El respaldo político a la PNP y a las Fuerzas Armadas es necesario frente al avance del crimen organizado. Pero respaldar a quienes combaten la delincuencia no puede significar otorgarles un cheque en blanco. La verdadera fortaleza de un Gobierno se demuestra cuando combina autoridad, resultados y respeto irrestricto a la ley.
La presidenta Keiko Fujimori ha colocado sobre la mesa una definición que, en el actual escenario de inseguridad, resulta políticamente relevante: su Gobierno, dijo desde Reque, en Lambayeque, tiene la decisión de enfrentar al crimen organizado y respaldar a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que están en la primera línea.
La mandataria sostuvo que se necesita darles respaldo político, herramientas e información para enfrentar a la criminalidad.
La afirmación, en principio, responde a una necesidad evidente.
Un policía que sale a la calle a enfrentar a una organización criminal debe saber que cuenta con el respaldo institucional del Estado. Lo mismo ocurre con los miembros de las Fuerzas Armadas cuando, dentro del marco legal correspondiente, participan en operaciones de apoyo a la seguridad y al control del orden interno.
Pero aquí comienza la discusión que debería interesarnos como sociedad.
¿Qué significa exactamente respaldar a las fuerzas del orden?
Porque el respaldo político no debería traducirse en una autorización genérica para actuar sin controles.
Debe significar dotarlas de mejores herramientas, inteligencia, capacitación, tecnología, recursos y protección jurídica para cumplir correctamente su función.
Y, al mismo tiempo, exigirles resultados y garantizar que su actuación se mantenga dentro de la Constitución y las leyes.
Autoridad no es sinónimo de impunidad
El Perú necesita recuperar autoridad frente al crimen.
Eso no debería ser objeto de discusión.
El problema aparece cuando se confunde autoridad con ausencia de controles.
Una Policía fuerte no es una Policía que puede hacer cualquier cosa.
Una Policía fuerte es una institución que tiene capacidad para enfrentar al delincuente, que cuenta con inteligencia, tecnología y recursos, que actúa con decisión y que, precisamente por la responsabilidad que tiene, responde por sus actuaciones.
La Constitución establece como deber del Estado proteger a la población frente a las amenazas contra su seguridad y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. El propio Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028 coloca ambos objetivos dentro del mismo marco: fortalecer la respuesta del Estado frente al crimen y garantizar los derechos fundamentales, particularmente la vida, la integridad y la seguridad personal.
Ese equilibrio no es una concesión al delincuente.
Es precisamente lo que distingue a un Estado de derecho de una organización que simplemente utiliza la fuerza.
El respaldo debe tener objetivos
La declaración presidencial puede convertirse en algo mucho más importante si el respaldo anunciado se traduce en una política pública verificable.
No basta decir:
“La Policía tiene nuestro respaldo”.
La ciudadanía debería poder preguntar inmediatamente:
- ¿Qué objetivos tiene el Gobierno?
- ¿Cuáles son sus metas?
- ¿En cuánto tiempo espera conseguirlas?
- ¿Qué recursos se han asignado?
- ¿Qué indicadores permitirán saber si la estrategia funciona?
- ¿Qué territorios serán prioritarios?
- ¿Cómo se enfrentará la extorsión?
- ¿Cómo se reducirá el sicariato?
- ¿Cómo se desarticularán las organizaciones criminales?
- ¿Cómo se combatirá la corrupción dentro de las propias instituciones?
- ¿Qué mecanismos existirán para investigar los abusos de autoridad?
Estas preguntas no debilitan el respaldo a la Policía.
Lo hacen más serio.
El Gobierno ya tiene un instrumento para ser evaluado
Hay un dato importante que no debería perderse en el debate político.
En marzo de 2026 fue aprobado el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028. El documento establece objetivos estratégicos, intervenciones articuladas, fases operativas, responsabilidades institucionales y mecanismos de seguimiento y evaluación, bajo un enfoque territorial y de gestión por resultados.
