Después de una primera presentación ante el Congreso que dejó muchas interrogantes, el ministro del Interior ha comenzado a mostrar un discurso más estructurado: reorganización de la inteligencia, cambios en los mandos policiales y una mirada más directa sobre la infiltración del crimen organizado. La pregunta ahora es si estas medidas tendrán continuidad y resultados.
La crisis de seguridad que enfrenta el Perú no admite soluciones improvisadas.
Tampoco puede convertirse en una sucesión interminable de ministros, cambios de funcionarios, conferencias de prensa y anuncios que terminan diluyéndose con el paso de las semanas.
La ciudadanía necesita algo mucho más concreto: una estrategia de seguridad que funcione.
Y para que esa estrategia funcione, hay una institución que necesariamente debe estar en el centro de cualquier reforma: la Policía Nacional del Perú.
Por eso, uno de los elementos que merece especial atención en la actual discusión alrededor del ministro del Interior, César Astudillo, es el proceso de reorganización que viene impulsando dentro de la PNP.
No porque eso signifique que el problema esté resuelto.
Todo lo contrario.
Significa que la magnitud del problema obliga a reorganizar la institución desde dentro.
La primera presentación dejó demasiadas preguntas
Cuando Astudillo acudió inicialmente al Congreso para responder sobre la inseguridad ciudadana, la impresión que quedó en determinados sectores políticos y ciudadanos fue la de un ministerio que todavía no tenía suficientemente afinado su diagnóstico ni una estrategia claramente estructurada.
Incluso desde la propia oposición se cuestionó que el plan presentado fuera todavía insuficiente.
El diputado de Ahora Nación Jair Manrique, por ejemplo, calificó entonces la actuación del ministro como una “mala performance” y habló de un “plan muy pobre”, aunque consideró que la censura era una medida extrema que todavía no correspondía.
Pero hay que reconocer también algo que ha ocurrido después.
El discurso del ministro ha cambiado.
Hoy existen más elementos concretos sobre la mesa.
La reorganización de la inteligencia policial, la reasignación de generales, el retiro de determinados efectivos de áreas sensibles y la denuncia de posibles mecanismos de infiltración criminal dentro de la institución forman parte de una agenda mucho más definida que la que se observaba inicialmente.
Reorganizar la PNP no es una opción: es una necesidad
La seguridad ciudadana no puede construirse sobre una Policía desordenada, con problemas de inteligencia, duplicidad de funciones o estructuras que no respondan adecuadamente a la evolución del crimen.
Astudillo ha señalado que una de sus primeras acciones fue realizar una “reingeniería” de la inteligencia policial, argumentando que esta se encontraba inadecuadamente distribuida y que se procedió a retirar efectivos de espacios que, según su versión, habían terminado funcionando como “feudos” y vinculados con organizaciones criminales.
Si estas afirmaciones son ciertas, estamos ante algo mucho más profundo que un problema de delincuencia común.
Estaríamos frente a una amenaza contra la propia capacidad del Estado para combatir al crimen.
Porque una organización criminal puede enfrentar a la Policía desde afuera.
Pero si consigue penetrar sus estructuras, conocer sus operaciones, anticipar sus movimientos o establecer vínculos con funcionarios policiales, la lucha contra el crimen cambia completamente de naturaleza.
La inteligencia es el corazón de la lucha contra el crimen
Durante mucho tiempo, la discusión sobre seguridad en el Perú se ha concentrado en una pregunta aparentemente sencilla:
¿Cuántos policías tenemos en las calles?
Pero esa no es la única pregunta.
También deberíamos preguntar:
- ¿Cuánta inteligencia produce la Policía?
- ¿Qué información tiene sobre las organizaciones criminales?
- ¿Quiénes las financian?
- ¿Cómo se moviliza su dinero?
- ¿Quiénes son sus operadores?
- ¿Qué armas utilizan?
- ¿Cómo consiguen esas armas?
- ¿Quién les proporciona información?
- ¿Qué funcionarios podrían estar colaborando con ellas?
- ¿Cómo ingresan a determinados territorios?
- ¿Qué conexiones tienen con actividades como extorsión, minería ilegal, tráfico de drogas o trata de personas?
Una Policía que llega después de que ocurre el crimen cumple una función necesaria, pero insuficiente.
La Policía moderna tiene que anticiparse al crimen.
