El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un paso más en su batalla de aranceles. El inquilino de la Casa Blanca ha acudido al Tribunal Supremo, donde los jueces conservadores son mayoría, para pedir que confirme la oleada de impuestos al comercio que aprobó en el llamado ‘Día de la Liberación’ y que fueron declarados ilegales la pasada semana por un Tribunal de Apelación del Circuito Federal del país. Trump quema una última bala para evitar tener que devolver miles de millones de dólares a las empresas de los países afectados por sus nuevas tasas.
El tribunal dictaminó que Trump no puede fijar impuestos a gran escala a las importaciones invocando una ley de 1977, que además fue diseñada para abordar emergencias nacionales. Tan solo el riesgo financiero convierte este caso en uno de los más cuantiosos jamás presentados ante la Corte Suprema. Una derrota de Trump ante los tribunales reduciría al menos a la mitad el arancel efectivo promedio actual de EEUU, que ha quedado fijado en el 16,3% tras los últimos anuncios del mandatario, y podría obligar a Washington a «reembolsar decenas de miles de millones de dólares», según Bloomberg Economics.
También podría trastocar los acuerdos comerciales preliminares que Trump ha ido firmando con algunos países. Los gravámenes siguen vigentes porque el tribunal suspendió su decisión hasta el 14 de octubre para darle tiempo a al Gobierno de ejercer su derecho de apelación. Los impuestos impugnados incluyen los aranceles anunciados el 2 de abril, que imponen gravámenes del 10 al 50% a la mayoría de las importaciones estadounidenses, en función del país de origen.
Estos aranceles suponen el mayor aumento de los impuestos comerciales desde los gravámenes Smoot-Hawley, aprobados en 1930 y que agravaron los efectos de la Gran Depresión en la economía estadounidense. Suponen, de hecho, que el arancel promedio aplicado por al primera economía del mundo se sitúe en su nivel más alto en más de un siglo. Trump ha presentado los aranceles como esenciales para equilibrar las condiciones de competencia para las empresas y los trabajadores estadounidenses en medio de un déficit comercial crónico.
Este jueves, el Departamento de Comercio de EEUU ha confirmado que ese agujero entre lo que el país importa y lo que exporta engordó un 32,5% en julio hasta los 78.300 millones de dólares, alrededor de 67.267 millones de euros al cambio actual. Esto se debe al fuerte aumento de las importaciones por parte de las empresas que buscaron anticiparse todo lo posible a la llegada de las nuevas tasas, frente a unas exportaciones que se estabilizaron.
Las tasas que Trump impuso al acero, al aluminio y a los automóviles se fijaron bajo una ley diferente, por lo que la apelación no las afecta directamente. El caso de la Corte Suprema también abordará aquellos que la Casa Blanca estableció para Canadá, México y China con el pretexto de combatir el tráfico de fentanilo.
Si aceptan el caso, los jueces del Supremo tendrán que lidiar con una ley que otorga al presidente un amplio abanico de herramientas para abordar la seguridad nacional, la política exterior y las emergencias económicas, pero que no menciona explícitamente los aranceles como una de esas facultades.
Sin embargo, el verdadero problema no es si los aranceles se mantendrán a largo plazo, puesto que, según Lale Akoner, analista Global de Mercados de eToro, la Casa Blanca tiene un ‘plan B’ para reimponerlos por otros medios. «El dilema a corto plazo radica en si será necesario reembolsar los aranceles existentes. Si la Corte Suprema falla en contra de la administración, alrededor de 100.000 millones de dólares en reembolsos podrían volver a las empresas», sostiene el experto.
