No fue una marcha más.
No fue una protesta simbólica.
Fue un acto de memoria, dignidad y acusación directa.
Este 9 de enero de 2026, en Puno, los deudos de las 18 personas asesinadas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte salieron a las calles cargando ataúdes. No lo hicieron por ritual ni por consigna ideológica, sino porque el Estado les acaba de cerrar, una vez más, la puerta de la justicia.
La razón tiene nombre propio: Tomás Gálvez.
La decisión del fiscal interino de desactivar el Eficavip —el equipo especializado que investigaba las muertes ocurridas durante las protestas sociales— no es una medida administrativa neutra. Es un acto político de alto impacto, ejecutado con pleno conocimiento de sus consecuencias: paralizar investigaciones que estaban a punto de alcanzar a toda la cadena de mando policial y militar.
No hablamos de hipótesis lejanas.
Hablamos de acusaciones penales en preparación, de responsabilidades concretas, de decisiones que autorizaron el uso letal de la fuerza contra ciudadanos desarmados.
Cerrar ese equipo no es reorganizar.
Es bloquear la verdad.
La escena en Puno fue devastadora y, al mismo tiempo, profundamente reveladora. Ataúdes cargados por madres, padres, hermanos. Cruces con nombres. Silencio roto por consignas que no pedían venganza, sino algo mucho más elemental: justicia.
Las palabras de los familiares fueron duras, pero no desmedidas. Porque cuando la justicia se cancela desde arriba, el lenguaje se vuelve directo. Acusaron a Gálvez de someterse al Congreso, de servir a una mafia política, de actuar como garante de la impunidad. Y no les falta razón.
El mensaje que ha recibido el país es claro: los crímenes de Estado pueden quedar sin castigo si el poder lo decide.
Nada de esto ocurre en el vacío. La desactivación de Eficavip se inscribe en un patrón más amplio: el desmontaje progresivo de los mecanismos de control y fiscalización que aún resistían dentro del Ministerio Público.
Equipos especiales incómodos, fiscales autónomos, investigaciones que avanzaban demasiado rápido: todo eso debía ser neutralizado. Y el fiscal interino ha cumplido su rol con eficiencia política.
No es casualidad que estas decisiones coincidan con las exigencias del Congreso, ni que beneficien directamente a quienes hoy temen rendir cuentas. La impunidad no es un efecto colateral: es el objetivo.
La presencia de Delia Espinoza en la misa por los tres años de las muertes en Puno no fue anecdótica. Representó a una Fiscalía que intentó sostener la legalidad y fue apartada por incomodar al poder. Su mensaje, cargado de simbolismo religioso y político, apuntó a una verdad incómoda: la justicia en el Perú está siendo desplazada por fuerzas que no creen en el Estado de derecho.
Mientras tanto, las familias vuelven a empezar. Otra vez. Como si el tiempo no hubiera pasado. Como si los muertos no importaran. Como si la vida de ciudadanos del sur del país valiera menos.
El mayor error de quienes hoy gobiernan —y de quienes administran la Fiscalía como oficina política— es creer que el cansancio social equivale a olvido. No es así. El dolor no desaparece. Se acumula.
Cuando un Estado le dice a las víctimas que no habrá responsables, no está cerrando un capítulo: está sembrando una fractura más profunda.
Los ataúdes en Puno no solo cargaban muertos.
Cargaban una advertencia.
La paz no se construye con impunidad.
La democracia no sobrevive cuando la justicia se desactiva.
Y ningún país puede avanzar cuando sus fiscales interinos actúan como arquitectos del olvido.