Y para eso necesita inteligencia.
23 generales reasignados: una señal que debe ser evaluada
El 20 de septiembre se oficializó la reasignación de 23 oficiales generales de la PNP, mediante la Resolución Suprema N.° 234-2026-IN. La norma señala que las reasignaciones se realizan por necesidad del servicio.
Este hecho no debe interpretarse automáticamente como garantía de éxito.
Pero sí constituye una señal de que se está produciendo una modificación importante en la estructura de mando de la institución.
Y aquí aparece una cuestión fundamental:
¿Qué se espera conseguir con estos cambios?
Porque cambiar nombres no es reorganizar.
Una verdadera reorganización debería tener objetivos, indicadores y plazos.
Si se cambia a un general pero la estructura operativa permanece igual, poco habrá cambiado.
Si se reorganiza inteligencia pero no se mejoran los sistemas de información, tampoco.
Si se cambian mandos pero no se combate la corrupción interna, el problema puede reaparecer.
La reorganización debe tener una finalidad concreta: hacer que la Policía sea más eficaz frente a un crimen que también se ha modernizado.
Una acusación que no puede quedar en el aire
Hay otro aspecto particularmente grave.
Astudillo ha afirmado que organizaciones criminales estarían intentando introducir jóvenes en las escuelas policiales para que posteriormente trabajen para ellas. También aseguró que se están “cortando varios canales de ingreso”.
Pero aquí aparece una contradicción que no puede ser ignorada.
El 13 de septiembre, la propia PNP había rechazado categóricamente versiones sobre supuesto financiamiento de organizaciones criminales para facilitar el ingreso de postulantes e infiltrarlos en las escuelas de formación policial. La institución calificó esas versiones como imputaciones generalizadas y sin sustento.
Ahora el ministro habla públicamente de haber detectado organizaciones criminales que intentan introducir jóvenes en las escuelas.
Esto requiere una explicación institucional.
No basta con que una autoridad lo diga.
Tampoco basta con que la institución lo niegue.
Si existen investigaciones, deben continuar.
Si existen evidencias, deben presentarse ante las autoridades competentes.
Y si se detectaron vulnerabilidades en los procesos de admisión policial, el país necesita saber qué falló, desde cuándo y qué medidas se están tomando para corregirlo.
La infiltración criminal en una institución policial sería un asunto de seguridad nacional y no un tema para ser utilizado únicamente como argumento en una disputa política.
El problema no termina en la Policía
Aquí debemos tener cuidado.
Reorganizar la PNP es indispensable, pero no suficiente.
La criminalidad actual opera como un ecosistema.
Una organización de extorsión necesita armas, dinero, comunicaciones, información, vehículos, operadores, lugares donde ocultarse y mecanismos para lavar sus ganancias.
Una organización dedicada a la minería ilegal necesita controlar territorio, maquinaria, insumos, transporte y comercialización.
Una estructura dedicada al tráfico de drogas necesita rutas, logística, financiamiento y protección.
Por eso, combatir el crimen requiere que la Policía trabaje coordinadamente con el Ministerio Público, el Poder Judicial, la inteligencia financiera, la SUNAT, Migraciones, las autoridades regionales y locales y las instituciones responsables del control territorial.
El delincuente no trabaja por ministerios. El Estado tampoco debería hacerlo.
Astudillo ahora tiene algo más que decir
Y aquí hay que reconocer un cambio.
Cuando un ministro llega por primera vez al Parlamento, puede presentar diagnósticos generales. Pero después de varias semanas en el cargo, la ciudadanía tiene derecho a exigir algo diferente: datos, resultados, decisiones y responsabilidades.
Astudillo ya pasó por una interpelación de 27 preguntas que abarcó seguridad ciudadana, criminalidad, gestión institucional, presupuesto y equipamiento policial. La sesión se realizó de manera reservada.
Después de esa exposición, y frente a la presión política, el ministro ha comenzado a plantear con mayor claridad algunas líneas de acción.
Eso merece ser observado.
Porque una democracia seria no debería censurar automáticamente a un ministro simplemente porque la situación del país sea mala.
Pero tampoco debería mantenerlo en el cargo simplemente porque ha anunciado reformas.
Lo que corresponde es evaluar si las reformas tienen sustento y si producen resultados.
