La irrupción de una nueva generación de cuadros dirigentes dentro del Partido Aprista Peruano ha producido un evidente sismo interno. Las viejas glorias del partido de la estrella no solo no aceptan los resultados de las elecciones internas, sino que ahora cuestionan también la aplicación del 20 % de designación directa, una facultad reconocida por la ley y por el propio estatuto partidario.
Lo paradójico es que esta práctica siempre ha existido en el APRA. Durante décadas, las cúpulas partidarias ejercieron esa prerrogativa sin mayores reparos ni comunicados airados. ¿Por qué entonces el reclamo ahora? La respuesta parece menos jurídica y más política: los viejos cuadros ya no controlan el aparato y ven con frustración cómo una nueva hornada de dirigentes ha tomado la conducción del partido.
Militantes apristas difundieron un pronunciamiento público exigiendo al candidato presidencial Enrique Valderrama que se respete estrictamente el orden de las listas surgidas de las elecciones primarias realizadas el 30 de noviembre. En el documento denuncian presuntas irregularidades en la inscripción de candidatos y rechazan que personas no elegidas hayan reemplazado a quienes sí ganaron en las internas.
El comunicado —firmado por figuras históricas como Carla García, Jorge del Castillo y Gerardo Morris— solicita incluso que el Jurado Nacional de Elecciones ordene la rectificación inmediata de las listas en los extremos que, según ellos, afectan derechos adquiridos.
Desde la otra orilla, Valderrama ha sido claro: la Comisión Política del partido sí tiene la prerrogativa estatutaria de designar hasta el 20 % de los candidatos, una facultad reconocida por la ley y común a todas las organizaciones políticas. Además, ha precisado que la gran mayoría de estas designaciones se realizó en circunscripciones donde no existían candidaturas suficientes, y que el impacto real sobre las listas es minoritario.
El conflicto, entonces, revela algo más profundo que una disputa por puestos: una lucha generacional y de poder. Lo que hoy se presenta como defensa de la democracia interna puede interpretarse también como una pataleta de amargura política, producto del desplazamiento de quienes durante años monopolizaron las decisiones partidarias.
Sin embargo, la historia del APRA obliga a una advertencia necesaria. El recambio generacional, por sí solo, no garantiza prácticas distintas ni una cultura política renovada. Existe el riesgo de que los nuevos dirigentes, una vez instalados, reproduzcan los mismos vicios que dicen cuestionar.
La democracia interna no puede ser una bandera que se agita solo cuando conviene. O se defiende siempre —con reglas claras, previsibilidad y coherencia— o termina reducida a un argumento instrumental en las disputas por el control del poder partidario. El APRA tiene ante sí una oportunidad histórica: demostrar que el relevo no es solo de nombres, sino también de prácticas. O confirmar, una vez más, que el problema no es la generación, sino la cultura política que se niega a morir.
