La Resolución N.º4557-2026-JNE identificó que «en las elecciones regionales y municipales 2026, … 153 alcaldes provinciales o distritales … postularon al cargo de primer regidor…(y) en 76 la candidatura a alcalde fue excluida…, por lo que las respectivas listas participaron en la jornada electoral del 4 de octubre de 2026 sin candidato hábil a dicho cargo.» Para todos esos casos, el Jurado Nacional de Elecciones determinó que quienes ejercieron la alcaldía en el periodo 2023-2026 y postularon como primeros regidores en las listas ganadoras no pueden asumir nuevamente el cargo de alcalde. Por lo que quien asumirá será la persona que ocupe la segunda regiduría.
El fundamento es claro. El artículo 194 de la Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes. Esta prohibición no puede eludirse aprovechando la posibilidad de quien fue electo alcalde, de postular como primer regidor para luego asumir nuevamente la alcaldía por renuncia, exclusión, tacha o sucesión. Lamentablemente, lo tardío de esta obvia precisión podría leerse como una estafa electoral, dado que quiénes acudieron a las urnas pudieron interpretar el silencio previo del árbitro electoral, como un consentimiento de las burdas simulaciones de los electos alcaldes el 2022 para transgredir la Constitución. Es probable que de conocer que la norma se haría cumplir, muchos votantes del alcalde en reelección habrían votado en otro sentido.
Por ello este episodio confirma un consenso universal: el diseño del sistema electoral peruano no funciona bien, no sólo por la demora en fijar criterios como el anterior. También porque los resultados se entregan demasiado tarde y con excesiva controversia, afectando o la legitimidad o la preparación para el gobierno a cargo de las autoridades electas.
De otro lado, el control de irregularidades durante la contienda es de baja calidad, lo que genera impunidad de las micro trampas de quiénes contravienen normas o principios electorales, lo que genera un incentivo para normalizarlas. Recordemos que la prohibición de reelección tuvo su origen en la impunidad con que alcaldes electos usaban groseramente los recursos municipales para sus campañas reeleccionistas. Y esto tiene que ver con la falta de autoridad real para arbitrar las contiendas electorales. El sistema dual ONPE-JNE no está funcionando ni para la fiscalización de la legalidad electoral ni para la entrega oportuna de resultados definitivos, en ningún proceso electoral.
Por ello, propongo iniciar un debate para un nuevo sistema electoral que atienda:
Cambios constitucionales. Modificar los artículos 177, 178, 179, 181 y 182 de la Constitución para redefinir competencias, mecanismos de designación y responsabilidades de los integrantes del JNE y del jefe de la ONPE. Eventualmente, definir una sóla autoridad electoral, como ocurre en muchos países, sin perjuicio de controles administrativos o judiciales, al margen del conteo de votos y la proclamación de resultados.
Con una autoridad electoral fuerte, que sancione las prácticas contra la equidad en la contienda, modificar los artículos 191 y 194 de la Constitución para permitir una sola reelección inmediata de gobernadores y alcaldes.
Cambios legales. Reformar las leyes orgánicas del JNE (26486), ONPE (26487) y RENIEC (26497), así como la Ley Orgánica de Elecciones (26859), la Ley de Elecciones Municipales (26864) y la Ley de Organizaciones Políticas (28094). Con delimitación clara de competencias para fortalecer la fiscalización del financiamiento y otros aspectos de las campañas, con sanciones oportunas y procedimientos sencillos para todos los participantes, que alienten la participación ciudadana.
Cambios administrativos y tecnológicos para la participación política. Implementar el voto electrónico o la digitalización en mesa de las actas tras el escrutinio y su transmisión y sumatoria electrónica, con publicación de resultados agregados el mismo día de la elección; a la vez que se asegura la trazabilidad y la posibilidad de verificación ciudadana de cada voto.
Pues la democracia necesita reglas claras y árbitros confiables que garanticen la igualdad en la aplicación de las normas de las contiendas electorales. De esta manera las mayorías, incluso los más pobres, podrán contar con la institucionalidad democrática como vías de mejora de sus condiciones de vida y de la sociedad que las organiza.
