La crisis diplomática entre Estados Unidos y Brasil ha abierto un debate que trasciende la relación bilateral. Lo que está en juego no es únicamente un desacuerdo entre dos gobiernos con orientaciones ideológicas distintas, sino la forma en que la principal potencia mundial parece estar redefiniendo su política hacia América Latina.
Las recientes decisiones de la administración de Donald Trump —aranceles con evidente contenido político, la revocación de la visa de la embajadora brasileña en Washington y las presiones diplomáticas derivadas de la designación del nuevo embajador estadounidense— han sido interpretadas por diversos analistas como una forma de influir en el escenario político brasileño de cara a las próximas elecciones.
Si esa percepción se consolida, América Latina podría estar asistiendo al retorno de una política de injerencia más abierta y menos preocupada por las formas diplomáticas que caracterizaron, al menos públicamente, a otras administraciones estadounidenses.
Estados Unidos ha ejercido históricamente una enorme influencia política sobre la región. Durante la Guerra Fría, muchas de sus intervenciones permanecieron ocultas o se desarrollaron mediante operaciones de inteligencia, apoyo financiero, presión diplomática o alianzas con determinados sectores políticos y militares. Esa influencia rara vez se reconocía de manera abierta.
Lo novedoso del actual escenario es que la presión parece ejercerse con mucha mayor visibilidad. Las amenazas comerciales, las sanciones diplomáticas y los pronunciamientos públicos forman parte de una estrategia que ya no parece ocultarse tras los tradicionales canales discretos de la diplomacia.
Naturalmente, desde Washington estas decisiones se presentan como respuestas legítimas a diferencias políticas y diplomáticas con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, desde Brasil y desde distintos sectores académicos existe la percepción de que tales medidas buscan también favorecer un escenario político más cercano a los intereses de la actual administración estadounidense y de los sectores conservadores brasileños.
De confirmarse esa tendencia, América Latina volvería a enfrentar un viejo dilema: cómo preservar la autonomía de sus procesos democráticos frente a las presiones de las grandes potencias.
La soberanía de los Estados no puede depender de la afinidad ideológica que exista entre los gobiernos de turno. Los cambios políticos deben ser decididos exclusivamente por los ciudadanos de cada país mediante elecciones libres, transparentes y sin interferencias externas, cualquiera sea su origen.
La historia demuestra que toda injerencia extranjera termina debilitando la legitimidad de las instituciones democráticas. Cuando una potencia intenta influir abierta o indirectamente en el resultado político de otra nación, inevitablemente se deterioran la confianza mutua, la cooperación internacional y el principio de igualdad soberana entre los Estados.
Brasil es hoy el principal escenario de esta tensión, pero mañana podría ser cualquier otro país latinoamericano.
La política exterior de Estados Unidos ha experimentado importantes cambios a lo largo de su historia. Cada administración imprime su propio estilo y sus propias prioridades. Del mismo modo, los resultados de las futuras elecciones legislativas y presidenciales en ese país podrían conducir nuevamente a una estrategia distinta hacia América Latina, privilegiando mecanismos tradicionales de diálogo y cooperación o, por el contrario, profundizando la actual línea de confrontación.
Lo deseable sería que las relaciones interamericanas vuelvan a sustentarse en el respeto mutuo, la no intervención, el diálogo diplomático y la cooperación entre iguales. Las diferencias ideológicas son naturales en democracia; convertirlas en instrumentos de presión internacional constituye un camino que solo incrementa la desconfianza entre las naciones.
América Latina necesita socios, no tutores; cooperación, no condicionamientos; diálogo, no amenazas. El fortalecimiento de la democracia en la región dependerá, en buena medida, de que las decisiones fundamentales continúen perteneciendo exclusivamente a sus pueblos y no a intereses externos, por poderosos que estos sean.
