La rehabilitación del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, no fue un hecho aislado ni neutro. Fue posible gracias a quienes hoy controlan las principales instituciones del Estado. Desde ese momento, lo que ha seguido no es justicia, sino ajuste de cuentas, represalia —o venganza, como se le quiera llamar— ejercida sin el menor decoro.
No hay pudor.
No hay respeto por la institución.
No hay consideración por el país ni por la opinión pública.
La denuncia de Sandra Castro, exfiscal del caso Cuellos Blancos del Puerto y hoy candidata al Senado por el Partido Morado, es grave no solo por su contenido personal, sino por lo que revela del estado real del sistema de justicia.
Castro sostiene que su exclusión del Ministerio Público responde a una represalia directa de Gálvez, luego de que ella investigara presuntos hechos de corrupción que lo involucran, incluidos audios vinculados al exjuez César Hinostroza. La decisión se formalizó mediante la Resolución N.° 3848-2025-MP-FN, bajo el argumento de que los fiscales no pueden participar en actividades políticas.
Pero el contexto lo cambia todo.
No se trata de una aplicación neutral de la norma, sino de una vendetta institucional ejecutada desde la cúspide de un Ministerio Público profundamente cuestionado. Castro lo dijo sin rodeos: “El fiscal interino ha cumplido su venganza contra mí”. Y añadió algo aún más grave: que las élites corruptas que ella enfrentó hoy ocupan los sillones del poder.
El mensaje es claro y peligroso:
quien investigó a los poderosos paga el precio cuando esos poderosos regresan.
Más aún, el intento de minimizar o relativizar el caso Cuellos Blancos del Puerto no resiste el menor análisis. Como bien recuerda Castro, hay sentencias, audiencias y resoluciones judiciales. Negar su existencia es una forma de negación institucional, una burla a la memoria pública.
En paralelo, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 declaró improcedente su candidatura al Senado por no haber renunciado con seis meses de anticipación. Castro sostiene que actuó conforme a derecho, solicitando licencia y realizando su inscripción dentro del marco que entendía válido. El propio JEE reconoce que la resolución de la Fiscalía aún no estaba firme y era impugnable.
Pero el daño ya estaba hecho.
Este episodio confirma algo más profundo y alarmante: el país no cuenta. No cuentan las instituciones, no cuenta la ciudadanía, no cuenta la lucha contra la corrupción. Cuenta el control del poder y la revancha de quienes lograron sobrevivir —y volver— al sistema que debía sancionarlos.
Cuando la justicia se convierte en herramienta de venganza,
ya no estamos ante un problema legal,
sino ante una degradación moral del Estado.