Por tanto, el país no debería conformarse con escuchar nuevos anuncios.
El Gobierno ya tiene un instrumento sobre el cual puede ser evaluado.
La pregunta ahora debería ser:
¿Qué resultados concretos está produciendo ese plan y cómo serán comunicados a la ciudadanía?
Porque un plan sin evaluación termina convirtiéndose en otro documento administrativo.
Y una política de seguridad sin indicadores termina dependiendo de discursos.
La población debe poder apreciar el cambio
La seguridad tiene una característica particular.
No basta con que el Gobierno diga que está trabajando.
El ciudadano debe poder sentir y observar el resultado.
Una reducción de los homicidios.
Menos extorsiones.
Menos robos violentos.
Mayor presencia policial donde realmente se necesita.
Mayor capacidad de investigación.
Organizaciones criminales desarticuladas.
Bienes y dinero de procedencia criminal incautados mediante procesos legales.
Mayor esclarecimiento de homicidios.
Comisarías que funcionen.
Policías mejor equipados.
Investigaciones que lleguen hasta quienes financian y dirigen las organizaciones criminales.
Esos son algunos de los resultados que pueden transformar una declaración política en una política pública.
No solamente más policías: mejor Policía
Otro punto merece especial atención.
La respuesta al crimen no consiste necesariamente en poner más efectivos en las calles.
También se necesita una Policía más inteligente y especializada.
El reciente debate sobre la reorganización de la inteligencia policial es revelador. El ministro del Interior, César Astudillo, ha hablado de una “reingeniería” de la inteligencia y de la necesidad de retirar a efectivos que, según su versión, habrían establecido vínculos con organizaciones criminales. También ha planteado problemas relacionados con posibles intentos de infiltración en las escuelas policiales.
Si esas afirmaciones se confirman mediante investigaciones, estaríamos frente a un problema institucional de enorme gravedad.
Y precisamente por eso deben investigarse.
La lucha contra el crimen organizado exige inteligencia contra el crimen, pero también inteligencia para proteger a la propia Policía de la infiltración criminal.
El respaldo también debe proteger a la institución de los malos elementos
Aquí encontramos otra dimensión del asunto.
Respaldar a la PNP no significa defender automáticamente a cada uno de sus integrantes.
Significa defender a la institución y a los policías que cumplen correctamente su función.
Si existe corrupción, debe investigarse.
Si existe infiltración criminal, debe descubrirse.
Si existe abuso de autoridad, debe sancionarse conforme a la ley.
Si existe uso ilegítimo de la fuerza, debe determinarse la responsabilidad correspondiente.
Porque una institución policial que permite que malos elementos actúen impunemente termina perdiendo precisamente aquello que necesita para combatir al crimen:
la confianza ciudadana.
Los derechos humanos no son el enemigo de la seguridad
Este punto debería quedar absolutamente claro.
En ocasiones, el debate sobre seguridad termina planteándose como si hubiera que escoger entre seguridad o derechos humanos.
Esa es una falsa disyuntiva.
El ciudadano tiene derecho a vivir sin ser extorsionado, asesinado o asaltado.
Pero también tiene derecho a que el Estado, cuando interviene sobre su libertad, su integridad o su patrimonio, actúe dentro de la ley.
La propia normativa peruana sobre el uso de la fuerza establece reglas para la actuación policial, mientras que el marco aplicable a las Fuerzas Armadas contempla principios y límites para el empleo de la fuerza. La regulación también exige que la actuación conjunta respete los derechos fundamentales.
Por eso, el respaldo político debe estar acompañado de reglas claras.
No para proteger al delincuente.
Para proteger al ciudadano.
Y también para proteger al buen policía de que su institución quede cuestionada por la actuación indebida de algunos de sus integrantes.
La experiencia de los estados de emergencia también deja una lección
El Perú ya ha utilizado reiteradamente estados de emergencia como instrumento frente a la inseguridad.
