Hay decisiones que no son técnicas ni administrativas.
Son políticas, morales y profundamente peligrosas.
La desactivación de los equipos especiales del Ministerio Público —Lava Jato, Eficcop, Eficavip y otros— ordenada por el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez, no es un simple reordenamiento institucional. Es un acto de poder que garantiza, en la práctica, la impunidad de quienes hoy enfrentan investigaciones por corrupción, violaciones de derechos humanos y abuso del Estado.
Gálvez ha actuado con desparpajo, con una confianza inquietante: la de quien cree que no habrá reacción ciudadana, que el cansancio social, el miedo y la fragmentación harán su trabajo. Y, por ahora, parece tener razón.
Los equipos especiales del Ministerio Público no surgieron por capricho. Fueron creados porque la corrupción en el Perú no es común ni aislada, sino estructural, organizada, enquistada en redes de poder político, económico y judicial. Desmantelarlos no fortalece la institucionalidad: la debilita deliberadamente.
En el caso del Eficavip, por ejemplo, su labor estaba directamente vinculada a las investigaciones por las muertes ocurridas durante las protestas sociales, especialmente en regiones como Puno. No hablamos de expedientes menores, sino de cadenas de mando, de responsabilidades políticas y militares, de decisiones que terminaron con ciudadanos muertos por balas del Estado.
Cerrar ese camino es enviar un mensaje brutal: la justicia no llegará.
Nada de esto ocurre en el vacío. La actuación de Gálvez encaja perfectamente en el actual escenario político: un Congreso desacreditado, hostil a la fiscalización, obsesionado con blindarse; y un gobierno encabezado por Dina Boluarte, que sobrevive gracias a una coalición de intereses que necesita, urgentemente, que no se investigue demasiado.
No es casualidad que desde el Parlamento se haya presionado sistemáticamente para “poner orden” en la Fiscalía. El orden que reclaman no es eficiencia, sino sumisión. No es justicia, sino silencio.
Y Tomás Gálvez ha cumplido ese encargo con obediencia quirúrgica.
Lo más grave es que esta demolición institucional se hace invocando la legalidad, como si la ley fuera una coartada y no un límite. Se habla de reorganización, de racionalización de recursos, de exceso de protagonismo fiscal. Pero en el fondo, lo que se busca es desactivar cerebros incómodos, fiscales que no obedecen llamadas, que no archivan cuando se les sugiere, que no miran a otro lado cuando el investigado tiene poder.
Eso no es neutralidad.
Eso es complicidad activa.
El cálculo es cínico pero claro: la población está agotada, golpeada por la crisis económica, traumatizada por la represión reciente, desconfiada de la política. Muchos prefieren sobrevivir antes que protestar. En ese contexto, se cree que todo se puede hacer sin costo.
Pero la historia peruana demuestra que esa calma no es paz: es acumulación. Y cuando la indignación regresa, lo hace con consecuencias que nadie controla.
Por eso este momento es crítico.
Desactivar equipos anticorrupción y de derechos humanos no trae estabilidad. Trae podredumbre. No fortalece al Estado. Lo convierte en botín. No protege la democracia. La vacía desde dentro.
El país no necesita fiscales interinos obedientes al poder político. Necesita instituciones que resistan, que incomoden, que investiguen incluso cuando eso molesta al Congreso, al Ejecutivo o a las élites.
La impunidad nunca es un accidente.
Siempre es una decisión.
Y hoy, esa decisión tiene nombre propio: Tomás Gálvez.