La censura tampoco puede convertirse en una política de seguridad
La moción de censura presentada contra Astudillo cuenta con 35 firmas y cuestiona la conducción del sector frente al incremento de los homicidios y la crisis de inseguridad.
Alfonso López Chau ha señalado que Ahora Nación todavía no ha tomado una decisión y que una censura debería estar vinculada a errores estructurales, flagrantes y escandalosos.
Mientras tanto, el secretario general de Ahora Nación, Néstor Villegas, ha sostenido que los cambios recientes en la Policía deberían contar con un margen para mostrar resultados.
La discusión, entonces, debería ser mucho más seria que una disputa entre bancadas.
La pregunta no es solamente si Astudillo debe continuar o salir.
La pregunta es:
¿El proceso de reorganización que ha comenzado tiene posibilidades reales de transformar la capacidad del Estado para enfrentar al crimen?
Eso es lo que debería evaluar el Congreso.
Darle tiempo no significa darle un cheque en blanco
Este punto es fundamental.
Dar un margen para que una reorganización produzca resultados no significa otorgar un cheque en blanco al ministro.
Por el contrario.
Si se decide esperar resultados, debería existir un mecanismo de evaluación.
¿Qué metas debe cumplir el Ministerio del Interior?
¿Qué debe mejorar la PNP?
¿Qué indicadores deberían observarse en tres meses?
¿Qué resultados deberían verificarse en seis meses?
¿Cómo se medirá la eficacia de la inteligencia?
¿Cómo se evaluará la lucha contra la corrupción interna?
¿Cómo se reducirá la capacidad operativa de las organizaciones criminales?
¿Cómo se recuperarán los territorios donde el Estado ha perdido presencia?
Eso es control político.
No solamente presentar una moción de censura.
El Perú necesita una Policía preparada para el crimen del siglo XXI
El crimen organizado ya no es el mismo de hace veinte o treinta años.
Hoy existen organizaciones que utilizan tecnología, sistemas financieros, redes sociales, armas de alto poder, estructuras empresariales, corrupción y conexiones internacionales.
La Policía necesita responder con inteligencia, tecnología, capacitación y especialización.
Necesita fortalecer investigación criminal, inteligencia financiera, ciberdelincuencia, análisis de datos y operaciones contra organizaciones completas.
Porque detener a diez integrantes de una banda puede servir para una estadística.
Pero desarticular su estructura financiera, sus operadores, sus proveedores, sus armas y sus redes de protección es lo que realmente puede debilitarla.
La seguridad necesita continuidad de Estado
Quizás el mayor error del Perú ha sido tratar la seguridad como una sucesión de emergencias.
Cada ministro llega con una estrategia.
Cada Gobierno anuncia una reforma.
Cada crisis produce nuevos cambios.
Y después de unos meses, volvemos a comenzar.
Eso no puede continuar.
El Perú necesita una política nacional de seguridad que trascienda ministros y gobiernos.
Si Astudillo consigue avanzar en una reorganización de la PNP, debe continuar quien venga después.
Si una estrategia de inteligencia funciona, debe permanecer.
Si un sistema de investigación criminal da resultados, debe institucionalizarse.
Si una unidad especializada funciona, debe fortalecerse.
La seguridad no puede depender del nombre que aparezca en la puerta del Ministerio del Interior.
Una oportunidad para demostrar si el cambio es real
Astudillo llegó al Congreso inicialmente con un plan que fue objeto de cuestionamientos.
Ahora presenta un discurso más desarrollado, habla de reorganización de inteligencia, cambios en la Policía y detección de posibles mecanismos de infiltración criminal. La reasignación de 23 generales confirma que se han producido movimientos importantes en la estructura policial.
Eso no demuestra todavía que la estrategia vaya a funcionar.
Pero sí significa que hay algo concreto que puede ser evaluado.
Y esa evaluación debería hacerse con una regla muy sencilla:
menos discursos y más resultados.
Si la reorganización funciona, deberá reflejarse en una Policía mejor organizada, mejor informada, más íntegra y más eficaz.
Si no funciona, el Congreso tendrá entonces nuevos elementos objetivos para ejercer su función de control político.
Pero el país no puede darse el lujo de convertir la seguridad en una pelea partidaria permanente.
Porque mientras los políticos discuten sobre la permanencia de un ministro, el crimen organizado sigue trabajando todos los días.
Y esa es quizá la verdadera urgencia que el Perú no debería olvidar.
