Durante la última década, el Perú no ha elegido gobernantes: los ha sorteado. No porque no existieran elecciones, sino porque como sociedad hemos dejado de hacernos la pregunta más elemental y más decisiva de todas: si la persona que iba a dirigir el país estaba realmente preparada para hacerlo.
No hemos pensado con responsabilidad si quien aspiraba a gobernar conocía el Perú real, si entendía de dónde vienen nuestros problemas, cuáles son sus causas profundas y, al menos en términos generales, cómo podrían resolverse. Hemos votado más por rechazo que por convicción, más por cansancio que por criterio, más por emoción que por análisis.
Es cierto que ningún gobernante puede saberlo todo. Pero también es cierto que hay un mínimo indispensable. Dirigir un país complejo exige comprender lo básico de su funcionamiento económico, social e institucional. Cuando ese conocimiento no existe, todo se convierte en duda, todo se consulta, todo se posterga. El gobierno deja de conducir y empieza a reaccionar.
Un gobernante puede no dominar cada detalle, pero debe tener claro hacia dónde conduce el vehículo en el que vamos todos. Cuando ni siquiera ese rumbo existe, el Estado se paraliza, la incertidumbre se vuelve norma y la improvisación se convierte en política pública.
En estos años hemos elegido actores claramente por debajo de la talla que el país necesitaba. No se trata de una crítica ideológica, sino de una constatación evidente: falta de preparación, desconocimiento del Estado, ausencia de equipos sólidos y desprecio por la planificación. El resultado ha sido un desgaste profundo como país. Nos hemos consumido en enfrentamientos estériles entre poderes, en conflictos que no han producido ningún beneficio colectivo, en una política ensimismada, más preocupada por sobrevivir que por gobernar.
La ideología ha pesado más que la realidad. El cálculo político más que las necesidades de la gente. El corto plazo más que el futuro.
El mayor daño de elegir mal no siempre es visible. No siempre se expresa en escándalos ni titulares ruidosos. Está en aquello que nunca ocurrió. En las inversiones que no llegaron por la permanente incertidumbre política. En las reformas que se anunciaron y jamás se ejecutaron. En la modernización del Estado que se postergó una y otra vez. En el crecimiento que pudo ser mayor y no lo fue.
Cada quinquenio desperdiciado no es solo tiempo perdido. Es desarrollo que no se alcanza, oportunidades que se evaporan, bienestar que se posterga para millones de personas.
Y, sin embargo, hay un hecho que debería obligarnos a una reflexión más seria y menos pasional: pese al cambio constante de presidentes, pese a la destrucción de instituciones y al deterioro de la política, la economía peruana no ha caído al mismo ritmo. No se ha desplomado como lo ha hecho la credibilidad del sistema político.
El país ha seguido produciendo, exportando, emprendiendo y adaptándose. El sector privado, los trabajadores y las regiones han sostenido una base económica que resiste más de lo que razonablemente debería resistir. Eso no es mérito de la política. Es evidencia de que el Perú avanza, muchas veces, a pesar de ella.
La pregunta incómoda es inevitable: si el país ha logrado sostenerse en medio del caos político, ¿cuánto más podría crecer con gobernantes preparados, inteligentes y con equipos capaces? ¿Cuánto hemos dejado de ganar como sociedad por elegir sin pensar? ¿Cuántas oportunidades se han perdido por confundir indignación con criterio?
Elegir mal no es solo responsabilidad de los políticos. Es una carga colectiva. Mientras sigamos aceptando candidatos sin preparación, sin equipos y sin visión clara, seguiremos pagando un precio silencioso pero enorme.
El Perú no necesita milagros ni salvadores. Necesita inteligencia en el poder. Porque cada elección hecha sin reflexión no solo define un gobierno: define todo lo que el país deja de ganar durante cinco años.
