Alfonso López Chau dice que su bancada aún no ha tomado una decisión, mientras dos diputados de Ahora Nación ya cuestionaron la oportunidad de censurar al ministro del Interior. La moción reúne 35 firmas y pone nuevamente al Congreso frente a una pregunta de fondo: ¿la salida de un ministro modifica una estrategia de seguridad que todavía no muestra resultados?
La moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, ha abierto un nuevo frente político en el Congreso. La iniciativa, presentada por parlamentarios de Juntos por el Perú, Obras y el Partido del Buen Gobierno, cuenta con 35 firmas y cuestiona la conducción del sector frente al agravamiento de la inseguridad ciudadana.
En este escenario, todas las miradas se han dirigido hacia Ahora Nación, bancada que todavía no ha definido públicamente una posición colectiva sobre la censura.
Su líder y senador, Alfonso López Chau, fue consultado sobre el tema y respondió que su agrupación aún no había tomado una decisión. Su argumento fue que una medida de esta naturaleza debe ser evaluada pensando en el país y que, a su criterio, la censura debería plantearse cuando un ministro incurra en “errores estructurales, flagrantes, escandalosos”.
La posición de López Chau adquiere particular importancia porque ninguno de los diputados de Ahora Nación suscribió la moción presentada el 24 de septiembre. La iniciativa fue respaldada por 27 parlamentarios de Juntos por el Perú, cuatro de Obras y cuatro del Partido del Buen Gobierno, según información publicada sobre el documento.
Una censura que nace después de una interpelación
El debate no aparece de manera aislada.
El pasado 17 de septiembre, César Astudillo acudió a la Cámara de Diputados para responder un pliego interpelatorio de 27 preguntas relacionadas con la inseguridad ciudadana, la extorsión, el sicariato, los homicidios, el funcionamiento de la Policía Nacional y determinadas decisiones adoptadas dentro del Ministerio del Interior.
La interpelación tuvo además una característica particular: se desarrolló en una sesión reservada. Durante aproximadamente dos horas, el ministro respondió las preguntas de los parlamentarios y posteriormente recibió repreguntas.
Pero la interpelación no cerró el capítulo.
Días después, Juntos por el Perú impulsó la censura y consiguió sumar las firmas de parlamentarios de Obras y del Partido del Buen Gobierno. La moción sostiene, entre otros argumentos, que la situación de inseguridad y la conducción del sector justifican la responsabilidad política del ministro.
Las cifras que están sobre la mesa
Uno de los principales fundamentos de la moción son las cifras de homicidios.
Según los datos citados en el documento de censura, hasta agosto de 2026 se habían registrado 1.499 homicidios, equivalente a un promedio de 6,16 homicidios diarios.
La propia moción compara ese promedio con los registrados en años anteriores: 6,07 homicidios diarios en 2025 y 5,6 en 2024.
Estos números forman parte de la argumentación de los parlamentarios que impulsan la censura. Pero también permiten trasladar la discusión hacia un terreno más amplio: ¿qué parte de la responsabilidad por la inseguridad corresponde directamente a la gestión de un ministro y qué parte responde a problemas estructurales que exceden a una sola administración?
Ese es precisamente uno de los argumentos que aparecen en el debate político.
Ahora Nación marca distancia, pero todavía no cierra la puerta
La posición de Ahora Nación resulta particularmente significativa porque dentro de la propia agrupación ya existían voces críticas frente a la censura.
El diputado Ángel Meneses pidió dejar de lado las “diatribas y la polarización” y llamó a considerar que detrás de la discusión política existen ciudadanos que están perdiendo la vida.
Por su parte, el diputado Jair Manrique cuestionó la actuación del ministro y habló de una “mala performance” y de un “plan muy pobre”, pero sostuvo que la censura constituye una medida extrema que, desde su posición, todavía no sería necesaria.
Es decir, dentro de Ahora Nación aparece una diferencia que merece ser observada con atención: puede existir cuestionamiento a la gestión del ministro sin que ello conduzca automáticamente a respaldar su censura.
Y esa distinción es importante en cualquier sistema parlamentario.
La posición del secretario general
La discusión se ha profundizado este domingo con las declaraciones del secretario general de Ahora Nación, Néstor Villegas, quien manifestó que no considera conveniente respaldar la censura “por ahora”.
