El 10 de octubre de 2025, José Jerí asumió la encargatura de la Presidencia de la República del Perú en un contexto de rechazo unánime de la presidencia de Dina Boluarte, en parte por su fracaso absoluto en afrontar la crisis de inseguridad ciudadana.
Doce días después se declaró el estado de emergencia en Lima y Callao. En ese marco se realizaron despliegues de integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, con la participación del presidente en algunas intervenciones, tanto en calles como en establecimientos penitenciarios.
Posteriormente, el 3 de noviembre se publicó la Ley 32490, con varias medidas: constituyó un Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), con integrantes de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial; dispuso que se generen fiscalías especializadas en la investigación de delitos de extorsión y sicariato; estableció la obligación del Ministerio de Transportes de evaluar y certificar las rutas, paraderos y unidades de transporte que dispongan de sistemas de vigilancia; dispuso otorgar créditos blandos y exoneraciones temporales a las empresas que hayan sido afectadas por los delitos de extorsión o sicariato, así como compensaciones económicas y seguros estatales por la pérdida de unidades de transporte o el fallecimiento de trabajadores del sector. Finalmente, en las disposiciones complementarias finales se dispuso la extinción de dominio de bienes vinculados a cuentas bancarias o billeteras electrónicas utilizadas para actos extorsivos.
Al día siguiente emitió el nuevo Reglamento de la Policía Nacional del Perú (PNP), que entre otros aspectos continúa debilitando la DIVIAC al colocarla bajo dependencia de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Según su ex jefe, el coronel (r ) Harvey Colchado, esto se añade al golpe que supuso sacar a 133 oficiales de la Diviac y enviarlos a las unidades que no son de investigación criminal, es algo criminal, afectando la capacidad investigativa de la Policía.
Adicionalmente Jerí ha anunciado la elaboración de un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana para 2025, que reemplazará el vigente.
Sin embargo, entre el 10 de octubre y el 7 de noviembre de 2025 se han registrado 147 homicidios, lo que implica un mantenimiento de las cifras que generaba el gobierno de Boluarte. En cuanto a las denuncias por extorsión, mientras en septiembre de 2025 se registraron 2.320 denuncias, en octubre fueron 2.508 denuncias, un aumento del 8,2%.
Aunque aún es temprano para evaluar el impacto de las normas reseñadas, lo más probable es que mientras se mantengan las leyes pro crimen por las que Jerí votó, al director general de la Policía Nacional y al denunciado por corrupción director del INPE, ambos heredados del período de Boluarte, no habrá cambios sustanciales respecto de la protección de la vida, la libertad y la economía de las personas. Para protegerlas será necesario insistir en la movilización ciudadana, que esperemos se coordine mejor.
