El debate sobre el origen de ciertos alimentos, y su inclusión o no en el etiquetado, es recurrente. El episodio más reciente sucedió hace unos días, cuando la Federación de Consumidores y Usuarios CECU y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denunciaron ante la Dirección General de Consumo un supuesto incumplimiento de la normativa en unos tomates cherry vendidos por la cadena de supermercados Carrefour. En concreto, ambas entidades sostenían que estos artículos venían etiquetados como originarios de ‘Marruecos’ cuando serían del Sáhara Occidental (un territorio en disputa y cuya soberanía reclama este país africano). Desde el citado grupo distribuidor aseguraban a este medio que «cumplen con sus obligaciones de etiquetado y trazabilidad de producto» y mostraban su «plena disposición a abordar e implementar cualquier nuevo etiquetado o exigencia reglamentaria». Controversias similares han tenido como protagonistas a la miel, el arroz, las conservas…
La principal norma en este ámbito es el Reglamento Europeo 1169/2011 de 25 de octubre de 2011 sobre información alimentaria facilitada al consumidor. En la misma se establece la obligación de que, en el etiquetado de los alimentos, se incluya información tan diversa como la razón social o denominación del fabricante/envasador/vendedor establecido en la Unión Europea (UE), la lista de ingredientes (incluyendo alérgenos), la información nutricional y el lugar de origen o procedencia. En este último caso es obligatorio en caso de artículos como la carne de vacuno (y productos basados en esta materia prima), la carne fresca de cerdo, ovino, caprino y aves de corral. Además este dato también debe ser incluido en el caso de las frutas y hortalizas, el pescado, el aceite de oliva (en el caso del virge y virgen extra) y la miel, así como en aquellos casos en que pueda su omisión pueda resultar un engaño al consumidor. Lo que ha permitido extender este requisito a la leche y los productos lácteos derivados desde 2018.
Desde la entrada en vigor de esta regulación, las principales organizaciones de productores primarios y de consumidores vienen pugnando por extender esta última obligación. Algo que han logrado, al menos parcialmente, en el caso de la leche y, sobre todo, la miel. El director de la oficina de Asaja en Bruselas, José María Castilla, asegura que «lo único que queremos es que se ponga la procedencia, para mayor transparencia de cara al consumidor». En este sentido, añade «que si fijan de dónde vienen los productos alimentarios, el consumidor puede tomar decisiones y elegir qué consume». Esta organización agraria impulsa junto a la italiana Confederazione Nazionale Coldiretti una iniciativa ciudadana europea, similar a la Iniciativa Legislativa Popular española, para generalizar la obligación de indicar el origen en todos los productos alimentarios. Con casi 762.000 firmas se acerca a la meta del millón de rúbricas necesarias de 7 países miembros, para que sea considerada por las autoridades comunitarias.
En el caso de la miel, la presión del sector apícola – que ha venido protagonizando desde 2020 concentraciones periódicas ante el Ministerio de Agricultura, incluso con réplicas en países vecinos – logró que a principios del año pasado, tras la última presidencia española de la Unión Europea (UE) en el segundo semestre de 2023, se modificara las conocidas como directivas de desayuno para impulsar la introducción en los envases de miel no solo del nombre de los países de origen de las mezclas -algo ya obligatorio desde la pandemia en España- sino el porcentaje de cada uno dejando la flexiblidad a los estados para señalar solo las 4 naciones principales, y se elimina también la variedad miel filtrada. A pesar de lo anterior, organizaciones agrarias como COAG han venido denunciando que la industria española sigue apostando más por producción foránea, aunque este año en menor medida. Especialmente de Ucrania y China, con 1.964 y 1.875 toneladas en el primer trimestre de este año, respectivamente.
Un sector que, según el último informe del Ministerio de Agricultura publicado ayer, ha visto su producción aumentar un 20% hasta las 33.134 toneladas tras dos años bajo mínimos históricos. Lo que les deja en proporciones de 2021. Con 36.833 explotaciones registradas, un 0,2% menos, cuenta con un elevado nivel de profesionalización. A pesar de ello, las importaciones alcanzaron en el año pasado las 35.572 toneladas aumentando un 13% mientras que se exportaron 26.942 toneladas de miel ‘made in Spain’ especialmente a Francia, Alemania , Italia y Portugal (un 13% menos). Al respecto, Castilla (Asaja) apunta que «sigue entrando miel fraudulenta» y considera que hará falta otro cambio en el etiquetado.
La controversia sobre el etiquetado también ha alcanzado otro producto emblemático ‘made in Spain’: el arroz. La materia prima de uno de los platos más universales de la cocina española: la paella. Productores valencianos, a través de organizaciones como la Unió Llauradora y Ramadera, denunciaban el pasado mes de julio que grandes empresas arroceras de la zona no especificaban en los paquetes de arroz el origen, que terminaban en los lineales de la gran distribución. Incluso, añadían, «algunas de ellas venden arroz de fuera como si fuera valenciano, indicando en la etiqueta únicamente el distribuidor local y que está envasado en la Comunidad Valenciana».
En este sentido, fuentes consultadas de esta organización agraria, también hablan de «masiva importación de arroz» (hablaban de casi 20.000 toneladas importadas en el mes anterior) y reclaman cambios en el reglamento europeo 1169/2011 «para que se incluya el arroz dentro de la lista de productos de la UE en los que es obligatorio indicar su origen en las etiquetas». De igual modo, también han presentado mociones en todos los ayuntamientos valencianos ubicados en zonas productoras de arroz. » Es fundamental para nosotros como agricultores, y a la vez consumidores, que se refleje el origen de los productos/alimentos en sus etiquetas», señalan desde Unió.
Tampoco se ha librado de este debate uno de los habituales de nuestra cesta de la compra: las latas de atún. Por persona y año, los españoles consumimos 1,95 kg, según el último informe de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura correspondiente a 2024 y, por este producto, pagamos de media 10,09 euros por kilo. Desde el sector productor, principalmente la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC) han venido reclamando impulsar el ‘made in Spain’ y perfeccionar el etiquetado de este producto. A la pregunta de este medio de dónde viene el atún enlatado, que acompañan a nuestras ensaladas durante esta agobiante canícula, el presidente de OPAGAC y máximo responsable también de la patronal pesquera Cepesca Julio Morón señalaba que «de un montón de sitios como Ecuador, de África, de Asia… de cualquier sitio». Al respecto, criticaba que echaba de menos datos sobre el origen de la materia prima que contienen las latas, el barco que lo ha pescado y dónde se ha precocinado, entre otros extremos.
En cualquier caso, desde esta organización aseguraban que los cambios en el etiquetado del pescado estaba siendo estudiado en Bruselas, aunque en el sector tienen la vista puesta en otras alternativas como la Directiva Europea de Diligencia Debida, que persigue obligar a las empresas a mitigar su impacto negativo sobre las personas y el medioambiente.. En paralelo, a preguntas de este medio, las empresas conserveras recordaban que España es «el principal productor en la Unión Europea y el segundo a nivel mundial, después de Tailandia». Además ponían en valor «los altos estándares en trazabilidad, sostenibilidad y seguridad alimentaria» bajo los que realizan su actividad transformadora.
