con inteligencia, decisión y continuidad. El desafío no consiste en prometer milagros, sino en reconstruir la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley y devolverle a los ciudadanos la confianza de que vivir seguros vuelve a ser posible.
