Cada día miles de pequeñas y medianas empresas sostienen la economía peruana. Generan empleo, pagan impuestos, impulsan la innovación y mantienen vivas las economías locales. Sin embargo, cuando enfrentan un conflicto judicial, quedan atrapadas en un sistema diseñado para quienes poseen tiempo, recursos y capacidad financiera para soportar largos procesos.
Una gran corporación puede esperar cinco o diez años una sentencia. Una PYME no.
Cuando una pequeña empresa no logra cobrar una deuda, cuando un proveedor incumple un contrato, cuando una entidad pública demora pagos o cuando surge un conflicto comercial, el tiempo judicial se convierte en una condena económica. Muchas empresas cierran antes de que llegue la justicia.
Por ello, el Perú debe abrir el debate sobre la creación de una Jurisdicción Especializada para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
No se trata de crear privilegios. Se trata de reconocer una realidad económica. Las PYMES representan la inmensa mayoría de las unidades productivas del país y generan gran parte del empleo nacional. Merecen un sistema judicial adaptado a sus necesidades.
Esta jurisdicción especializada debería contar con jueces capacitados en temas empresariales, procedimientos simplificados, audiencias virtuales, plazos breves y mecanismos eficaces para la recuperación de créditos comerciales.
Asimismo, el país debería evaluar la creación de una Defensoría Nacional de las PYMES que brinde orientación jurídica y acompañamiento a empresarios que muchas veces enfrentan solos conflictos complejos frente a grandes empresas o instituciones públicas.
El desarrollo económico no depende únicamente de créditos o incentivos tributarios. También depende de la existencia de reglas claras y de una justicia accesible y oportuna.
Si queremos construir un país que valore el emprendimiento, debemos garantizar que quienes arriesgan su patrimonio y generan empleo tengan acceso a una justicia que llegue a tiempo.
La mejor política de apoyo a las PYMES no es el asistencialismo. Es la construcción de instituciones que les permitan competir, crecer y defender sus derechos en igualdad de condiciones.
La justicia tardía no es justicia. Para las PYMES, muchas veces significa la desaparición.