La normativa vigente ha establecido que, en determinados ámbitos, la PNP mantiene el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, utilizando inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito para determinar las zonas de intervención.
Pero la experiencia reciente obliga a formular otra pregunta:
¿Qué ocurre cuando la emergencia termina?
Si no queda una Policía fortalecida, inteligencia operativa permanente, investigación criminal, presencia estatal y una estrategia contra las estructuras financieras del crimen, la emergencia puede convertirse solamente en una respuesta temporal.
El propio análisis internacional sobre la situación peruana ha señalado que la utilización de estados de emergencia no necesariamente ha logrado reducir los homicidios.
Por eso, la emergencia puede ser una herramienta.
No debería ser la política completa.
Respaldar también significa exigir
Hay una idea que debería convertirse en principio de la actual política de seguridad:
Respaldar a la Policía no significa dejar de controlarla.
Al contrario.
Cuanto mayor sea el respaldo político, mayor debe ser la exigencia de profesionalismo.
Cuanto mayores sean las facultades otorgadas, mayores deben ser los mecanismos de control.
Cuanto mayores sean los recursos destinados, mayor debe ser la obligación de rendir cuentas.
Y cuanto mayor sea la confianza depositada en las fuerzas del orden, mayor debe ser la responsabilidad institucional.
Ese es el equilibrio que necesita el país.
¿Qué debería esperar el ciudadano?
El Gobierno tiene ahora la oportunidad de convertir la declaración presidencial en una verdadera política de Estado.
Podría establecer, por ejemplo, un sistema público de seguimiento con metas trimestrales y anuales:
PRIMERA ETAPA: diagnóstico.
Identificar territorios, organizaciones criminales, modalidades delictivas y capacidades institucionales.
SEGUNDA ETAPA: intervención.
Concentrar inteligencia, Policía, Fiscalía y demás instituciones en las estructuras criminales prioritarias.
TERCERA ETAPA: resultados.
Medir homicidios, extorsiones, esclarecimiento de delitos, desarticulación de organizaciones, incautación de armas y recuperación de territorios.
CUARTA ETAPA: evaluación.
Determinar qué funcionó, qué no funcionó y qué debe modificarse.
Y algo fundamental:
informar periódicamente a la ciudadanía.
Porque la seguridad también se construye con confianza.
El verdadero respaldo se demuestra con resultados
La declaración de la presidenta Fujimori contiene un mensaje políticamente claro: el Gobierno quiere que las fuerzas del orden sepan que cuentan con respaldo para enfrentar al crimen organizado.
Ahora viene la parte difícil.
Ese respaldo tiene que convertirse en política pública.
Tiene que traducirse en presupuesto, inteligencia, equipamiento, capacitación, coordinación institucional y protección jurídica.
Pero también en objetivos, metas, plazos, indicadores y rendición de cuentas.
Y debe existir una línea igualmente clara:
tolerancia cero frente al crimen y tolerancia cero frente a la corrupción y los abusos cometidos desde el Estado.
Porque el ciudadano no quiere escoger entre una Policía débil y una Policía sin controles.
Quiere una Policía fuerte, profesional, preparada, eficaz y respetuosa de la ley.
Quiere Fuerzas Armadas capaces de cumplir las funciones que constitucional y legalmente les corresponden.
Quiere un Gobierno que respalde a quienes ponen en riesgo su vida para proteger a la población.
Pero también quiere saber qué resultados está obteniendo ese respaldo.
Y esa debería ser la exigencia de la ciudadanía al Gobierno:
No solamente respaldar a quienes combaten el crimen. Hay que darles las herramientas para ganar esa lucha, establecer metas para medirla y garantizar que, en nombre de la seguridad, nunca se abandone el Estado de derecho.
Ese es el punto donde la autoridad adquiere legitimidad.
Firmeza frente al crimen.
Respeto irrestricto a la ley.
Resultados que la ciudadanía pueda comprobar.
Ese debería ser el verdadero significado del respaldo presidencial a las fuerzas del orden.
