Mientras el Congreso se encierra en sus pactos de poder para definir la nueva Mesa Directiva, el país se encamina —sin timón ni dirección— hacia un nuevo proceso electoral, probablemente el más riesgoso desde el año 2000. Y si bien los titulares se centran hoy en quién ocupará el sillón principal del Parlamento, lo verdaderamente trascendente es quién y cómo se disputará el futuro gobierno del Perú en el 2026.
El riesgo es claro: los extremos ya se están posicionando. De un lado, los sectores autoritarios, ultraconservadores y negacionistas —los llamados fachosaurios— que, en alianza con un grupo que se autodenomina de izquierda, han conformado en el Congreso actual una coalición no basada en coincidencias ideológicas o programáticas, sino en el intercambio de favores, el reparto de cuotas, y el control mafioso de las instituciones del Estado. Esta alianza ha copado el Ejecutivo, el Congreso, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y más. Lo suyo no es un proyecto de país: es una estrategia para blindarse y sostenerse en el poder.
Del otro lado, una izquierda radical, desordenada y sin propuestas concretas, que sigue cargando con sectores y liderazgos que eluden condenar la violencia, que no ofrecen salidas viables y que, lejos de renovar la esperanza, la diluyen en discursos vacíos, maximalismos y polarización.
Ambos extremos comparten una trágica característica: no tienen capacidad de gobernar, solo de confrontar. Uno promete seguridad a costa de los derechos; el otro grita justicia sin caminos claros. Y entre ellos, la democracia institucional, representativa y ciudadana queda atrapada, sin espacio ni liderazgo.
Lo preocupante es que, si bien esta coalición de extremos funciona hoy en el Congreso, es poco probable que se repita en el escenario electoral del 2026. Allí cada bando se presentará por separado. La extrema derecha ya despliega una estrategia clara: aparecer dividida en múltiples candidaturas —aparentemente plurales— para capturar los primeros lugares del voto conservador, y luego recomponer su coalición en el Congreso, asegurando mayoría y control institucional.
En este escenario, el centro político, la centroizquierda y la centroderecha democrática corren el riesgo de quedar fuera del juego, otra vez marginados por falta de audacia, organización o visión. Si no reaccionan ahora, si no articulan una alternativa fuerte, ética y moderna, corremos el riesgo de entregar el próximo gobierno a opciones que profundizarán la captura del Estado, la confrontación y el retroceso.
Este no puede ser un editorial más. Es un llamado urgente.
A los partidos democráticos que aún conservan algo de credibilidad, a los liderazgos jóvenes o experimentados, al empresariado responsable, a la academia crítica, a los colegios profesionales, a la prensa independiente, a la ciudadanía movilizada, les decimos:
Reaccionen. Articulen. Construyan una alternativa.
Nos queda menos de un año. El país necesita cuatro años de estabilización seria, reformas profundas, lucha frontal contra la corrupción y la inseguridad, reconstrucción del Estado, desarrollo económico y justicia social. Necesita gobernabilidad, sí. Pero no cualquier gobernabilidad: una gobernabilidad democrática, ética y con proyecto de país.
No podemos seguir entregando el destino del Perú a los extremos. Ya hemos pagado demasiado por esa irresponsabilidad. La historia no espera.
Y esta vez, el costo del silencio será demasiado alto.
