Ecuador atraviesa una de las crisis políticas y sociales más graves de los últimos años. Una crisis que no nació con las recientes protestas, sino que se gestó antes de las elecciones presidenciales de 2024, cuando el país fue testigo de una campaña marcada por el odio, la manipulación mediática y la intervención abierta de los poderes fácticos.
Durante el proceso electoral, la candidata correísta Luisa González aparecía como amplia favorita en todas las encuestas. Sin embargo, en un giro que aún genera sospechas, el entonces outsider Daniel Noboa terminó imponiéndose por más de diez puntos. El Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por figuras afines al poder económico y mediático, proclamó su victoria sin mayores reparos, mientras los medios más influyentes celebraban el resultado como una “renovación democrática”.
Para muchos ecuatorianos, no fue una elección libre, sino una operación política cuidadosamente planificada, en la que los grandes conglomerados mediáticos y empresariales lograron imponer una narrativa destinada a bloquear el retorno del progresismo. El correísmo, pese a su influencia social y a la indignación de sus bases, terminó cediendo ante la imposición y aceptando una realidad electoral que, por más injusta que pareciera, se presentó como inevitable.
A casi un año del triunfo de Noboa, la situación del país no ha mejorado; por el contrario, se ha deteriorado drásticamente. Las promesas de orden, progreso y estabilidad se han transformado en medidas de ajuste que golpean con dureza a los sectores más vulnerables. La eliminación del subsidio al diésel, anunciada el 12 de septiembre, encendió la chispa del descontento popular.
El precio del combustible subió de 1,80 a 2,80 dólares por galón, afectando a los transportistas, agricultores y pescadores —en su mayoría indígenas y campesinos— que ya enfrentaban una economía estancada y desigual. Las protestas no tardaron en estallar, con movilizaciones masivas que paralizaron provincias enteras y obligaron al gobierno a desplegar 5.000 soldados en Quito para contener la revuelta.
Los enfrentamientos han dejado un muerto, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos, en un clima que recuerda los episodios más duros de represión vividos durante el mandato de Lenín Moreno. El líder indígena Marlon Vargas, al frente de las protestas, advirtió que el pueblo ecuatoriano no se dejará intimidar por la militarización y que “la dignidad no se negocia”.
La respuesta del gobierno ha sido la misma de los viejos manuales autoritarios: criminalizar la protesta. Quienes se manifiestan son acusados de “terrorismo”, “vandalismo” o “sicariato político”, etiquetas que buscan justificar detenciones arbitrarias y desactivar la resistencia social. Es un patrón repetido: los gobiernos que representan los intereses de los poderosos suelen recurrir a la fuerza y al miedo cuando sienten que pierden legitimidad.
La prensa corporativa, lejos de ejercer su rol fiscalizador, actúa como un escudo propagandístico del poder. En lugar de abrir el debate nacional sobre la desigualdad o la legitimidad del proceso electoral, se dedica a desacreditar a los manifestantes, a encubrir la represión y a demonizar cualquier voz crítica. En ese contexto, la libertad de expresión —ese derecho que el gobierno dice defender— empieza a ser letra muerta.
Ecuador vive hoy el resultado de un proyecto político impuesto desde arriba, diseñado para asegurar los privilegios de una minoría mientras el resto del país paga el costo del ajuste. Los sectores empresariales y financieros celebran, pero las calles cuentan otra historia: la del descontento, la pobreza y la exclusión.
El pueblo ecuatoriano ha comenzado a despertar nuevamente. Las protestas no son solo una reacción al precio del diésel, sino el reflejo de una fractura profunda entre un gobierno autoritario y una sociedad cansada de la manipulación. Lo que está en juego no es solo el modelo económico, sino el alma misma de la democracia ecuatoriana.
