La noticia de turistas varados en Machu Picchu no debería sorprendernos, pero sí debería indignarnos. Estamos hablando de una de las maravillas del mundo moderno, un símbolo global del Perú, y sin embargo su acceso depende de acuerdos precarios, concesiones disputadas y decisiones improvisadas.
El turismo es un motor económico que podría sostener a miles de familias, pero en nuestro país sigue siendo tratado como un asunto secundario, sin una estrategia nacional clara. La crisis en Cusco —con comuneros, empresas de transporte, municipios y ministerios peleando entre sí— es el reflejo de un Estado ausente, incapaz de garantizar un servicio seguro, continuo y de calidad para quienes llegan desde todo el mundo.
Comunidades y Estado: de la tensión a la alianza
No basta con administrar boletos y horarios de ingreso. Se necesita una política de Estado que involucre a las comunidades aledañas de manera real, no simbólica, para que sean beneficiarias directas de la actividad turística. Esto reduciría la conflictividad social y convertiría a los pobladores en los principales defensores del patrimonio.
México, Colombia y hasta países con menos atractivos históricos que el Perú, han convertido el turismo en un motor económico sostenible. Aquí, en cambio, seguimos improvisando: carreteras deficientes, servicios caros e inseguros, gastronomía sin estándares de calidad, en muchos corredores turísticos, ausencia de seguridad integral y un sistema de transporte que colapsa en cada temporada alta.
De la crisis a la oportunidad
Lo ocurrido en Machu Picchu debe ser la última llamada de atención. Se requiere:
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Plan integral de transporte y accesibilidad a Machu Picchu, con rutas alternativas y participación de comunidades.
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Capacitación masiva de actores turísticos, con enfoque en hospitalidad, higiene y atención al visitante.
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Estándares de calidad obligatorios en gastronomía, hoteles, transporte y guías.
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Promoción internacional seria, que muestre al Perú como un destino seguro y organizado, no caótico.
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Política nacional de turismo sostenible, articulada entre el gobierno central, regiones y municipios.
El turismo puede ser el gran motor económico del país, pero mientras sigamos dependiendo de parches y treguas de 72 horas, lo único que lograremos es espantar visitantes y destruir la reputación que tanto nos ha costado construir.
Machu Picchu no puede seguir rehén de intereses políticos, concesionarios beneficiados con poca transparencia y ahora en disputa o autoridades pasivas. Si no convertimos esta crisis en una oportunidad para profesionalizar y modernizar el turismo, no será solo una maravilla del mundo la que se verá afectada, sino el futuro de miles de familias que dependen de esta industria.
