Meta se ha sentado una vez más en el banquillo de los acusados en Estados Unidos, enfrentada a la acusación de haber diseñado deliberadamente funciones adictivas para enganchar a niños y jóvenes a sus plataformas. Aunque la empresa ha negado de forma rotunda las acusaciones, ha aceptado pagar 18.000 millones de dólares para llegar a un acuerdo y evitar así ser juzgada por un jurado. En el marco de este litigio, Adam Mosseri, el máximo responsable de Instagram, subió al estrado para declarar y terminó admitiendo una diferencia fundamental: una cosa es disponer de herramientas de seguridad y otra muy distinta es que esas herramientas sirvan realmente para lo que fueron creadas.
Los hechos han sido detallados por el diario The New York Times. El pasado martes, Mosseri testificó ante el Tribunal de Distrito de Oakland, convirtiéndose en el primer alto ejecutivo de la empresa en comparecer en este proceso. Durante la audiencia, el abogado de la acusación presentó documentos internos de Meta en los que las propias herramientas de seguridad para adolescentes aparecían descritas como “pruebas” que “no eran eficaces para reducir conductas problemáticas”. Ante esa evidencia, Mosseri reconoció abiertamente que ciertas funciones de protección puestas a disposición de los usuarios menores no tienen efecto real ni sobre la frecuencia con la que acceden a la plataforma ni sobre el tiempo que pasan en ella. “No existen soluciones mágicas para problemas como este”, llegó a admitir durante su intervención.
La sesión reveló además cómo fue concebida esa supuesta protección. También testificó Francesco Fogu, director de diseño de producto de Instagram, quien reconoció que funciones como “Tómate un descanso” o el modo silencioso se lanzaron como opciones que cada usuario debe activar por su cuenta, sin que se aplicaran de forma automática. Cuando el abogado de la acusación le preguntó directamente si entendía que, al no activarse por defecto, serían muchos menos los adolescentes que llegarían a usarlas, Fogu asintió. Es la otra cara de la declaración de Mosseri: puede que no existan soluciones mágicas, pero lo que los documentos y las declaraciones ponen de manifiesto es que Meta optó deliberadamente por la versión menos efectiva de las soluciones que sí tenía a su alcance.
Este es el primero de una serie de casos federales impulsados por cuatro estados —California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey— que reclamaban a la compañía cerca de 200.000 millones de dólares en sanciones, una cifra equivalente a más del 14% del valor bursátil de la empresa. Se les acusa de haber violado la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, conocida como COPPA, además de haber engañado a los consumidores al presentar sus plataformas como espacios seguros, cuando internamente estudiaban y conocían perfectamente los riesgos que suponían para la salud y el desarrollo de los jóvenes. En lugar de esperar al veredicto, Meta ha decidido cerrar el frente mediante un acuerdo con una coalición de fiscales generales, que todavía debe recibir aprobación judicial.
El acuerdo incluye también cambios concretos en el funcionamiento de las plataformas. Las cuentas de menores de 18 años tendrán por defecto un límite máximo combinado de dos horas diarias entre Facebook e Instagram, con bloqueo total de acceso entre las doce de la noche y las seis de la mañana, además de notificaciones silenciadas de forma predeterminada durante la noche y en horario escolar. Los adolescentes también podrán elegir una sección de publicaciones sin personalización, desactivar la reproducción automática de vídeos y dejar de ver el recuento de “me gusta” en las publicaciones. Meta se compromete además a endurecer aún más estas medidas si plataformas competidoras como Snapchat, TikTok o YouTube adoptan disposiciones similares, aunque todo indica que estos cambios podrían aplicarse únicamente en Estados Unidos y no extenderse de forma inmediata al resto del mundo.
A pesar del acuerdo y de los compromisos adquiridos, Meta ha mantenido hasta el final su postura defensiva. La empresa ha negado las acusaciones argumentando que no existe evidencia científica concluyente que demuestre que sus aplicaciones causen adicción, y ha citado como amparo legal la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que exime a las plataformas de responsabilidad por el contenido que publican sus usuarios. Lo más destacado del acuerdo, sin embargo, es que aunque Meta ha aceptado pagar una cifra multimillonaria y modificar el funcionamiento de sus servicios, sigue sin admitir que haya actuado de forma ilícita. El pago de los 18.000 millones de dólares se presenta así como una forma de poner fin al proceso sin que la compañía tenga que reconocer responsabilidad alguna, en lo que puede verse como una decisión calculada para evitar un fallo judicial que habría tenido consecuencias aún más graves y sentado un precedente difícil de sortear en el futuro.
