Rafael López Aliaga no se fue de la alcaldía en silencio. Renunció para postular a la Presidencia en las elecciones generales de 2026, pero antes hizo gala de un espectáculo político financiado —según los informes de fiscalización— con recursos y personal de la propia comuna. Un acto que, si se confirma, no es solo un error ético: es una vulneración abierta al principio de neutralidad electoral y un probable delito de uso indebido de bienes públicos.
El 12 de octubre, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, se realizó la llamada “Rendición de Cuentas 2025”, un acto oficial transmitido en vivo por las redes de la Municipalidad de Lima. Pero lo que debió ser un balance institucional terminó convertido en una fiesta partidaria: arengas de “¡Porky Presidente!”, carteles con imágenes alusivas a su candidatura, niños con discursos ensayados y escenografía celeste —color de su partido político—.
Mientras algunos aplaudían, otros tomaban nota: el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 abrió una investigación por presunta vulneración de la neutralidad electoral. El uso de recursos públicos con fines políticos está prohibido por ley y constituye una falta grave que debe ser sancionada.
Lo más grave no es solo la escenografía de un caudillo. Es que empleados municipales fueron usados como soporte logístico del evento. Comida, carteles, personal, infraestructura: todo al servicio de una puesta en escena política que no debió ocurrir en un acto institucional. Quienes autorizaron y ejecutaron estos gastos tienen responsabilidad administrativa y posiblemente penal.
¿Y qué ocurrirá? Muy probablemente, nada. López Aliaga es líder de Renovación Popular, partido integrante de la coalición que sostiene al gobierno actual. Cuando la fiscalización depende de quienes deben ser fiscalizados, la impunidad se vuelve costumbre.
Pero no se puede normalizar la majadería de convertir la gestión pública en plataforma electoral personal. El alcalde que prometió austeridad se despidió con fanfarria pagada por todos los limeños. Y eso, en cualquier democracia seria, es inaceptable.
El Ministerio Público del Perú y la Contraloría General de la República del Perú tienen la obligación de investigar de manera rigurosa este caso. No se trata solo de un “show de despedida”. Se trata de un mensaje peligroso: que quien tiene poder puede usar el Estado como trampolín electoral sin consecuencias.
Pobre Perú, cuando el poder se cree intocable.
