La suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación marca un antes y un después en la historia reciente del Perú. Por segunda vez en menos de dos años, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aparta a la máxima autoridad del Ministerio Público. Y aunque la medida es provisional, todo apunta a que este episodio es parte de una estrategia mayor: el copamiento final de la Fiscalía por parte del poder político que gobierna desde el Congreso y el Ejecutivo.
La independencia en peligro
Lo que está en juego no es el cargo de una persona, sino la autonomía de la institución encargada de perseguir el delito y garantizar la legalidad. Si el reemplazo de Espinoza termina siendo alguien alineado con los intereses de la coalición que controla el Parlamento —y que ha demostrado no tener reparos en sancionar, suspender o destituir a quien no le es funcional— el Ministerio Público perderá la poca independencia que le quedaba.
Un Ministerio Público sometido significará investigaciones selectivas: mano dura contra opositores, vista gorda para aliados. Eso no es un temor abstracto, ya lo hemos visto en otros países de la región donde el autoritarismo avanza disfrazado de legalidad.
Patricia Benavides y el retorno del pasado
El nombre de Patricia Benavides suena como la favorita para volver al cargo, a pesar de que fue suspendida por seis meses en 2023 por presuntamente liderar una organización criminal al interior de la propia institución. Hoy, esa suspensión ha quedado atrás y, para algunos, es la pieza perfecta para “tender puentes” con el Congreso y el Ejecutivo.
¿Tender puentes para qué? Para asegurar presupuesto, para calmar las aguas, para garantizar la gobernabilidad de quienes hoy detentan el poder. El problema es que esa gobernabilidad se logra al precio de sacrificar la independencia institucional.
Una JNJ en entredicho
La Junta Nacional de Justicia, que debería ser el garante de la carrera fiscal y la independencia de jueces y fiscales, ha sido convertida en un actor político más. Sus decisiones parecen responder más a los intereses del bloque congresal que a criterios estrictamente jurídicos. Con Espinoza fuera del cargo, se abre el camino para que la Fiscalía quede finalmente alineada al poder político.
Un país más desprotegido
Mientras tanto, el crimen organizado, la corrupción y la violencia avanzan. Las investigaciones se detienen o se dirigen selectivamente. La ciudadanía queda a merced de un sistema de justicia que responde a cálculos de corto plazo y no a principios.
Conclusión: lo que está en juego es la República
El Perú está frente a un riesgo enorme: la captura del último bastión de independencia que le quedaba al Estado. Si el Ministerio Público cae, el sistema de contrapesos queda prácticamente destruido.
Por eso este no es un tema que solo interese a los abogados o a los políticos: es un problema de todos los ciudadanos. Porque cuando el poder controla la justicia, ya no hay quién lo detenga.
Hoy más que nunca es momento de estar vigilantes y de exigir que la elección del próximo fiscal de la Nación no sea un reparto político sino un acto de defensa de la democracia. Si no lo hacemos, el futuro nos cobrará la factura.
Fuente: La República