Villegas argumentó que los recientes cambios realizados en la Policía Nacional deberían tener un margen para mostrar resultados. Según sus declaraciones, Astudillo dispuso cambios en 23 generales de la PNP, decisión que, desde su perspectiva, abre una expectativa respecto al rumbo que tomará el sector.
Villegas señaló además que trasladará su posición al comité político de Ahora Nación para que el partido evalúe formalmente la postura que adoptará frente a la moción.
Por tanto, hasta ahora existe una coincidencia pública entre el líder de la bancada y el secretario general en cuanto a la necesidad de evaluar la censura con cautela, aunque la decisión formal de la bancada todavía no ha sido anunciada.
El problema es más grande que un ministro
Aquí aparece la verdadera dimensión del debate.
La inseguridad ciudadana no comenzó con César Astudillo ni desaparecería necesariamente con su eventual salida.
El propio jefe del Gabinete, Luis Galarreta, ha defendido esta posición al señalar que cambiar ministros no constituye por sí mismo una solución y que el problema requiere un plan integral y coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad.
Desde otra perspectiva, quienes impulsan la censura sostienen que el Congreso tiene precisamente la responsabilidad de exigir resultados y determinar responsabilidades políticas cuando consideran que la conducción del sector no responde adecuadamente a la gravedad de la situación.
Ambas posiciones forman parte del debate.
Y probablemente ahí esté el punto central que el país debería discutir: no solamente quién ocupa el Ministerio del Interior, sino qué estrategia concreta existe para enfrentar la extorsión, el sicariato, los homicidios y el crimen organizado, con qué recursos, con qué metas y en qué plazo se pueden medir resultados.
La censura como mecanismo político
La censura no es una simple declaración de desacuerdo.
Es un mecanismo mediante el cual la Cámara de Diputados puede exigir responsabilidad política a un ministro. Por eso, su utilización tiene consecuencias que van más allá de una votación coyuntural.
La discusión debería considerar, entre otros aspectos, las respuestas ofrecidas por el ministro durante la interpelación, las medidas que ha implementado, los resultados verificables de esas medidas y la capacidad del sector para ejecutar una estrategia integral de seguridad.
Pero también debería preguntarse qué ocurrirá después de una eventual censura.
Porque cambiar al ministro no significa necesariamente cambiar la política de seguridad.
Y si el problema está en la Policía, en la inteligencia, en la coordinación entre instituciones, en la investigación criminal, en el sistema penitenciario, en la prevención del delito o en la capacidad operativa del Estado, ninguna censura por sí sola resolverá esas deficiencias.
Ahora Nación tiene una decisión pendiente
La bancada de Alfonso López Chau se encuentra así ante una decisión política que tendrá que adoptar institucionalmente.
Por un lado, existen cuestionamientos a la gestión de Astudillo y una moción que sostiene que existe responsabilidad política por el agravamiento de la violencia.
Por otro, dentro de Ahora Nación existen parlamentarios que consideran que la censura sería una medida extrema y que los cambios recientemente realizados en la Policía deberían tener un tiempo para mostrar resultados.
La posición definitiva de la bancada tendrá que definirse en el proceso parlamentario correspondiente.
Mientras tanto, la discusión no debería reducirse a “censura sí” o “censura no”.
La pregunta que probablemente interesa más a los ciudadanos es otra:
¿Qué tiene que hacer el Estado, con ministro nuevo o con ministro actual, para detener una criminalidad que continúa cobrando vidas?
Porque detrás de las bancadas, las firmas, las mociones y las declaraciones parlamentarias hay un problema concreto: ciudadanos que reclaman seguridad, empresas que enfrentan extorsiones, familias afectadas por la violencia y un Estado obligado a demostrar que tiene una estrategia capaz de producir resultados.
Y esa responsabilidad, finalmente, no pertenece solamente a un ministro. Compromete al Gobierno, al Congreso, a la Policía, al Ministerio Público, al Poder Judicial y a toda la arquitectura institucional encargada de enfrentar el crimen.
Mudo Social seguirá el debate. Lo importante no será solamente conocer el resultado de la votación, sino saber qué viene después.
