La política peruana necesita algo más que abogados que expliquen lo permitido
Hay una pregunta que se repite demasiado en la política peruana: ¿es legal?
Y cuando aparece un comportamiento cuestionable, muchas veces basta con encontrar un abogado que diga que la norma no lo prohíbe expresamente para dar el asunto por terminado.
Pero la vida pública no puede reducirse a aquello que la ley permite.
Existe una diferencia fundamental entre legalidad y ética pública. La primera establece el límite mínimo que una persona está obligada a respetar. La segunda exige algo más: responsabilidad, prudencia, ejemplaridad y respeto por la confianza que los ciudadanos depositan en quienes ejercen el poder.
El caso de la teniente alcaldesa de Lima, Fabiola Morales, que aparece simultáneamente como regidora y como asesora del Congreso, vuelve a poner esta discusión sobre la mesa.
La información publicada señala que Morales ejerce como regidora desde enero de 2023 y que, paralelamente, trabaja como asesora parlamentaria desde agosto de 2021. En agosto de este año recibió S/9.310,07 por sus labores de asesoría en el Congreso.
Un especialista constitucional consultado por La República sostiene que, en principio, no existe una infracción constitucional por percibir ambos ingresos, porque la dieta de un regidor no constituye una remuneración y ambos conceptos son jurídicamente diferentes.
Bien. Pero ese no debería ser el final de la discusión. Debería ser apenas el comienzo.
¿Se puede hacer no significa que sea correcto hacerlo?
Esta es una pregunta que la política peruana parece haber olvidado.
Supongamos que jurídicamente sea posible desempeñar ambas funciones. Entonces corresponde preguntar algo mucho más elemental:
¿Es razonable que una persona tenga simultáneamente una jornada laboral parlamentaria y una responsabilidad política en el gobierno de la ciudad más importante del país?
La propia explicación del especialista introduce una condición decisiva: si las actividades municipales se realizan fuera del horario laboral del Congreso, podría existir compatibilidad; pero si la funcionaria abandona su jornada parlamentaria para atender obligaciones municipales, aparece un problema de incompatibilidad. Incluso se señala que determinados actos parlamentarios relacionados con la Municipalidad podrían generar conflicto de intereses.
Por tanto, la discusión no puede limitarse a sumar ingresos.
Hay que preguntar cómo se cumplen las funciones, cuánto tiempo se dedica realmente a cada una, qué decisiones se adoptan y si existe algún cruce entre ambas responsabilidades.
La ética pública exige algo más que aprovechar los vacíos
Pero existe todavía una cuestión mayor.
Los políticos y altos funcionarios no son ciudadanos comunes cuando ejercen una responsabilidad pública. Tienen una obligación adicional de ejemplaridad.
Un ciudadano puede preguntarse legítimamente:
¿Por qué alguien que ya tiene una responsabilidad política en Lima necesita, además, asumir un cargo remunerado en el Congreso?
No porque necesariamente exista una prohibición legal.
Sino porque quien ocupa una función pública debería preguntarse también si su decisión es conveniente para la institución, compatible con el interés público y respetuosa de la confianza ciudadana.
Ese límite ético debería ser particularmente importante en personas que no atraviesan una situación de necesidad económica.
La política no debería convertirse en una carrera por acumular cargos, dietas, remuneraciones y posiciones de poder simplemente porque el ordenamiento jurídico permite encontrar una fórmula para hacerlo.
El problema no es solamente cuánto cobran
El problema es la señal que se transmite.
Mientras millones de peruanos trabajan ocho, diez o doce horas al día para obtener un solo ingreso, resulta comprensible que la ciudadanía observe con indignación que determinados representantes puedan acumular posiciones públicas e ingresos provenientes del Estado.
Y aquí debemos ser cuidadosos: no se trata de afirmar que toda acumulación de ingresos públicos sea ilegal o corrupta.
Se trata de defender un principio mucho más elemental:
quien ejerce una función pública debería preguntarse no solamente qué puede hacer, sino qué es correcto hacer.
Esa diferencia es fundamental.
