La política en el Perú —como en buena parte de América Latina— no solo se ha deteriorado: se ha degradado. Y no es una palabra exagerada. La clase política que hoy ocupa los espacios de poder y de representación pública está muy lejos de aquella que, con todos sus defectos, entendía la política como un ejercicio de ideas, de formas y de responsabilidad histórica.
Antes, incluso desde posiciones conservadoras, existían dirigentes ilustrados, cultos, capaces de sostener un discurso coherente, doctrinario, con argumentos. Se podía discrepar profundamente con ellos, pero escucharlos era aprender: por la estructura de sus ideas, por la claridad de su exposición, por el respeto a las formas democráticas. El liderazgo no se medía por el volumen del grito ni por la agresión, sino por la capacidad de persuadir, educar y construir afinidades.
Hoy, en cambio, abundan los patanes con micrófono, los políticos que se comportan más como matones que como líderes. El insulto reemplazó al argumento, la amenaza sustituyó a la propuesta y el odio se convirtió en herramienta electoral. La simplificación burda de los problemas complejos es presentada como “valentía”, cuando en realidad es pereza intelectual y desprecio por la ciudadanía.
Este fenómeno no es casual. Es funcional. Una ciudadanía desinformada, emocionalmente alterada y cansada es más fácil de manipular. Por eso se ataca el debate, se desprecia la educación política y se reduce todo a consignas fáciles y enemigos imaginarios.
En ese contexto, no sorprende que figuras como Rafael López Aliaga no generen entusiasmo real fuera de ciertos nichos muy específicos. Sus convocatorias suelen ser raleadas en regiones, salvo en Lima, donde concentra mayor respaldo de sectores conservadores, élites económicas y determinados medios de comunicación que amplifican su discurso sin mayor cuestionamiento.
Sus recientes declaraciones en Moquegua, en las que propone eliminar el presupuesto destinado a la franja electoral y al financiamiento de los partidos políticos, son un ejemplo claro de esta lógica. Presentar estos recursos como simples beneficios para “canales fantasmas” o sueldos de líderes políticos no es un argumento serio: es demagogia. La franja electoral existe, precisamente, para equilibrar mínimamente el acceso a la información y evitar que solo quienes tienen dinero o aliados mediáticos puedan llegar a la ciudadanía.
Eliminarla no fortalece la democracia: la debilita. Reduce el pluralismo, empobrece el debate y consolida el poder de quienes ya controlan los grandes espacios de comunicación.
Lo mismo ocurre con su llamado a la censura del presidente José Jerí, planteado más como gesto político que como parte de una estrategia institucional coherente. La política convertida en espectáculo permanente, en confrontación sin contenido, en cálculo inmediato.
El problema de fondo no es solo López Aliaga. Él es síntoma, no causa. El verdadero drama es haber normalizado una política sin ideas, sin formas y sin respeto. Una política que ya no educa ni convoca, sino que divide, grita y amenaza.
Y mientras sigamos confundiendo agresividad con liderazgo, y grosería con autenticidad, la democracia seguirá pagando el precio.
