En Chiclayo una profesora me preguntó: “¿Es verdad que ha habido fraude en las elecciones?»». Le devolví la pregunta: «¿Cómo las vivió usted?». Me dijo: ‘Normal, solo que complicadas’. Le dije que así fueron en casi todo el Perú, con las irregularidades que se han vuelto parte de la normalidad electoral peruana. Cabe recordar que éstas tienen por origen el diseño de los organismos electorales constitucionales. Y que se han agravado por la profusión de candidaturas y de elecciones simultáneas. Pero las fallas en el envío de material electoral a los locales y mesas de Lima sur dieron base para que el candidato a quien las encuestas situaban en segundo lugar, pero los votos en tercer lugar, pudiera difundir un discurso fraudista.
Del discurso del fraude a la reedición del golpismo
La noche del martes 14 de abril, el candidato Rafael López Aliaga convocó un plantón frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Ante cientos de simpatizantes, el candidato de Renovación Popular llamó a sus seguidores a declararse en «insurgencia civil si se termina de consumar el fraude». Y luego le espetó al presidente del JNE que si no declaraba la nulidad de las elecciones, “prepárese. Bien grandazo lo va a tener, para que te comportes como hombre… el Morrocoy ya sabe por dónde se lo va a meter”.
Las denuncias del candidato nunca estuvieron respaldadas por pruebas concretas. La jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea, Annalisa Corrado, fue categórica: no se encontraron «elementos objetivos para decir que la narrativa de fraude pueda tener elementos concretos». En genera, la inasistencia nacional alcanzó el 24%, una cifra alta pero menor al 30% de 2021 aunque superior al 17% del 2016. Cifras todas muy superiores a las de las mesas en Lima sur que tardaron en instalarse no pudieron votar, una cifra similar a la del 2021.
Sin embargo, cuando el escrutinio avanzó y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú lo desplazó del segundo lugar, López Aliaga solicitó elecciones complementarias y amenazó con ampliar las movilizaciones a nivel nacional si no se atendía su exigencia. Peor aún, un militar retirado, de apellido Zeballos, planteó abiertamente que las Fuerzas Armadas dieran un “golpe militar democrático” para “tomar el poder” de manera transitoria y convocar inmediatamente a nuevas elecciones generales, en línea con las peticiones del candidato de Renovación Popular. Otro de sus seguidores, Jorge Ugarte Olivera (“profe sobre ruedas”) ha dirigido protestas frente a la casa del presidente del JNE con insultos, amenazas de muerte y llamados explícitos a un “golpe cívico militar”. Estos mensajes son una reedición incrementada de los mensajes golpistas y fraudistas del 2021.
Los peligros de normalizar la impunidad. Lo peor de estas declaraciones es la débil reacción institucional y de los medios de comunicación masivos. Esto implica impunidad. Y si bien esta es menor a la que estamos observando respecto al asesinato de 5 jóvenes ciudadanos en Colcabamba, Huancavelica, ambas son síntomas de un mismo mal, el de tolerar la violencia. La misma que viene agravada por su carácter discriminatorio: los votos y las vidas que no se respetan son los de ciudadanos campesinos y andinos en situaciones de vulnerabilidad.
Por ello, es urgente que la mayoría de votantes en la segunda vuelta reivindiquen a dichos ciudadanos. Ello podría abrir una nueva oportunidad para pasar de la crispación discriminatoria a la aceptación de una ciudadanía igualitaria, al menos en cuanto a derechos políticos.