Porque si la única pregunta que se hacen nuestros políticos es «¿qué dice la ley?», entonces siempre habrá abogados buscando el borde de la norma, interpretaciones que permitan avanzar un poco más y vacíos legales que puedan ser aprovechados.
La democracia necesita algo más que eso.
Necesita ciudadanos, funcionarios y políticos capaces de decir:
«Puedo hacerlo, pero no debo hacerlo».
¿Por qué llegamos a estos desmadres?
Aquí está probablemente el problema más grave.
¿Cómo es posible que personas situadas en los niveles más altos de responsabilidad política no se impongan voluntariamente límites que cualquier ciudadano común consideraría razonables?
¿Por qué hay que esperar que una autoridad de control, un periodista, un fiscal, un juez o la opinión pública les diga que algo resulta cuestionable?
¿Por qué no existe una cultura política en la que el propio funcionario diga: esta posibilidad legal puede existir, pero no corresponde utilizarla porque afecta la confianza pública?
La respuesta tiene que ver con una degradación progresiva de la ética política.
Durante demasiado tiempo se ha instalado la idea de que si no está expresamente prohibido, entonces está permitido y, por tanto, está bien.
Esa lógica es peligrosísima.
Porque la ley establece mínimos. La democracia necesita ciudadanos que aspiren a máximos de responsabilidad.
La ciudadanía también tiene una responsabilidad
Pero no toda la culpa corresponde a quienes ejercen el poder.
También existe una responsabilidad de la sociedad.
La ciudadanía tiene derecho —y debería ejercerlo— a cuestionar estas conductas.
No necesariamente mediante insultos, campañas de odio o acusaciones sin pruebas.
Sino mediante algo mucho más poderoso: el juicio democrático.
Un político que actúa dentro de la ley pero contra el sentido común y la ética pública debe saber que su conducta tendrá un costo político.
Porque la sanción democrática no siempre consiste en una denuncia penal.
A veces consiste simplemente en que los ciudadanos recuerden quién utilizó hasta el último resquicio de la norma para beneficiarse y quién tuvo la decencia de ponerse límites.
La política necesita recuperar la palabra «decencia»
Quizá hemos llegado a un punto en el que hablar de decencia en política parece ingenuo.
No debería serlo.
La decencia pública no significa renunciar a los derechos legales ni aceptar que los funcionarios trabajen gratuitamente.
Significa comprender que el poder público no es un mecanismo para maximizar beneficios personales.
Quien recibe una remuneración del Estado recibe también una responsabilidad frente a la sociedad.
Quien ocupa un cargo de representación tiene, además, una obligación de ejemplaridad.
Y quien descubre un vacío legal debería preguntarse si está ante una oportunidad para aprovecharlo o ante una oportunidad para demostrar que entiende la diferencia entre lo permitido y lo correcto.
Mudo Social: la legalidad es el piso, no el techo
Mudo Social no sostiene que una persona sea culpable porque perciba dos ingresos públicos. Tampoco corresponde convertir una posibilidad legal en una acusación de corrupción sin pruebas.
Pero sí creemos que la sociedad tiene todo el derecho a formular preguntas.
¿Se cumplen realmente las jornadas?
¿Se cumplen efectivamente las responsabilidades municipales?
¿Existe alguna superposición horaria?
¿Existen conflictos de intereses?
¿Se está utilizando una posibilidad legal para servir mejor al ciudadano o simplemente para acumular posiciones e ingresos?
Y, sobre todo:
¿Por qué quienes tienen mayores responsabilidades públicas no se exigen a sí mismos estándares éticos superiores a los mínimos que establece la ley?
Ese debería ser el verdadero debate.
Porque un país no se destruye únicamente cuando sus autoridades violan la ley.
También se deteriora cuando quienes gobiernan aprenden a vivir permanentemente en el límite de aquello que la ley permite.
La democracia necesita leyes, instituciones y órganos de control.
Pero necesita también algo que ninguna ley puede fabricar por decreto:
conciencia, responsabilidad y decencia en quienes ejercen el poder.
