En el seno de la OEA, el canciller Hugo de Zela presentó una propuesta que parece técnica, razonable, “moderada”, pero que en realidad es una deformación peligrosa de una de las instituciones más antiguas y valiosas de la democracia latinoamericana: el asilo político. Una figura que los dictadores, los autoritarios, los regímenes intolerantes —de derecha o de izquierda— han detestado por igual, precisamente porque protege a aquello que estos poderes más temen: al opositor perseguido.
Lo que hoy propone el Gobierno peruano —bajo la máscara de modernización o precisión jurídica— no es otra cosa que un intento de vaciar de contenido una institución que durante décadas permitió salvar vidas, preservar libertades y ofrecer un refugio mínimo frente al abuso del poder.
Un retroceso histórico disfrazado de “reforma”
Después de casi un siglo en el que América Latina consolidó el asilo como principio supranacional —desde la Convención de Caracas hasta la práctica diplomática regional—, la cancillería peruana aparece proponiendo que el país donde es perseguido el solicitante sea el que provea la información clave para decidir si merece o no protección.
Es decir:
el perseguidor tendría voz decisiva sobre el destino del perseguido.
Una aberración jurídica y política presentada con la retórica de la “objetividad” y la “trazabilidad”. Como si los gobiernos que persiguen opositores estuvieran interesados en proporcionar información “neutral”.
La esencia del asilo político es precisamente esta:
el perseguido debe ser evaluado lejos de la influencia del régimen que lo hostiga.
Por eso existe.
Por eso se creó.
Y por eso ha salvado vidas.
El barniz judicial para justificar la persecución
Hoy, en el Perú, como en otros momentos de nuestra historia, se repite un patrón inquietante: a muchos opositores se les viste de “procesados judiciales” para justificar lo injustificable.
El poder político instrumentaliza al sistema judicial para fabricar delitos, exagerar faltas o reinterpretar normas, con el fin de neutralizar voces incómodas.
Es la misma lógica que llevó a muchos regímenes —de Velasco a Fujimori— a perseguir adversarios con expedientes fabricados.
Y hoy, ese libreto regresa con fuerza, impulsado por una coalición que controla Congreso, TC, Fiscalía interina y una maquinaria mediática dispuesta a perseguir, difamar y aniquilar reputaciones.
Que esa coalición ahora pretenda modificar el asilo para que dependa de la “opinión” del Estado que persigue al individuo no es ingenuidad.
Es estrategia.
El argumento falaz para desnaturalizar el asilo
El Canciller afirma que no debe “desvirtuarse” el asilo, que no debe ser “carta blanca”, que debe evitarse su uso para “eludir la justicia”. Frases ordenadas, limpias, aparentemente sensatas.
Pero la realidad histórica es esta:
los perseguidos políticos casi siempre son presentados por sus regímenes como criminales comunes.
Así ocurrió con Víctor Raúl Haya de la Torre.
Así ocurrió con miles de perseguidos por dictaduras latinoamericanas.
Así ocurrió con los asilados de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil.
Los dictadores siempre dijeron lo mismo:
que no eran perseguidos políticos, sino delincuentes.
La propuesta peruana reedita ese discurso.
Convierte al asilo en un privilegio supeditado al beneplácito del represor.
El peligro que se esconde detrás del discurso oficial
Si esta reforma avanza, se institucionaliza una amenaza real:
que las oposiciones en toda la región queden desprotegidas frente a gobiernos autoritarios con capacidad de fabricar causas penales.
Los draconianos de hoy —los “fachosaurios” que se sienten dueños del Estado— quieren reescribir el sistema para eliminar las últimas barreras que quedan frente al abuso del poder.
Lo hicieron con el Congreso, impidiendo su disolución.
Lo hicieron con la Fiscalía, descabezándola.
Y ahora lo intentan con el asilo, una de las últimas garantías democráticas frente a la persecución política.
El asilo debe mantenerse en su esencia
El asilo no es una concesión graciosa.
No es un privilegio.
No es un simple trámite diplomático.
Es un derecho de protección, producto de luchas históricas contra tiranos, cuyas víctimas encontraron resguardo gracias a esta institución.
Desnaturalizarlo es abrir la puerta a un continente más violento, más autoritario y más peligroso para quienes piensan diferente.
El Perú no debería ser el país que lidere ese retroceso.
Pero hoy lo es.
Y la región debe tomar nota: cuando el poder intenta alterar una institución destinada a proteger la libertad, es porque planea perseguir a quienes la ejercen.
